La subida de tipos bloquea la vuelta de las CCAA a los mercados para financiarse

El giro de timón en la política monetaria del Banco Central Europeo para hacer frente a una inflación que se mantenía en el 8,5% en febrero (con la subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos en niveles récord del 5,6%, según Eurostat) ha disparado los costes de financiación tanto para el sector privado como para el público. La subida más acelerada de los tipos desde la creación del euro, la finalización cada vez más próxima de los programas de compra de deuda desplegados por la entidad y la recuperación a nivel europeo de las reglas fiscales (de los límites de deuda y déficit) pueden suponer un problema de primer orden para las administraciones más endeudadas.

En el caso concreto de España, el foco alumbra directamente a las comunidades autónomas que se encuentran en una situación más vulnerable. Tanto es así, que si las autonomías más endeudadas tuvieran que salir directamente a los mercados para financiarse -sin el respaldo de los mecanismos extraordinarios de financiación desplegados desde 2012 por el Estado, su principal acreedor en la actualidad- tendrían que afrontar unos costes financieros y unas primas de riesgo "prohibitivas". 

En el informe 'La deuda de las comunidades autónomas: evolución reciente y perspectivas', elaborado por Santiago Lago Peña, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e investigador sénior de Funcas, explica que la carga de deuda con los tipos que se prevén hacia finales de año para el Tesoro "obligaría" a autonomías como la Comunidad Valenciana o Cataluña a dedicar un 10% o más de su presupuesto ordinario al pago de intereses. Bien es cierto que este incremento del gasto podría dilatarse en el tiempo en función de la vida media de la deuda viva y de las exigencias sobre las nuevas emisiones. 

Sólo estas dos comunidades son responsables del 44,1% del aumento de la deuda del conjunto del sector entre 2007 y 2022. El pasivo financiero valenciano roza el 45% de su economía, mientras que otras tres autonomías superan ampliamente el 30% (Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia) y en una cuarta, Baleares, este se sitúa también por encima de la media del conjunto de CCAA, que alcanza el 24,2%. Actualmente, estas cinco regiones acaparan el 72% de los mecanismos extraordinarios de financiación, pese a que en conjunto apenas representan el 37% de la población total. 

Desde la agencia de calificación europea Scope Ratings ponen en valor cómo "los préstamos soberanos se han convertido en una red de seguridad permanente para las CCAA", a la vez que recuerdan que en los últimos años las regiones más fuertes están volviendo gradualmente a la financiación autónoma. En respuesta a los daños ocasionados por la pandemia de Covid-19, el Gobierno central ha reforzado el apoyo financiero, cubriendo los gastos adicionales y centralizando totalmente los efectos negativos sobre sus presupuestos. 

Las primeras afectadas por la subida de los tipos de interés

Por ello, en la firma alemana prevén que los principales cambios en la solvencia de las autonomías se produzcan "a través de la calificación soberana", aunque existan diferencias "notables" entre sus fundamentales crediticios individuales. Recuerdan, además, que las regiones que dependen de la financiación pública (de los mecanismos extraordinarios de liquidez) tienen, en general, un vencimiento medio de la deuda más corto, por lo que se verán afectadas antes por la subida de los tipos, ya que la renovación anual de la deuda es mayor.

España es el país de la OCDE en el que la deuda regional ha aumentado de forma más intensa desde la pasada crisis financiera. Antes de 2007 el pasivo del conjunto de las autonomías representaba poco más del 5% de su PIB, lo que las situaba en niveles muy bajos, similares a los de las administraciones territoriales de países como Austria, Australia y Bélgica. Esto cambió de forma radical durante la Gran Recesión. A raíz de aquella sacudida, las comunidades españolas pasaron a ocupar el segundo lugar del listado de las más endeudadas tan solo por detrás de las provincias canadienses. Esto es, antes de la Covid-19, su endeudamiento equivalía a más del 25% de su riqueza.

El hundimiento de los ingresos más vinculados a la burbuja inmobilaria y un gasto difícil de ajustar a la baja -por concentrarse en los servicios públicos fundamentales- explicarían esta evolución. La Sanidad representa más del 30% del gasto total a nivel regional y la Educación alrededor del 20% de media. La protección social, las infraestructuras y el transporte se llevan también una parte importante de sus desembolsos. Con todo, en un contexto como el actual, la evolución de la deuda autonómica debería beneficiarse de una fuerte dinámica de ingresos en los próximos años gracias a la llegada de los fondos europeos, que debería reducir el recurso a su financiación mediante deuda.