Las cuentas de la reforma de pensiones

Escrivá prevé una subida anual de las pensiones del 1,4% al 2% hasta 2025

El ministro de Inclusión admite que la revalorización con el IPC inflará el gasto en 1,4 puntos de PIB respecto al escenario que habría salido de la aplicación estricta de la reforma de Mariano Rajoy.

José Luis Escrivá
Escrivá prevé una subida anual de las pensiones del 1,4% al 2% hasta 2025
Europa

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puesto negro sobre blanco el impacto presupuestario que implicará la reforma de las pensiones que acaba de pactar con la patronal y los sindicatos y que ha convalidado este martes el Consejo de Ministros. En la memoria del análisis del impacto normativo que acompaña al  'Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones' ha proyectado el gasto que implicarán las medidas que entrarán en vigor a partir del próximo año, entre ellas la revalorización anual de las prestaciones con el IPC, en base a una previsión de inflación del 1,4% en 2022, del 1,7% en 2023 y del 2% a partir del año 2024.

En el texto que ha iniciado el trámite de audiencia pública este mismo martes, el ministro realiza una serie de proyecciones sobre el efecto económico de la diferencia de actualizar anualmente las pensiones con el IPC o con el índice de revalorización (IRP) que introdujo la reforma del PP en 2013. Y lo hace en base al IPC previsto que se ha utilizado en la proyección de pensiones, facilitado por la Ageing Working Group (AWG), y que para 2022 es 1,38%, para 2023 es 1,69% y para 2024 y siguientes es 2%. Es decir, contempla una subida de entorno al 1,4% en 2023 (toda vez que la fórmula establece que se utilizará el IPC medio del año anterior), de un 1,7% en 2024 y de un 2% de 2025 en adelante. 

En sus cálculos, el Ministerio evita cifrar la subida de las pensiones más inmediatas, es decir, la del próximo año 2022, que es cuando entrarán en vigor las medidas pactadas en el primer bloque de la reforma. Si bien las previsiones de los analistas dibujan un IPC medio del 1,6% para 2021, lo que significa que esa es la proporción en la que deberían subir las pensiones el año que viene. Como se detalló en estas páginas, una subida de las prestaciones en esa proporción en 2022 costaría unos 2.500 millones de euros sobre los más de 160.000 millones que supondrá la factura total del sistema este año. Para una pensión media de jubilación de 1.186 euros, la subida general supondría unos 19 euros más mensuales.

La memoria económica del anteproyecto de reforma de las pensiones admite algo que el Ministerio ya avanzó en su momento: que las medidas incluidas en la misma no sólo no van a contribuir a rebajar los números rojos del sistema sino que probablemente van a ayudar a ensancharlos. Seguridad Social reconoce que la revalorización de las pensiones con el IPC supondrá un gasto extra de 1,4 puntos de PIB a la altura de 2030 respecto al que habría resultado de aplicar de forma estricta el Índice de Revalorización d de las Pensiones (IRP) aprobado en la reforma de 2013, con el Gobierno del PP, que limitaba al 0,25% la subida de las pensiones en tanto el sistema estuviera en déficit. Ese sobrecoste se elevaría a 2,3 puntos del PIB a la altura de 2040 y llegaría a ser de 2,7 puntos de PIB en 2050.

Evitar un recorte en la pensión

El reverso de este mayor coste es que de no haberse adoptado esta medida las prestaciones de los jubilados españoles se habrían visto recortadas de manera más que significativa. Las proyecciones que maneja el Ministerio apuntan que para un pensionista con una nómina mensual de 1.000 euros el recorte sería del 30% de aquí a 2050, en tanto que para uno con una prestación de 2.500 euros ese tijeratazo llegaría a ser del 50%. "En el caso de las pensiones próximas a la máxima el efecto es aún mayor ya que el IRP va creando un techo de pensión máxima que prácticamente no aumenta en el tiempo a pesar de que los salarios y las bases de cotización lo hagan. Es decir se generaba un claro desincentivo a la cotización", recoge el texto.

La memoria de análisis de impacto normativo sostiene que "este incremento de gasto, siendo importante, se considera razonable y manejable con los instrumentos adecuados" (también realiza otras proyecciones respecto a las medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal). Por otra parte, destaca que la Comisión Europea "ha admitido recientemente que sus proyecciones anteriores eran sesgadas y estimaban el aumento de gasto por este concepto en exceso". Además, el Ministerio considera que "el gasto en pensiones aumenta pero de la comparación internacional se deduce que el máximo de la tendencia al alza se producirá más tarde que en el resto de países de nuestro entorno, el desfase temporal es de casi 10 años. Posteriormente, como sucede en el resto de la UE, se tiene una menor presión de gasto".

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