Los socios del Gobierno en Cataluña quieren más explicaciones sobre cómo será la resucitada Comisión Nacional de la Energía (CNE). Consideran que el Ministerio para la Transición Ecológica se ha precipitado y que ha lanzado a consulta pública un texto en el que no se ha tenido en cuenta la opinión del resto de formaciones. Aseguran que se han enterado por la prensa de que el documento iría al Consejo de Ministros de este martes y ahora demandan respuestas.
Fuentes cercanas a ERC aseguran que hay cierto malestar en el partido tras que nadie de la cartera que dirige Teresa Ribera se haya puesto en contacto con ellos para la elaboración del anteproyecto de ley. Ahora se preguntan sobre cómo se va a sustentar el organismo, con cuántos funcionarios va a contar y la capacidad de contratación que tendrá, entre otras cuestiones. De este modo, lo que preocupa es que el país cuente con reguladores y supervisores eficientes y eficaces, con independencia económica y de actuación y, por tanto, bien dotados de medios técnicos y, sobre todo, humanos.
Las mismas fuentes indican que desde la formación catalana demandan que la CNE sea una entidad que anticipe y fije el marco para hacer posibles los retos de la transición energética, priorizando la atracción de nueva demanda industrial, la protección de los ciudadanos y la seguridad jurídica las empresas y unos precios competitivos para los consumidores.
Los nombres que suenan para formar el consejo
Otra de las peticiones es que concrete cómo será la designación de consejeros y si se dará continuidad a los que han demostrado su independencia respecto a cualquier Ejecutivo. En este sentido, fuentes del sector energético sitúan a Josep María Salas Prat como fuerte candidato para ocupar un asiento del consejo de la resucitada Comisión Nacional de la Energía (CNE). Entró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2020 y también formó parte del comité de expertos sobre la reforma energética que reunió el exministro Álvaro Nadal en el Gobierno de Mariano Rajoy. Salas sustituyó en Competencia a Josep María Guinart, consejero saliente que fue designado en 2013 por la cuota catalana que entonces ostentaba la desaparecida CiU. En concreto, se incorporó a la Sala de Competencia y en septiembre cambió a la Sala de Supervisión Regulatoria.
La rotación se produjo tras el fallecimiento de Ángel Torres Torres, que ejercía como vicepresidente, y los ceses por expiración del mandato de las consejeras María Ortiz Aguilar y María Pilar Canedo Arrillaga. La Sala de Supervisión Regulatoria quedó formada únicamente por dos miembros, impidiendo su válida constitución" en función de los artículos 18.4 de Ley 3/2013, de 4 de junio, y 6 del Reglamento de Funcionamiento Interno del organismo.
El "candidato natural"
Fuentes del sector energético aseguran que Salas Prat es el "candidato natural" para ocupar un puesto en el consejo del 'nuevo' regulador. Ingeniero Agrónomo con especialidad en Desarrollo Rural y Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña -calificación 'cum laude' en su tesis sobre transición energética', ha sido colaborador de la Autoridad Catalana de la Competencia, consejero de la Comisión de Expertos de Transición Energética en España y consejero del Consejo Asesor en Desarrollo Sostenible del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Es también cofundador de la empresa KM.0 Energy y de Enerbyte Smart Energy Solutions.
Durante el V Congreso de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que se celebró en Madrid en septiembre, Salas Prat pidió un mejor trato para los clientes. Instó a las comercializadoras energéticas a reflexionar para encontrar la manera de mejorar los procesos de contratación de tarifas de luz y gas y también advirtió de la concentración en el mercado minorista eléctrico. Lo hizo ante los principales directivos de Iberdrola, Endesa y EDP, agrupadas en la patronal.
¿Cómo se formará el consejo de la CNE?
El consejo de la CNE estará integrado por siete miembros, que tendrán consideración de altos cargos: el presidente, con rango de secretario de estado, el vicepresidente y cinco consejeros. "En su composición se procurará atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres", señala el anteproyecto de ley.
El nombramiento de los miembros del consejo, que ejercerán su función con dedicación exclusiva, corresponderá al Gobierno mediante Real Decreto y a propuesta de la persona titular de Transición Ecológica, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la comisión, con una experiencia mínima de cinco años en materias relacionadas con los sectores objeto de supervisión. Antes deberán comparecer ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que podrá vetar -por acuerdo de mayoría absoluta- el nombramiento de los candidatos propuestos en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación.
El mandato será de seis años sin posibilidad de reelección, mientras que la renovación se hará parcialmente cada tres años. Otros nombres que suenan con fuerza es de Natalia Fabra, actual consejera independiente de Enagás a la que le cumple el mandato en 2025 y a quien la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confió el estudio para la reforma del mercado eléctrico europeo.
Las fuentes consultadas tampoco descartan la vuelta de Mariano Bacigalupo si la vicepresidenta se marcha a Bruselas como comisaria de Energía. El marido de la titular de Transición Ecológica estuvo cinco años en la CNMC y en septiembre de 2022 el Ejecutivo lo trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para ocupar la vacante que quedó libre meses antes tras expirar el segundo mandato de Juan Manuel Santos Suárez.
La CNE estará adscrita al ministerio de Transición Ecológica y ejercerá sus funciones a través del consejo y el presidente, que también lo será del consejo. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
La sede se ubicará en Madrid
El deseo Ribera es que el regulador energético se instale en el edificio de la CNMC en la calle de Alcalá, la que fuera su casa hasta su desaparición en 2013, según confirman a este medio fuentes conocedoras de la situación. Sostienen que la idea de Ribera es que la actual CNMC se traslade por completo al inmueble de la calle Barquillo, comprado en 2008 durante la presidencia de Maite Costa y ahora en manos de Patrimonio del Estado -al igual que el de la calle Alcalá-.
En el borrador del anteproyecto de ley que se ha filtrado durante estos días, Transición Ecológica aseguraba que la cede central estaría en Madrid y planteaba la posibilidad de que la CNE tuviera otras delegaciones repartidas por el territorio nacional.
No obstante, el texto oficial lanzado a consulta pública -desde el 22 de febrero hasta el 4 de marzo- elimina ambas referencias. "La CNE tendrá su sede principal en Madrid. El Real Decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes", recogía el punto 3 del artículo 2 del documento antiguo. Asimismo, ha desaparecido la disposición adicional tercera con el nombre "Otras sedes". Fuentes de Transición Ecológica confirmaron a este medio a última hora del miércoles que la sede se ubicará en la capital española.
"La CNMC traspasará a la CNE la Dirección de Energía, incluido su personal directivo, así como el personal y medios del resto de órganos directivos de la CNMC que vienen desempeñando y/o dando soporte a las funciones que esta ley encomienda a la CNE, incluyendo en todo caso los bienes inmuebles que fueron traspasados a la CNMC desde la extinta Comisión Nacional de la Energía en virtud de la Ley 3/2013, de 4 de junio", reza la disposición adicional segunda del texto. Actualmente, la CNMC también tiene sede en la calle Bolivia de Barcelona.
Plazos para su constitución
- La nueva entidad, que se tramitará por vía de urgencia, debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la ley de creación.
