El Estatuto del Becario es el fleco que quedó pendiente en la reforma laboral de 2021. Un texto que aspira a regular las condiciones de los estudiantes en prácticas no laborales, sean estas curriculares o extracurriculares, y que ha sido negociada ya en dos ocasiones por los agentes sociales sin que hayan conseguido acercar posturas y con la permanente vigilancia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). También fue uno de los compromisos anunciados por Pedro Sánchez en su investidura de 2019, sin embargo, su formación política no ha situado el Estatuto del Becario entre las prioridades de la agenda del Gobierno, por lo que su concreción sigue en el aire a pesar de que la reforma laboral ya ha cumplido dos años.
Los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo acordaron entonces crear una mesa para negociarlo en un plazo máximo de seis meses. Las primeras conversaciones de 2022 llevaron al Gobierno a cerrar un texto con los sindicatos en el que se eliminaban las prácticas extracurriculares -las que no son obligatorias y por las que el alumno no recibe una calificación-. Este borrador contó con el rechazo de los empresarios, las universidades y el ala socialista del Ejecutivo, por lo que la cartera de Yolanda Díaz decidió volver a someterlo a debate. Fue una larga tanda de conversaciones tras la que los empresarios tampoco respaldaron el texto, que llegó a ser presentado por los secretarios generales de UGT y CCO y la ministra, pero no aprobado.
Prioridades en la agenda
La versión oficial de Trabajo apunta a las prioridades de agenda antes del 23 de julio eran otras, aunque las fuentes del Ministerio que antes llevaba el nombre de Asuntos Económicos no reparaban en señalar "problemas de técnica" por los que valoraban que el texto estaba "verde" a pesar de que había sido negociado por más de un año. Los sindicatos tampoco recibieron una explicación diferente, mientras Díaz vuelve a situar esta norma entre las tareas pendientes a llevar a cabo en esta legislatura. No obstante, la vicepresidencia no da por sentado que vaya a presentar en el Consejo de Ministros el borrador cerrado en junio, dado que está abierta a incorporar nuevas aportaciones del diálogo social y quizás, recibir el apoyo de los empresarios.
"Volveremos, como siempre hacemos, a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay alguna novedad o algún cambio de criterio, pero en principio el texto con el que funciona el Gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales hace unos meses" apuntó el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, en la primera rueda de prensa para valorar los datos del paro tras la investidura. La mano derecha de Díaz, que guía las negociaciones con CEOE, CCOO y UGT fijó que sería una de las primeras medidas de la legislatura; no obstante las negociaciones de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y las de la reforma del subsidio la retrasan al menos al mes de febrero.
La CEOE, dispuesta a volver a sentarse
La patronal está dispuesta a volver a sentarse para retocar el texto, pero fuentes del lado sindical reconocen su hartazgo con esta materia y se muestran reacios a volver a tocar el borrador, en el que las prácticas extracurriculares quedaron limitadas a 480 horas, lo que supuso una gran renuncia respecto a su planteamiento inicial. Primero, porque dan por sentado que las universidades van a seguir presionando en contra por sus posibles efectos en términos de pérdida de interés por parte de las empresas de tener estudiantes en prácticas, y en segundo lugar, por la dificultad que entraña sacar adelante este texto con el reparto de fuerzas actual en el Congreso de los Diputados.
Precisamente este fue otro de los motivos por los que el Estatuto del Becario no llegó al hemiciclo antes de las elecciones generales. El Gobierno de coalición no podía permitirse una derrota parlamentaria a las puertas de la cita electoral. ¿El motivo? Los partidos nacionalistas llevaban meses reproduciendo el malestar de los centros de estudios privados más importantes de sus respectivas comunidades autónomas con el texto, sobre todo de las universidades. En junio, el PSOE y Unidas Podemos tenían que sumar los apoyos de ERC, EH Bildu o PNV, pero ahora parece que el apoyo de los cinco diputados de Podemos a las medidas que tengan el sello de Díaz no podrá darse por sentado, mientras que convencer a Junts no parece más sencillo.
Una vez cerrada la negociación del SMI, el Ministerio y los agentes sociales buscan cerrar la reforma del subsidio por desempleo que quedó tumbada por el voto en contra de los de Ione Belarra en el pleno del pasado miércoles. Pero además, de la mesa de la renta mínima han salido varios temas a tratar que el departamento de Díaz deberá programar para los próximos meses. Los sindicatos consideran urgente la trasposición de la directiva de condiciones previsibles y transparentes de trabajo, una tarea en la que España va retrasada por lo que se expone a una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; así como la de salarios mínimos y la de negociación colectiva, la que quieren utilizar para cambiar la redacción del decreto que regula el salario mínimo y evitar que se compense el alza con la absorción de pluses, como contó este periódico.
