El objetivo del Gobierno es claro. El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere reducir la jornada laboral máxima en 2,5 horas semanales antes de 2025 y propone hacerlo en dos pasos, para alcanzar las 38,5 horas en 2024 y las 37,5 horas al otro año. Sin embargo, la letra pequeña de este cambio en el Estatuto de los Trabajadores que pactaron PSOE y Sumar dentro del acuerdo de Gobierno puede ser difícil de aterrizar en algunas empresas y sectores, por lo que los agentes sociales han decidido llevar la delantera y abordar todas estas particularidades en una mesa paralela, reduciendo el papel del Ejecutivo a su labor de impulsor de la actividad legislativa, si hay un pacto.
Fuentes presentes en la negociación apuntan a La Información que los empresarios fueron quienes plantearon esta alternativa, una propuesta que ha tenido buena acogida por parte de los representantes de los trabajadores y del Gobierno. Si bien, los sindicatos han advertido que no extenderán estas conversaciones 'sine die' y a pesar de que en público han evitado hacer referencia a un periodo concreto, en privado hablan de "semanas" apuntando a que el intento de acercar posturas y de analizar el panorama en las diferentes ramas de la economía española tiene que concluirse pronto, antes de que finalice el primer trimestre.
Este trabajo está avanzado allí donde llega la negociación colectiva, porque la jornada media pactada ya incluye la primera de estas reducciones, pero deja fuera a cientos de miles de asalariados como reconocen desde el propio Ministerio de Trabajo. Ni los sindicatos ni el departamento de Yolanda Díaz ha cifrado el número de trabajadores que se verían afectado por la primera de las dos reducciones, pero 12 millones de empleados experimentarían una mejora con el paso a 37,5 horas a la semana. No obstante, algunas voces de los sectores más intensivos en mano de obra como el comercio, el campo o la hostelería han comenzado a hacerse eco sobre los problemas que conllevaría la reducción del tiempo de trabajo, por ser donde menos están implementadas.
Los representantes de CCOO y UGT en la mesa de negociación con el Gobierno, Mari Cruz Vicente y Fernando Luján, han puesto el foco en delimitar el campo de debate en las conversaciones bipartitas al cómo trasladar esta meta, dado que advierten que en ningún caso supone una renuncia a alcanzar los hitos marcados por el Gobierno y tampoco a conseguir futuras reducciones más ambiciosas para tocar las 35 horas en el caso de Comisiones Obreras e incluso 32 horas, tal y como defiende el sindicato encabezado por Pepe Álvarez. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha agradecido especialmente la voluntad de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme para trabajar en este sentido y se ha comprometido a convocar reuniones periódicas para dar cuenta de los avances de estas conversaciones paralelas.
Los negociadores de los sindicatos también se han mostrado satisfechos con los gestos que han apreciado por parte de la patronal en la primera reunión formal para abordar esta materia, hasta el punto de tener esperanzas en ser capaces de cerrar un pacto para aplicar esta reducción de jornada. No obstante, los fantasmas de la mesa para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) están muy presentes, por lo que la predisposición inicial de los empresarios no aventura que finalmente vaya a poder cerrarse un acuerdo, ya que existen diferentes posturas dentro de la patronal al respecto y ven este cambio de jornada como una subida implícita del salario unos meses después de tener que asumir el incremento del 5% en las rentas más bajas.
Reforzar el control de jornada
La discusión del número de horas no será el único objeto de debate de estas mesas de negociación, quizás más de la bipartita, pero hay todo un listado de cuestiones en las que el Gobierno también tiene algo que decir como es la modificación del registro de jornada o el refuerzo de los medios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La primera norma, redactada en 2019 y sacada adelante por el anterior ministerio de Magdalena Valerio del primer Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado no ser eficaz en la práctica, como reconocen todos los negociadores. El real decreto-ley 8/2019 deja margen para que las horas de entrada y salida se registren a mano y está enfocada al trabajo de oficina, lo que para los representantes de los trabajadores ha quedado desfasado por la irrupción del teletrabajo tras la pandemia.
Para solventar este diseño, los agentes sociales creen que la Inteligencia Artificial debe jugar un papel relevante, una idea que ya estaba reflejada en el acuerdo firmado entre PSOE y Sumar en el mes de octubre. "Garantizaremos que la digitalización esté al servicio de las personas haciendo uso de la inteligencia artificial y de la tecnología algorítmica para el control efectivo del tiempo de trabajo, llevando las tecnologías digitales al ámbito de la protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras" reflejaron las formaciones políticas en el texto inicial. Un aspecto en el que el margen del desarrollo es amplio y que los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme no han entrado a valorar en la primera reunión de este jueves.
Los negociadores no han definido un calendario de trabajo para avanzar en estas materias, pero la distribución del tiempo de trabajo como materia más amplia que la jornada será otro de los objetos de estas conversaciones. Las posibilidades de distribuir las jornadas de trabajo en diferentes días o los permisos retribuidos entran dentro de este marco y además tocan con la trasposición de las directivas europeas que España tiene pendiente trasladar a la normativa española. Desde UGT también quieren introducir el debate de la remuneración de las horas extra, que motivó su reclamación ante el Comité de Derechos Sociales hace unas semanas, junto al control de horas que entienden fallido cuatro años después de su aplicación.
