El Gobierno ha dado carpetazo este miércoles a un listado de tareas pendientes que debía abordar antes de que finalizase el año como las bonificaciones al transporte, el contrato de relevo para la industria manufacturera y otras que no contaban con un plazo tan férreo, pero estaban enmarcadas en los acuerdos sellados por el PSOE para conseguir los apoyos suficientes para la investidura de Pedro Sánchez. Este es el caso de que las comunidades autónomas del régimen común pasen a poder asumir la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) -como habían solicitado tanto Junts como ERC-. Si bien, el presidente del Ejecutivo ha presentado la medida como una vía para equiparlas con los territorios del régimen foral, País Vasco y Navarra que tienen esta competencia.
Y la respuesta de las comunidades autónomas ha sido rápida, hasta siete de estos territorios tienen interés en asumir la gestión de la prestación puesta en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones en 2020. Asturias, la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Castilla y León, Baleares y obviamente, Cataluña. Algunas de ellas ya han solicitado esta transferencia en varias ocasiones, tanto al exministro José Luis Escrivá como a la actual titular, Elma Saiz, mientras que Castilla La-Mancha prefiere estudiar las condiciones antes de dar el paso.
Sánchez ya había acordado el traspaso de la gestión de esta prestación a Cataluña el pasado 21 de diciembre, en su reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y con esta fórmula se extiende para el resto de autonomías. "Se aprueba la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido", ha avanzado Sánchez, este miércoles, en la rueda de prensa.
Andalucía y Castilla y León volverán a solicitarlo
Ante este anuncio, ya son varias las comunidades que han manifestado su deseo de solicitar la cesión de la gestión de la prestación. Así, la Junta de Andalucía ha recordado que ya pidió en septiembre de 2022 una reunión con el entonces ministro José Luis Escrivá, para pedir la "cogestión" del Ingreso Mínimo Vital, según han precisado a Europa Press fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Las mismas fuentes han remarcado que la cesión de la gestión de este recurso debe ir acompañada también de una cesión de "los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación".
También la Junta de Castilla y León ha avanzado que solicitará al Gobierno central la gestión del IMV. En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, Castilla y León sí reclamará la gestión del IMV como ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 para conseguir su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco. Recuerdan que la consejera de Familia, Isabel Blanco, ya lo reclamó en abril y mayo de 2020 y, posteriormente, en junio del mismo año fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien envió una carta a Pedro Sánchez para solicitar el traspaso de esta prestación con el fin de garantizar "la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de residencia".
Además, en septiembre de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para avanzar en la gestión del IMV, cuya argumentación se basaba en la experiencia de la Comunidad sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Galicia también ha pedido ya en diversas ocasiones el traspaso de la gestión de esta prestación. Ya lo solicitó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hace más de un año, en una carta dirigida al ministro José Luis Escrivá, y también la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, se lo solicitó recientemente en otra misiva a la nueva ministra del ramo, Elma Saiz.
Galicia solicitará una reunión al Ministerio
En este sentido, fuentes de la Xunta han señalado a Europa Press que solicitarán próximamente al Ministerio una reunión bilateral para analizar y estudiar conjuntamente las condiciones del anuncio. "En Galicia valoramos positivamente el anuncio del traspaso de la gestión del IMV a las comunidades de régimen común y confiamos en que esta vez se cumpla la palabra del Gobierno Central, porque teníamos el compromiso desde hacía mucho tiempo", aseguran.
Entienden que de esta forma "evitarán" las "numerosas incidencias" derivadas de la mala gestión de todos estos años y recalcan que "muchos gallegos optaron por permanecer en RISGA por su fiabilidad". "Tenemos la experiencia contrastada y con la gestión del IMV nos acercamos a la posibilidad de optar por la ventanilla única de entrada de solicitudes y poder ser más ágiles en la tramitación, lo que beneficiará considerablemente a los potenciales beneficiarios", añaden.
Baleares ha indicado que "a priori" prefiere gestionar la prestación pero que antes quiere saber cómo se transferirá y con qué recursos. Así lo han explicado fuentes de la Conselleria de Familias y Asuntos sociales, precisando que quieren conocer "la letra pequeña", puesto que si tiene que ser con los recursos que ya tiene la Conselleria, es "insuficiente". Por su parte, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este tema "debe tratarse en la Conferencia Sectorial" y que una vez que se le traslade y se lleven a cabo las reuniones "se valorará por cada comunidad".
Mientras, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han señalado a Europa Press que hasta el momento solo conocen la voluntad de llevar a cabo la cesión en la gestión y que están en disposición y abiertos a escuchar la propuesta, las condiciones de la cesión y la manera de hacerlo y, en función de ello, estudiará la propuesta que se haga a las comunidades autónomas para poder decidir.
A finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares (en los que viven 2.079.233 personas), es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente. Además, el Gobierno estima que a finales de 2023 se alcance una cifra de 2.150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo País Vasco y Navarra, según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del grupo parlamentario Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press.
