El sector pesquero secunda al campo y prepara más protestas contra Bruselas

La pesca y la acuicultura españolas están cerca de convertirse en otro dolor de cabeza para Bruselas y el Gobierno. Pescadores, armadores y detallistas, representados por las patronales Cepesca (Confederación Española de Pesca), Fedepesca (Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Detallistas de Pescados y Productos Congelados), Apromar (Asociación Empresarial de Acuicultura de España) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) debaten esta semana cómo unirse a las manifestaciones del campo. Las fuentes consultadas por este medio se muestran unánimes: "Con un comunicado de prensa es insuficiente, hay que ir más allá", apuntan. Desde el sector expresan su "solidaridad" hacia las tractoradas que ya recorren media España y resaltan las "similitudes" con sus propias reivindicaciones. Además coinciden en cuestionar las políticas europeas, que aseguran que les están haciendo perder competitividad frente a terceros países. 

En este sentido, el secretario general de Cepesca, Javier Garat, apunta a 'La Información' que cuando escucha las reivindicaciones de los agricultores tiene "un sentimiento común" y lamenta que las autoridades comunitarias "en lugar de facilitarnos la vida nos están machacando". El representante de la patronal pesquera habla de "una obsesión medioambiental que no tiene en cuenta las consecuencias sociales y económicas".  Garat cita ejemplos como  la prohibición de la pesca de arrastre en 87 zonas pesqueras en aguas de Irlanda, Francia, Portugal y España, vigente desde el 9 de octubre de 2022, y la aplicación del Plan de Acción para el Mediterráneo Occidental, que estiman ha reducido en más de un 40% los días de pesca de la flota. "Sin embargo, dan facilidades a los productos de terceros países que no tienen los mismos estándares. Esto pasa con los contingentes arancelarios de lomos de atún de China", critica este buen conocedor de la trastienda comunitaria. 

"Hay una obsesión medioambiental que no tiene en cuenta las consecuencias sociales y económicas", Javier Garat (Cepesca) 

En este sentido, Garat insta a "modificar normas que no funcionan" y  lamenta que se les incrementen los controles con la instalación de cámaras en los buques. En su opinión, se enfrentan a "una burocracia imposible".  Una situación que está generando mucha frustración, además de transmitir un mensaje negativo sobre la actividad pesquera : "O cambiamos de rumbo o nos cargamos al sector", sentencia. Un punto de vista muy similar mantiene el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, quien critica "el radicalismo medioambiental que no nos lleva a ningún sitio, ya que no hay nadie más ambientalista que nosotros". El responsable de Cofradías recuerda que ya el 70% de los productos pesqueros que se consumen en la Unión Europea vienen de terceros países y lamenta también que no se sometan a las mismas reglas. "Hay un 'dumping' económico, social y medioambiental. Los productos de China y de África, no cumplen la regulación de sus países, ni la de salarios, ni la sostenibilidad biológica...", lamenta.

Sinkevicius y una comisaria de Pesca 'ad hoc' 

En cualquier caso, Basilio también reconoce que tampoco ayuda la complicada relación que la pesca ha venido manteniendo con el comisario del ramo, el lituano Virginijus Sinkevicius."Apostamos por que, en la próxima Comisión, haya una comisaría 'Agrifish' que sume agricultura y pesca en una sola cartera", propone Basilio. Una petición generalizada en la flota española. Al respecto, cita las polémicas que se han venido sucediendo desde la pandemia como el Plan de Acción que plantea desterrar el arrastre del 30% de las aguas comunitarias, y la difícil situación de la flota por la aplicación desde 2020 del Plan Plurianual de Gestión del Mediterráneo

"Hay un 'dumping' económico, social y medioambiental", Basilio Otero presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) 

 Tanto el secretario general de Cepesca como el presidente de Cofradías de Pescadores advierte de que las consecuencias de los fuertes recortes en los días de pesca de las embarcaciones forzarán "un desgüace quirúrgico" para sobrevivir. Para Basilio resulta inviable que una lonja pueda aguantar con paradas de 5 a 6 meses, "ya que con la bajura no se sustentan". A su juicio, es muy poco operativo tener barcos que apenas tengan 90 días para faenar y sitúa el umbral de rentabilidad en los 170 días de pesca.

El rol de Luis Planas 

Preguntado por el rol del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el rostro del Gobierno en la crisis del campo y que también se ha enfrentado a protestas en la pesca, Garat reconoce su defensa de los intereses de la flota española recurriendo el Plan del Mediterráneo y la aplicación del Reglamento de Aguas Profundas que ha abierto la puerta a prohibir las artes de arrastre en 87 zonas pesqueras. "Ha dado la cara. En muchos asuntos en el Ministerio opinan como nosotros, pero estamos en una Unión Europea de 27 y no todos piensan igual", apunta Javier Garat (Cepesca). Para Basilio Otero, de Cofradías, las medidas emanadas de Bruselas no se están aplicando igual en todos los países. "Los pescadores de Francia e Italia no están tan perjudicados", apunta y pide que España se plantee seriamente la situación en el Mediterráneo. 

Pescaderías: "El descontento es generalizado" 

Otra de las patas de la pesca en España es la de los detallistas o el comercio minorista especializado en la venta de productos pesqueros. Es decir, nuestras pescaderías de toda la vida. La directora general de Fedepesca, María Luisa Álvarez, reconoce a La Información que "el descontento es generalizado" y que si hay "manifestaciones importantes" están dispuestos a participar para mostrar su disgusto con la situación que viven. En concreto, apunta Álvarez, muchos de sus asociados son autónomos que no se sienten reconocidos y se encuentran con nuevas exigencias. La representante de Fedepesca también apunta a ciertas regulaciones como la obligación prevista en la futura Ley de Desperdicio Alimentario ('resucitada' el pasado 9 de enero) de que todas las empresas de la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención o la intención europea de incluir información medioambiental en el etiquetado.