Sanidad explora vías para dinamitar el copago con la legislatura en el descuento

  • La ministra admite que están estudiando las capacidades que tiene la prórroga presupuestaria para poder abordar este gasto por parte del Sistema.
Marisa Carcedo, ministra de Sanidad , en una foto de archivo
Marisa Carcedo, ministra de Sanidad , en una foto de archivo
CONGRESO - Archivo

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no ha tirado la toalla y explora diferentes vías para sacar adelante la eliminación del copago farmacéutico, una de las múltiples iniciativas de carácter social que puso sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez con la confianza - casi plena- de que saldrían adelante los Presupuestos Generales de 2019 con el apoyo de Podemos y los independentistas.

El fiasco de la tramitación de las cuentas, tras el portazo de los soberanistas, ha supuesto un duro varapalo, pero desde el Ejecutivo no se descarta sacar adelante determinadas promesas, entre ellas la eliminación del copago, una iniciativa que beneficiaría a los ciudadanos de mayor edad y a las familias con pocos recursos. Desde el ministerio que dirige María Luisa Carcedo admiten cuando se les pregunta sobre la derogación que tiene coste de casi 400 millones de euros y que siguen trabajando con "toda la normalidad en todos los temas". 

La eliminación favorecería a los pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros anuales, además de a las familias con hijos a cargo que ingresen menos de 11.900 euros al año. En total, según destacó recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, más de siete millones de ciudadanos se verían beneficiados en mayor o menor medida del Gobierno.

Apenas quedan dos Consejos de Ministros -el del 22 de febrero y el del 1 de marzo- para sacar adelante esta iniciativa y otras similares, puesto que Sánchez no está dispuesto a parar la máquina y frenar sus proyectos estrella hasta que no quede otro remedio. 15 días, hasta que se disuelvan las Cortes, y que todos los ministerios están dispuestos a exprimir al máximo para que quede constancia de su huella durante estos pocos más de ocho meses de intenso gobierno. Incluso podrían darse algo más de margen y facilitar que los decretos que hayan sido aprobados por el Consejo de Ministros y que no hayan sido convalidados sean votados en la Diputación Permanente.

Pese a las buenas intenciones del Ejecutivo, no va ser fácil caminar por la vía libre en el 'sprint' final de la legislatura. Aunque el presidente Sánchez ha advertido de que es "testarudo" y piensa aprovechar hasta el último minuto en La Moncloa para sacar adelante todas las medidas sociales que pueda, la propia Carcedo reconoce que, aunque sus deseos son compartidos, las opciones no son muchas. En declaraciones a los periodistas en relación con la eliminación de los copagos, la ministra reveló que su equipo está estudiando "las capacidades que tiene la prórroga presupuestaria para poder abordar este gasto por parte del Sistema Nacional de Salud".

Y es que más allá de la capacidad que pueda tener el Gobierno para poner en marcha este tipo de reformas por la vía del real decreto, dado que exige una justificación de urgente necesidad y debe ser respaldado por el Parlamento, el margen de maniobra que tiene es escaso en ausencia de nuevos Presupuestos. Hay que recordar que el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria establece que la prórroga no afecta a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo, y la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adapta, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto se ejecute.

Esto echaría por tierra los planes del Gobierno de inflar partidas como la sanidad, la educación o la dependencia, aunque el Ejecutivo podría afinar la ingeniería contable para quitar de algunas partidas y sumar a otras. Es la estrategia que va a seguir el Ministerio de Trabajo para aprobar su 'pack' de medidas con carácter urgente antes de la cita con las urnas. Desde el entorno de Magdalena Valerio explican que "o bien se arañará de otras partidas, o se aprobará una nueva", toda vez que, sin cuentas públicas habilitadas para 2019, el Ministerio de Hacienda tendrá que encajar el gasto extraordinario en el presupuesto prorrogado del anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Solo las medidas en materia laboral suponen un desembolso de 1.000 millones de euros, a razón de 388 millones por la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, otros 315 millones por la cotización de los cuidadores no profesionales de dependientes y 302 millones de euros más por la ampliación de la prestación de paternidad de cinco a ocho semanas. Según cálculos del Ejecutivo, la modificación del copago tendría un impacto presupuestario de algo más de 392 millones de euros. A la espera de conocer si finalmente el Gobierno opta por eliminarlo por la vía del decreto, la memoria económica que acompañe el proyecto deberá detallar de dónde sale ese dinero.

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