La distribución de esa gasolina para la reactivación de la economía española que se espera que sean los algo más de 27.000 millones de euros del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia que el Gobierno aspira a recibir en 2021 se concentrará de manera exagerada en el sector público. La información contenida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año delata que los planes del Ejecutivo son que poco más de una décima parte de esos fondos sean transferidos al sector privado y, por tanto, que cerca del 90% de los mismos dependan de forma directa de la esfera de decisión del sector público, ya sea en el Estado, las comunidades autónomas o las corporaciones locales.
El panorama en cifras contantes y sonantes que se dibuja en el Presupuesto es más o menos así. El sector público decidirá el destino de 21.320 millones de euros de los 24.198 millones del Mecanismo que se han 'pintado' en los Presupuestos, en tanto que la cuantía asignada al sector privado no llega a los 2.900 millones de euros. De éstos, algo más de 2.700 millones de euros están ya preasignados al tejido empresarial dentro de alguno de los programas que se ha decidido financiar con fondos europeos, en tanto que 176 millones se transferirán a hogares y entidades sin ánimo de lucro.
El Gobierno, de hecho, ha decidido que sean entidades del sector público estatal, como Red.es, CDTI o la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid), y empresas públicas, como Adif, Renfe, Enaire o Puertos del Estado, las que se encarguen de ejecutar la 'parte del león' de los fondos europeos en perjuicio de las empresas del sector privado. La información presupuestaria revela que las entidades del sector público empresarial y administrativo del Estado recibirán cuatro veces más fondos europeos que las empresas del sector privado: más de 11.000 millones frente a 2.700.
Es de esperar que una parte muy relevante de esos fondos recibidos por las entidades del sector público acaben en el tejido empresarial privado vía contrataciones públicas, pero el Gobierno ha dejado a priori bien sentada la naturaleza pública de las iniciativa de inversión que se desarrollen en los próximos meses. Si alguien esperaba cierto margen de maniobra para iniciativas público-privadas instadas desde el mundo de la empresa, la asignación de recursos prevista en el proyecto presupuestario aclara que la colaboración público-privada va a ser más instrumental que otra cosa.
Apoyo a la digitalización y transición ecológica
La mayor parte de los escasos recursos financieros que el Gobierno ha decidido asignar de forma directa al sector privado pretenden financiar procesos de adaptación del tejido empresarial, singularmente de las pymes a un nuevo entorno de mayor digitalización y respecto al medio ambiente. El programa que disfruta de una mayor dotación financiera en este sentido prevé ayudas por 410 millones de euros para habilitar la transformación de las flotas de transporte público urbano, interurbano y metropolitano para reducir su huella ambiental a base de sustituir autobuses impulsados por combustibles fósiles por otros movidos por energías limpias.
El Gobierno también ha previsto convocatorias de subvenciones públicas a empresas para financiar planes de transición del tejido industrial hacia un modelo más limpio (220 millones), para digitalizar la cadena logística (112,5 millones de euros) o para promover innovaciones en los procesos tanto para incorporar la digitalización como para reducir la huella ecológica. El tercer gran eje que permitirá la implicación del sector privado en los programas financiados con fondos europeos será la formación, singularmente la de trabajadores en sectores especialmente vulnerables y también la de personas ocupadas al objeto de adaptar la mano de obra a un nuevo entorno digital.
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital es la que más se va a apoyar en la empresa privada para desarrollar los programas que ha priorizado aprovechando la disponibilidad de fondos europeos. El sector privado recibirá, de hecho, el 40% de los fondos asignados a los programas del departamento. El peso del tejido empresarial en la ejecución de los programas será algo inferior en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un 30%, y apenas llegará al 11% en los programas de desarrollo de infraestructuras e impulso a un parque de viviendas de alquiler a precios accesibles del Ministerio de José Luis Ábalos, que sólo asigna un 11% de esa ejecución de fondos a la empresa privada.
Otros ministerios como el de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá; la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias; o el Ministerio de Igualdad de Irene Montero que a la hora de contar con el sector privado han preferido decantarse por entidades sin ánimo de lucro frente a empresas al uso. De los 19 ministerios que gestionarán programas financiados con los fondos del Mecanismo de Reconstrucción y Resiliencia, sólo siete han canalizado hacia el tejido empresarial privado parte de los fondos asignados a esos programas.
La apuesta por lo público que ha realizado el Gobierno en este contexto no saldrá gratis tampoco. Una parte relevante de los 3.416 millones que se ejecutarán de forma directa desde la Administración General del Estado no se asignarán a gasto productivo sino que se emplearán en las contrataciones de personal y los gastos corrientes necesarios para adaptar la estructura administrativa del Estado a las necesidades de gestión que generará este flujo sin precedentes de fondos comunitarios que el Gobierno tendrá que gestionar en 2021.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios