El Gobierno ha decidido tomar la iniciativa para intentar marcar el paso de las próximas decisiones que van a tener que tomar los miembros de la Unión Europea. En esta estrategia se enmarca la propuesta conjunta con Países Bajos que la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, defendió recientemente en la última reunión del Eurogrupo. Se trata de una iniciativa que ha sorprendido porque el Ejecutivo de Mark Rutte no suele ser un aliado para el de Sánchez y, sin embargo, ambas administraciones abogan por mantener suspendidos los objetivos de déficit y deuda que establece el Pacto de Estabilidad y recuperarlas más adelante, con un marco que tenga en cuenta la situación financiera de cada país, una vez superada la guerra.
La sensación con la que volvió Calviño de la reunión en Luxemburgo "es buena", según reconocen fuentes de su Ministerio. Pero asumen que la iniciativa no será de corto alcance ni tendrá una consecuencia inmediata. La intención del Gobierno ha sido la de "reabrir un debate" que había quedado en un segundo plano, en mitad de los acuerdos que se están tomando por la invasión rusa de Ucrania. Los estados miembros han estado acordando sanciones para aislar a Putin que le obliguen a parar sus ataques y, a la vez, aprobando medidas de apoyo a Ucrania. Pero en Moncloa y Economía no quieren que las reglas fiscales queden difuminadas y por eso han sellado esta alianza con el Gobierno holandés.
A principios de marzo, la Comisión Europea manifestó que seguiría de cerca la evolución económica, impactada por la guerra de Ucrania, para tomar una decisión sobre la cláusula de escape, que se activó durante la pandemia. Es decir, Bruselas esperará hasta el próximo mes para decidir si mantiene sin efecto los objetivos de deuda y déficit previos a la pandemia, si los reformula o si los reactiva sin cambios, aunque esta última opción es la menos probable porque, según explican fuentes gubernamentales, la Comisión entiende que el punto de partida que ha dejado la pandemia en las finanzas comunitarias lo hace prácticamente imposible.
El Gobierno apuesta por recuperar las reglas fiscales, pero teniendo en cuenta los esfuerzos económicos realizados durante la pandemia y estableciendo objetivos por país. Calviño ha insistido en que el marco fiscal que fije Bruselas debe permitir las inversiones públicas que faciliten la transición energética y digital. Ahora, el discurso cobra más peso a nivel europeo, no solo porque se acerca la fecha en la que la Comisión tiene que tomar una decisión, sino porque dos socios comunitarios normalmente antagónicos apuestan por ir en la misma dirección.
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos apuntan que "España se está posicionando" en las grandes cuestiones que afectan a todos los países de la Unión Europea. En este sentido, ponen como ejemplo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en el caso de nuestro país contó con hasta 140.000 millones de euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation-EU, y que ahora la propia Calviño está intentando ampliar, tal y como se avanzó en estas páginas. Desde Moncloa afirman que el presidente ha querido tomar la delantera en cuestiones capitales para la UE y para España. Por eso ha movido ficha con un socio que hasta ahora no había nada amable como Rutte.
La segunda cuestión que está trabajando España con intensidad afecta al ámbito energético, y aunque Sánchez quiso tomar las riendas del debate, lo cierto es que España se ha tenido que conformar con una opción que no es la que prefería el Ejecutivo en un primer momento, desacoplar el precio del gas del de la electricidad, para evitar así un efecto contagio del coste del gas en el mercado mayorista hacia el precio final de la luz. Ahora, España ha propuesto junto a Portugal limitar el precio del gas, y ha establecido en 30 euros por megavatio/hora la cifra, aunque la previsión es que Bruselas lo eleve. Por el momento, Moncloa se mantiene a la espera de que la Comisión valide la propuesta y, a continuación, se deberá ejecutar su puesta en marcha para lograr una rebaja en los precios energéticos.
Las últimas noticias que han llegado a Moncloa para conseguir un tope al gas no son precisamente las mejores. Un grupo de hasta doce países, entre los que destaca Alemania, los nórdicos y hasta Países Bajos (este es otro debate ajeno a las reglas fiscales) está poniendo pegas. El Gobierno español, junto al portugués, negocia con intensidad durante estos días con propuestas que han ido oscilando. Quedan por resolver dos cuestiones: cuál será el tope autorizado por Bruselas y quién abonará el sobrecoste.
Este refuerzo del perfil de España en la Comisión Europea se produce a las puertas de que se asuma la Presidencia de la Unión Europea desde el segundo semestre de 2023. De hecho, el Gobierno creó a principios de año un comité específico para la planificación y coordinación de las actividades de las administraciones públicas, instituciones y organismos involucrados en el desempeño de la presidencia de la UE. No obstante, desde Asuntos Económicos desvinculan la posición de Moncloa de la Presidencia comunitaria y añaden que todavía quedan muchos meses por delante.
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