La recta final del año llega en modo de intenso calendario político y económico para el Gobierno de coalición. En el horizonte más cercano está el encuentro del próximo viernes entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, a quien Pedro Sánchez ha propuesto crear una comisión de trabajo para que PSOE y PP aborden materias clave como el modelo de financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Está, también, la celebración del último Consejo de Ministros del año que deberá decidir sobre la posible prórroga del conocido como 'escudo social' aprobado para hacer frente a la crisis energética e inflacionaria y a la guerra de Ucrania, entre otras medidas. Y está, sobre todo, el anuncio de quién será el próximo timonel de la política económica tras la marcha de la vicepresidenta primera al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir de enero.
En una conversación informal con periodistas en el marco de la tradicional Copa de Navidad, celebrada el martes en el Palacio de La Moncloa, Sánchez confirmó que dará a conocer el nombre del sucesor de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de aquí al próximo 7 de enero. Será a lo largo de la próxima semana o de la primera del próximo año, apuntó el Presidente.
Pedro Sánchez tiene el reto de sustituir un perfil con un vasto conocimiento de las instituciones europeas que ha permitido a España asumir el liderazgo en momentos clave como la aprobación de los fondos Next Generation o la reforma de las reglas fiscales, sobre la que podría sellarse finalmente un acuerdo en las próximas horas, en el marco de la reunión que los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran este miércoles por videoconferencia.
Francia y Alemania han logrado salvar buena parte de sus diferencias -que impidieron sellar un acuerdo el pasado 8 de diciembre- y permitirán que ese acuerdo llegue antes de que España ceda el testigo a Bélgica de la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Sin duda este será uno de los asuntos que abordará Sánchez el próximo miércoles tras la última reunión del Consejo de Ministros del año, en la que tiene previsto hacer balance de un 2023 que la economía nacional cerrará con un crecimiento del 2,4%, según el Banco de España.
La retirada de las medidas anticrisis y la inflación
La entidad, que presentó el martes sus últimas proyecciones macroeconómicas, considera que si se mantuviera el paquete de medidas anticrisis la inflación podría rebajarse hasta el 2,6% el año que viene, cuando el PIB frenará al 1,6%. Su escenario principal, que pasa por la prórroga de las subvenciones al transporte y por la extensión de la rebaja del IVA de los alimentos hasta el mes de junio, sitúa la tasa general de IPC de media en el 3,3% el próximo ejercicio.
Es un cálculo similar al que hacía la pasada semana la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que estimaba que si las rebajas impositivas a los productos energéticos desapareciesen por completo en enero y otras medidas entran en vigor en junio, la inflación subiría de media ocho décimas en el conjunto del año. Todo dependerá de si la decisión se aplica de una vez o de forma escalonada, advertían.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó claro, tras aprobar el límite de gasto no financiero para las cuentas del año que viene, que el Ejecutivo tiene margen presupuestario para "tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario". A esta decisión podrían sumarse otras como la posible prórroga del contrato de relevo en la jubilación parcial, que caduca el próximo día 31 de diciembre y afecta especialmente a la industria manufacturera.
Más difícil parece, en principio, que haya avances -y por tanto anuncio- en relación a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024. La propuesta de Trabajo es elevarlo un 4% (hasta los 1.123 euros en 14 pagas), ligeramente por encima del alza media que han registrado los precios este año, una propuesta que la CEOE no está dispuesta a aceptar si el incremento no se traslada también a los contratos públicos, algo que choca con la tesis defendida por el Ministerio de Hacienda.
