El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha obtenido por tercera vez el respaldo del Congreso de los Diputados para ser presidente del Gobierno. El líder socialista ha reunido 179 votos a favor, tras atar los apoyos de Sumar, ERC, Junts, EH-Bildu, PNV y Coalición Canaria lo que supone el inicio de facto de una legislatura que estará marcada por la vigilancia de los grupos independentistas al cumplimiento de los acuerdos y una tensión manifiesta con los empresarios que auguran pocos acuerdos en el marco del diálogo social, a diferencia de lo sucedido en los últimos cuatro años.
El nuevo gobierno cuyos integrantes se darán a conocer en los próximos días, tendrá también que hacer frente al enfriamiento de la economía europea que avanzan los principales indicadores internacionales, mientras gestiona los próximos pagos de los fondos europeos de recuperación. Aunque el reto no es menor en el plano nacional, donde la reforma del sistema de financiación autonómica tiene un lugar prioritario en la agenda, según han expresado los representantes socialistas y queda reflejado en los acuerdos de investidura sellados con los grupos independentistas.
La revisión del modelo es inevitable a raíz de las medidas fiscales que contemplan esos pactos. PSOE y Sumar han pactado que el tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre Sociedades, en el que España trabaja en coordinación con el resto de los socios europeos, grave el resultado contable de las grandes empresas. Además, las formaciones de Sánchez y Díaz se han comprometido a estudiar el funcionamiento de los gravámenes a la banca y las energéticas con la posibilidad de hacer permanentes los gravámenes a la banca y a las energéticas que finalizan en 2024.
Sin embargo, la reforma del sistema de reparto vendrá dada sobre todo por los compromisos que los socialistas han alcanzado con nacionalistas catalanes y vascos. Su acuerdo con ERC contempla una condonación de la parte de la deuda catalana que responde al ciclo económico -15.000 millones, alrededor del 20% de la que tiene contraída con el Estado vía mecanismos extraordinarios de liquidez- que podrá ser de aplicación al resto de autonomías de régimen común en las mismas condiciones, según ha defendido la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Con Junts, los socialistas han pactado debatir sobre los cambios necesarios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que se reconozca la “singularidad catalana” y pueda llegar a plantearse la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en su territorio. El PSOE recoge el guante del “diálogo singular” pero pretende ceñir el acuerdo a aquellas medidas que permitan la “autonomía financiera” y el acceso a los mercados de Cataluña.
En lo que respecta al PNV, se blinda la transferencia por parte del Estado de “todas las competencias históricas” recogidas en el Estatuto de Gernika, incluyendo el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social en el plazo máximo de dos años. Los jeltzales logran, además, la prevalencia de los convenios laborares pactados en Euskadi sobre los sellados a nivel nacional, un punto de fricción que provocó su voto contrario a la reforma laboral. Esta materia ha despertado el rechazo no solo de los empresarios, sino también de los sindicatos que recuerdan que cualquiera de estas políticas tendrán que ser negociadas ya que pueden recortar la autonomía de los agentes sociales a nivel nacional.
La hoja de ruta pactada con Sumar tiene un importante contenido laboral que abarca desde la equiparación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con el 60% del salario medio por ley a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Algo que han criticado los representantes de las patronales CEOE y CEPYME que valoran que los socios de gobierno tratan de intervenir en materias propias del diálogo social. Si bien, durante el debate de investidura se han anunciado muchas otras medidas como la modificación del despido, la reforma del Estatuto de los Trabajadores o los incentivos a introducir mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida o el trabajo a distancia.
