Sánchez 'congela' el empleo público y solo contempla 1.579 funcionarios más

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023, dados a conocer hace apenas una semana por los integrantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, marcarán las líneas económicas y organizativas que deberá llevar a cabo la Administración General del Estado (AGE) el próximo año, un ejercicio plagado de elecciones, de incertidumbres económicas y de necesidades 'extra' para la población más vulnerable. Pensiones e ingresos básicos, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), crecerán, en principio, un 8,5% -falta conocer al detalle la inflación de final de año-, y el sueldo de los empleados públicos un 2,5% para 2023, un porcentaje que podría elevarse en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Producto Interior Bruto (PIB) nominal, y teniendo en cuenta subida extra, importante, de 2022.

El panorama podría parecer casi idílico, pero no solo se trata de sueldo, y sí de la agilidad administrativa y la respuesta al ciudadano, en un contexto en el que los reemplazos de efectivos resultan básicos, tras años en los que una baja apenas era cubierta por una nueva alta. La plantilla de la AGE envejece, y ese es su principal problema, mientras que la temporalidad y la interinidad es el principal frente en materia laboral que deben afrontar las administraciones autonómicas. En la Administración General del Estado la edad media de sus trabajadores se sitúa en casi 52 años.

La plantilla pública, que entró de forma mayoritaria en la AGE en los años 80, necesita un recambio generacional e incrementos de efectivos en áreas clave

La plantilla pública, que mayoritariamente entró en la Administración en los años 80, necesita un recambio generacional y también incrementos de efectivos en áreas clave, como las que gestionan prestaciones, subsidios, ayudas, pensiones y desempleo, o la inspección, cada vez más demandadas, pero con una respuesta lenta debido a la falta de recursos humanos, también materiales. Al detalle, según los Presupuestos, la Administración General de Estado contará en 2023 con 524.974 funcionarios, incluidos altos cargos, una plantilla que se nutrirá básicamente del subgrupo C1, aquellos funcionarios que acabaron la educación secundaria, pero no dieron el salto a la Formación Profesional o la Universidad. 

Mientras, en 2022, la plantilla fijada en las cuentas públicas era de 523.395, apenas un 0,3% inferior de la actual y, en la práctica, una congelación de efectivos similar a las llevadas a cabo por los gobiernos del Partido Popular. Según recogen los presupuestos previstos para 2023, la partida para gastos de personal en 2023 -Estado, organismos autónomos y restos de entidades- ascenderá 24.734 millones, frente a los 23.196 de 2022 -un 6,63% más- o los apenas 20.100 millones presupuestados por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy en los presupuestos de 2018. El incremento supone más del doble de la subida prevista y pactada con los sindicatos para los sueldos públicos y está propiciada por los trienios, pluses y complementos de productividad que se contemplan dentro de las retribuciones de los empleados públicos.

Sánchez contará con un 50% más de asesores que Rajoy de cara a un año trascendental en materia electoral. Moncloa acapara la mayoría

Mientras, un área que no sufre restricciones de reposición es la de los funcionarios designados a dedo, que con Pedro Sánchez han tomado un protagonismo especial y que se incrementará de forma importante el próximo año, sobre todo en los que respecta al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica. De los 860 con los que contaron los ministerios de Rajoy, Sánchez dispondrá el próximo año de 1.253, un 50% más, mientras el número de altos cargos ya supera en 100 los de 2018, principalmente por el aumento del número de ministerios. El incremento de la cúpula funcionarial supera el 22% en cinco años. 

Moncloa dispone de casi la totalidad de los asesores del Gobierno socialista-Unidas Podemos, 521, y también de 26 altos cargos en el área de Presidencia, pero, según destacan los presupuestos del próximo año. Solo la mitad del personal de confianza de Pedro Sánchez y que debe fijar las líneas maestras de la política del Ejecutivo son titulados superiores, como evidencia la letra pequeña del Presupuesto.