El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da más tiempo a Nadia Calviño para poder culminar su proyecto al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas. La gallega, que compite con la exvicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager para liderar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir del próximo mes de enero, podría cerrar con un broche de oro sus cinco años al frente de la política económica si, como pretende, logra impulsar un acuerdo a nivel europeo sobre la reforma de las reglas fiscales de aquí a finales de año y rematar, además, el reglamento comunitario de uso de la inteligencia artificial, una regulación pionera en todo el mundo.
La vicepresidenta primera se ha volcado en estas dos normas en el marco de la presidencia española del Consejo Europeo, que finaliza el próximo 31 de diciembre. Las semanas que restan hasta esa fecha van a ser decisivas para lograr alcanzar un pacto que conjugue las pretensiones alemanas de fijar objetivos numéricos concretos de déficit y deuda, y que suponen un enfoque más ortodoxo, con las de Francia que, como otros países del sur de Europa, reclama espacio para la inversión y evitar incurrir de nuevo en errores como los que provocaron las políticas de austeridad impulsadas a raíz de la pasada crisis financiera.
Calviño y su equipo trabajan en la elaboración del texto del acuerdo y deberán presentar el acuerdo final, si es que llega. De ahí que tenga todo el sentido que la vicepresidenta, que ha llevado la batuta de las negociaciones en medio del semestre español, se mantenga en su puesto para tratar de dar un último impulso al proceso. España podría quitarse así la espina que supuso que la convocatoria anticipada de elecciones y la incertidumbre política derivada de restasen parte del protagonismo a la presidencia rotatoria.
Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo coloca a José Luis Escrivá al frente de Transformación Digital, competencia asumida hasta ahora por Calviño, en lo que fuentes consultadas interpretan como un movimiento previo a su posible designación al frente de Economía, si se produce la marcha de la vicepresidenta primera. En el mismo sentido interpretan el hecho de que Manuel de la Rocha, otro de los nombres que sonaba como ministrable, se mantenga previsiblemente en su actual puesto como secretario general de Asuntos Económicos de Presidencia del Gobierno. En 2020 De la Rocha recibió el encargo de dirigir la unidad de seguimiento del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ayuda a los ministerios a analizar los avances en la ejecución y a preparar los informes que se deben enviar periódicamente a Bruselas.
Dos bazas fuertes para un contexto de incertidumbre
El madrileño ha formado parte del equipo económico de Pedro Sánchez desde que este llegase por primera vez a La Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy; si bien ha acompañado al secretario general del PSOE desde que ganó las primarias de 2014 ejerciendo de responsable económico del partido hasta 2016. Además, ha tenido experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial (2000-2007) o el Banco Africano de Desarrollo (2006-2007). Tanto Escrivá como de la Rocha son dos bazas fuertes del presidente para asumir el puesto de mayor relevancia de la política económica nacional.
El hecho de que Sánchez no toque ni a Calviño ni a buena parte de los ministros del área económica, con cuatro vicepresidencias de calado para cuatro de los nombres fuertes del Ejecutivo (junto a Calviño están Yolanda Díaz, Teresa Ribera y María Jesús Montero), se ha interpretado como un mensaje claro de continuidad y estabilidad a los mercados internacionales ante una coyuntura cada vez más incierta y en plena desaceleración de la economía y de presión al alza de los costes financieros.
Que los tipos se mantengan en niveles altos más tiempo de lo previsto, como ha avanzado el Banco Central Europeo (BCE), supondrá una prueba de fuego para la gestión de la deuda por parte de los gobiernos de la región, incluido el español. El aumento de los costes de financiación añadirá urgencia a la necesidad de reformas fiscales para sostener el gasto social y la inversión verde.
Calviño y su sucesor tendrán que lidiar, así, con un aumento del pago neto de intereses que podría elevarse hasta el 5,4% de los ingresos de las administraciones públicas en 2028, frente al 3,8% de 2020. "Esto ejerce una presión considerable sobre los gobiernos, especialmente aquellos con altos niveles de deuda y restricciones fiscales estructurales, a medida que financian los déficits presupuestarios y gestionan la deuda que va venciendo", apuntan desde la agencia de calificación europea Scope Ratings.
