Nueve meses han pasado desde que el Gobierno mantuviera una primera reunión con los agentes sociales para abordar la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021, el día 15 de diciembre de 2020. Un 'parto' de presiones y pulsos políticos, dentro y fuera del Ejecutivo, que ha terminado alumbrando un consenso bipartito para aprobar una subida testimonial de esta referencia salarial cuando ya se han consumido tres cuartas partes del año. La negociación más larga de la historia sobre esta materia ha culminado en una victoria agridulce para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en esta ocasión no ha conseguido sumar a los empresarios al acuerdo, quebrando la tendencia que ha marcado el diálogo social en lo que va de legislatura.
Martes, 15 de diciembre de 2020. Después de un intenso debate en el seno del Gobierno sobre la conveniencia de subir el SMI en plena crisis económica provocada por la Covid, con la ministra de Trabajo a favor de impulsar las rentas más bajas y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en contra de cargar con ese coste extraordinario a un vapuleado tejido empresarial, Díaz se sale con la suya y convoca la mesa de diálogo social. En ese primer encuentro, el Ministerio asegura a los agentes sociales que no se va a congelar el salario mínimo en 2021 y la patronal pone pie en pared con el ya célebre "ahora no toca" de Antonio Garamendi. Los sindicatos, por su parte, exigen que el SMI suba, en línea con la filosofía aplicada por los países del entorno europeo pese a la situación provocada por la pandemia mundial.
Y empieza el baile de cifras. Para justificar la subida, la responsable de la política laboral del Ejecutivo argumenta que no se entendería que los salarios de los empleados públicos y las nóminas de los pensionistas fueran a incrementarse un 0,9% a partir del 1 de enero o que los sueldos pactados en convenio se estuvieran revalorizando entre un 1,5% y un 1,8% y no se hiciera lo propio con las rentas salariales más bajas. Pero los sindicatos redoblan la presión y demandan la cifra mágica: 1.000 euros, lo que supondría un aumento superior al 5%. Mientras, la patronal coloca su máximo en los cero euros de los que no se movería durante los siguientes nueve meses.
Lunes, 21 de diciembre de 2020. Con solo dos consejos de ministros por delante -desde 1982 el Gobierno suele fijar el SMI para el ejercicio siguiente en su última reunión del año- los agentes sociales celebran un nuevo encuentro que no sirve para más que constatar el desacuerdo. La negociación encalla, intoxicada por las declaraciones de miembros del Gobierno -entre ellos, Calviño- que apuntan a que la subida del salario mínimo será pactada con la patronal y los sindicatos o no será, otorgando en la práctica derecho de veto a la CEOE. Empieza a vislumbrarse un escenario de congelación temporal del SMI y la posibilidad de abordar la negociación ya entrado el año 2021, con la recuperación económica enfilada.
Y así fue. El último Consejo de Ministros del año, celebrado el 29 de diciembre, toma la decisión de congelar temporalmente el salario mínimo. Opta así por no acometer una medida cuya potestad es única del Gobierno (la consulta a los agente sociales es preceptiva, pero no vinculante) y supedita la subida a un eventual acuerdo en el marco del diálogo social. El problema no es tanto la falta de consenso con la patronal y los sindicatos, sino las divergencias en el seno de la propia coalición. De entrada, Trabajo incumple su promesa sobre la no congelación del SMI, aunque se especula sobre la fecha en la que se retomarían las negociaciones, apuntando al mes de febrero. Los sindicatos empiezan a calentar para llevar a cabo movilizaciones contra una decisión gubernamental que consideran injustificable.
A finales del mes de enero, el Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Trabajo, constituye la Comisión Asesora para el Salario Mínimo Interprofesional, un grupo de expertos destinados a definir la hoja de ruta para una subida progresiva hasta alcanzar el 60% del salario medio. Una baza de Yolanda Díaz para fortalecer sus argumentos en pos de la subida del SMI con criterios puramente técnicos e independientes. Se decide no imponer una fecha límite a este grupo para la entrega del informe. Aunque en ese momento el Ministerio asegura que los trabajos no se dilatarán demasiado, para retomar cuanto antes las negociaciones en el marco del diálogo social para volver a abordar la subida de 2021, lo cierto es que los expertos no exponen sus conclusiones hasta mediados del mes de junio.
El Gobierno logra así cinco meses de calma. Bajo el argumento de que la decisión de subir o no el SMI no se tomará hasta disponer del informe de los expertos, se van sucediendo las semanas y transcurre un semestre de economía pandémica que da paso a unos meses veraniegos de fuerte recuperación del mercado laboral. Estamos en el punto que había dibujado Calviño como referencia para retomar el asunto y Pedro Sánchez sigue sin dar el paso. Díaz, ya como vicepresidenta segunda del Gobierno, negocia entre bambalinas con el líder del Ejecutivo y le arranca el compromiso de acometer la subida del salario mínimo en verano. Pero la vicepresidenta económica impone su criterio: es el momento de consolidar la creación de empleo y una decisión en ese sentido podría causar efectos adversos.
La CEOE se cae del pacto
Los sindicatos vuelven a salir a la calle en julio para exigir al Gobierno que suba el salario mínimo. Pero las movilizaciones no surten efecto y se produce un impasse de dos meses en los que Sánchez se alinea con Calviño y contiene las intenciones de Díaz para priorizar la recuperación. Hasta que el 1 de septiembre, coincidiendo con la reapertura de las negociaciones en la mesa del diálogo social, el presidente del Gobierno anuncia un incremento inmediato del SMI. Pero la CEOE sigue sin estar por la labor. Los empresarios acuden a dos reuniones sin moverse un ápice de su postura y el Ministerio da por concluidas las negociaciones formales. Arranca entonces una ronda de contactos bilaterales con patronal y sindicatos, de los que pronto se cae la CEOE al consensuar el rechazo de su Comité Ejecutivo.
Desde entonces, Trabajo ha seguido negociando de manera silenciosa con las organizaciones sindicales, hasta convencer a CCOO y UGT de que lo apropiado en estos momentos es aprobar una subida testimonial del SMI para lo que queda de año. Finalmente, serán 15 euros mensuales, una cuantía intermedia dentro de la horquilla de entre 12 y 19 euros que fijaron los expertos. Los sindicatos querían arrancar al Gobierno un compromiso expreso de que el SMI se situara en los 1.000 euros en 2022, para alcanzar el 60% del salario medio en 2023, que al fin y al cabo es el objetivo de la coalición para el final de la legislatura, pero el Ejecutivo no ha accedido a esta petición, porque su intención es reabrir la negociación a finales de año para concretar esa senda, en un debate en el que sí participará la CEOE.
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