El recargo o impuesto a las eléctricas que propone Yolanda Díaz tendrá que esperar, como mínimo, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tanto el Ministerio de Hacienda como el de Transición Ecológica enmarcan esta propuesta en la negociación presupuestaria que ya ha dado los primeros pasos, tras la publicación este lunes de la orden para la elaboración de los PGE. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero argumentan que definir la medida es una tarea demasiado compleja para realizarla en 15 días, plazo en el que el Gobierno debe aprobar una prórroga del plan de respuesta a la guerra de Ucrania para que las medidas sigan estando en vigor hasta septiembre.
"Cada cosa a su tiempo", defendió la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera, este martes. La titular de energía consideró que "el momento pertinente" para debatir una fiscalidad "adicional" a las eléctricas es la "legislación presupuestaria". De hecho, la única medida tributaria que incorporó el plan de respuesta a la guerra era la extensión de las iniciativas vinculadas a los impuestos de la electricidad. Entonces, Montero defendió las bajadas de impuestos "quirúrgicas" frente a las demandas de la oposición que instaban al Gobierno a deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Ahora, fuentes del Ministerio de Hacienda ven prácticamente imposible que la extensión del decreto incluya una tasa a las eléctricas.
En este caso, existe una dificultad añadida y es definir cómo hacer que las empresas que comercializan energía eléctrica paguen una parte del coste económico que está teniendo la inflación para los hogares españoles a través de impuestos. "Ha llegado el momento que las eléctricas y grandes corporaciones, que están teniendo beneficios exorbitantes, tienen que pagar", insistió la vicepresidenta Yolanda Díaz durante un acto de la campaña electoral andaluza. Pero el cómo es la cuestión y, por ello, argumentan desde Transición Ecológica y desde Hacienda que esto deberá negociarse en el marco de los presupuestos.
Las vicepresidentas Díaz y Ribera no son las únicas que han hablado abiertamente de un recargo para las compañías eléctricas. También el Banco de España (BdE) solicitó un mecanismo para vigilar que las empresas limiten sus beneficios, tal como publicó este periódico. No obstante, recientemente, el director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, reconocía que la entidad tenía dificultades para medir los márgenes de las compañías, por lo que gravar los mismos cuando sean excesivos se antoja muy complicado. En cualquier caso, el BdE continúa en su empeño para cuantificar y hacer un seguimiento riguroso de los márgenes.
El Gobierno estudió un impuesto para las empresas que perciben los beneficios caídos del cielo, pero lo descartó al considerar que no tenía ningún efecto sobre la factura de la luz. Esta opción sí se ha llevado a cabo en el Reino Unido. El gobierno británico ha puesto en marcha un impuesto temporal del 25% sobre los beneficios de empresas de petróleo y gas. Con esta tasa, el ejecutivo con sede en Londres espera recaudar 5.867 millones de euros que utilizará para financiar las ayudas a vulnerables aprobadas. Este impuesto se eliminará cuando los precios del petróleo y del gas vuelvan a la normalidad, según indicó el ministro de finanzas británico, Rishi Sunak.
Descuento a los combustibles
La prórroga del plan de respuesta a la guerra también extenderá el descuento de 20 céntimos a los carburantes. Pese a las advertencias sobre que se trata de una medida que beneficia más a las rentas altas que a los hogares vulnerables, Hacienda descarta que se vincule este descuento a los ingresos de los contribuyentes. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no descartó este lunes que hubiera cambios en el descuento, pero fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero consideran que no se producirán cambios en la cuantía de la bonificación. No obstante, añaden que "se sigue negociando la prórroga y todo puede ser".
Desde el ala morada del Gobierno negocian que el plan incorpore nuevas medidas, como el impuesto a las eléctricas o un fondo para abaratar el transporte público, al estilo del aprobado en Alemania. Por otra parte, el Ejecutivo pactó con Bildu incorporar en este decreto un incremento del 15% para las pensiones no contributivas, a cambio de la abstención del partido vasco en la votación que permitió sacar adelante la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, comprometida con Bruselas. El nuevo paquete de medidas verá la luz como muy tarde el próximo 30 de junio.
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