Se espera que Pedro Sánchez arroje luz sobre su nuevo Gobierno este lunes y en poco menos de mes y medio el reestrenado Ejecutivo deberá decidir la prórroga o no de parte del 'escudo social' que puso en marcha como consecuencia de la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Pedro Sánchez, ya anunciado que se extiende la rebaja del IVA a los alimentos y el transporte gratuito para los jóvenes y parados, pero existen otras medidas de apoyo de todavía se desconoce si van a continuar.
Así, ha quedado en el aire la prórroga en la rebaja de impuestos que gravan la factura de la luz. Además, tampoco hay información sobre continuará el descuento extra en el bono social eléctrico. Teresa Ribera, confirmada como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, es partidaria de mantener las medidas que han resultado efectivas durante la crisis.
A mediados de octubre del año pasado, el Gobierno incrementó la cobertura del bono social eléctrico hasta el 65% y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, al tiempo que elevó las ayudas para el bono social térmico, todo bajo el paraguas del un Real Decreto-ley que reforzaba la protección de los consumidores ante la crisis de precios energéticos.
La protección extra del bono social termina el 31 de diciembre
No obstante, esta mayor protección del bono social eléctrico llega a su fin el 31 de diciembre y volvería a un descuento del 25% para consumidores vulnerables y del 40% para consumidores vulnerables severos. Actualmente, hay alrededor de 1,5 millones de hogares que reciben el bono social, de los cuales unos 695.600 son considerados vulnerables y unos 818.100 vulnerables severos. Yolanda Díaz, también ratificada como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, aseguró durante la presentación del acuerdo de PSOE y Sumar para un nuevo Gobierno de coalición aseguró que la cifra de beneficiados de esta factura más asequible se duplicará hasta los tres millones de personas.
El bono social eléctrico solo se aplica para los domicilios habituales de personas físicas (no vale para empresas o sociedades) y siempre que tengan una potencia contratada igual o inferior a 10 kW. Para poder solicitarlo, hay que tener contratada la tarifa regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), y además cumplir alguno de los requisitos personales, familiares o de renta, recogidos en el Real Decreto 897/2017, y con efecto temporal, en el Real Decreto-ley 18/2022.
La solicitud hay que tramitarla a través de cualquiera de las ocho comercializadoras de referencia (COR) que hay en España: seis actúan en la Península Ibérica, Canarias y Baleares -y hay dos específicas para Ceuta y Melilla-. En concreto, son Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Baser COR (EDP), Régsiti (Repsol), CHC COR (CHC), Teramelcor (Gaselec Diversificación) y Energía Ceuta XXI (Endesa).
El coste del bono social es sufragado por todos los sujetos que participan en las actividades de la cadena de suministro de energía eléctrica: producción, transporte, distribución y comercialización, así como los consumidores directos en mercado. No obstante, esta metodología es reciente e históricamente lo financiaban las comercializadoras eléctricas, con un coste anual era de unos 200 millones de euros. El Tribunal Supremo ha anulado el mecanismo de financiación hasta en tres ocasiones por considerarlo "discriminatorio". En este sentido, la patronal de las grandes eléctricas Aelec, que representa a Iberdrola, Endesa y EDP, defiende que el bono social, como "herramienta de política social" para los consumidores más vulnerables, se debería financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
También está en el aire la rebaja fiscal de la electricidad
Dentro del paquete anticrisis, el Gobierno también incluyó una nueva tarifa de carácter temporal para todas aquellas familias con hasta 28.000 euros de ingresos y un número de personas conviviendo en el mismo hogar. En este caso, el descuento especial era de hasta el 40% de la electricidad que consumían. Asimismo, hasta el 31 de diciembre se aplica un IVA a la electricidad del 5%, al tiempo que el Impuesto Especial sobre la Electricidad está rebajado al 0,5% (el mínimo que permite Bruselas) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% está suspendido.
Fuentes de los ministerios para la Transición Ecológica y Hacienda consultadas por La Información se ciñen al calendario y asegura que aún no hay ninguna decisión tomada sobre la continuidad de la rebaja fiscal eléctrica. El recibo podría incrementarse entre un 15% y un 20% para los consumidores con tarifa regulada si de no seguir. Los del mercado libre tienen pactado un precio fijo con su comercializadora y la subida variaría en función de cada acuerdo. El IVA del gas también está en el 5% y, desde diciembre de 2022, la Tarifa de Último Recurso (TUR) no puede subir más de un 15% de un trimestre a otro.
La Comisión Europea ha enviado a los estados miembros, para consulta, un proyecto de propuesta para ajustar parcialmente el calendario de eliminación progresiva de las ayudas estatales, el conocido en España como el escudo social, destinado a proporcionar una respuesta a las crisis tras la invasión de Rusia a Ucrania y al aumento sin precedentes de los precios de la energía. El nuevo límite temporal para su aplicación es el 31 de marzo de 2024. No obstante, en su informe de previsiones de otoño, Bruselas espera que "todas las medidas relacionadas con la energía (excepto el impuesto extraordinario que grava a las empresas energéticas) expiren el 31 de diciembre de 2023".
