La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno activará un proceso de consulta con todos los actores del sector energético para llevar a cabo un despliegue "ordenado" de las energías renovables que repercuta en beneficio de los territorios. En concreto, la idea es impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030, acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo texto definitivo debe remitirse a la Comisión Europea en junio.
Así lo ha avanzado durante su comparecencia en el Congreso para detallar las líneas generales de su departamento en esta legislatura. En su opinión, el impulso a las renovables requiere de una visión "ordenada y justa", de modo que se vele por que en el territorio las cosas "se hagan bien" y estas renovables aseguren una "adecuada redistribución de los beneficios".
Por eso, el Ejecutivo planea reunirse con los diferentes actores implicados en la industria para identificar las mejores "prácticas y cautelas" para conciliar los distintos objetivos en un despliegue "ordenado" de energías renovables. Así, se combinaría la zonificación y acceso a beneficios por parte de los territorios con mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable. También ha recordado la idea de que el impuesto extraordinario energético pueda convertirse en un "incentivo para la inversión" verde. La idea del Gobierno es que, mediante los Presupuestos Generales del Estado, las empresas se puedan deducir fiscalmente las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país.
Activar la eólica marina y resucitar la CNE
Pero no es el único desafío que el Ministerio se ha puesto en la legislatura. La ministra ha asegurado que también se pretende activar la energía eólica marina, que cuenta con una ordenación del espacio marítimo que identifica cuáles son las zonas que puedan resultar más adecuadas. "Falta ahora culminar la regulación garantista y activar las palancas necesarias para desarrollar esta tecnología", ha señalado Ribera.
Por otro lado, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno también pretende recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE) como herramienta "fundamental" para reforzar la transición energética y acompañar a los consumidores que más lo necesitan en sus hogares o en su movilidad. "Es una herramienta clave contra la emergencia climática y un instrumento de eficacia comprobada en la transformación de nuestro modelo productivo. Tiene un potencial enorme para ayudarnos", ha defendido.
Traslada su compromiso con Alcoa
Asimismo, ha garantizado su compromiso para que la fábrica de Alcoa en San Cibrao (Lugo) "pueda existir" y pueda "pervivir" para que funciones de forma "modernizada, eficiente, generando empleo e invirtiendo en innovación en Galicia". También ha explicado que en la actualidad no hay capacidad disponible para sacar a concurso el nudo de la central de carbón de As Pontes (A Coruña), ya cerrada. Lo que sí habrá será una subestación de 400 kilovatios (kw), incluida en el plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2021-2026.
"Garantizarán el abastecimiento de nuevos proyectos industriales y aflorarán nueva capacidad de acceso para proyectos de energía renovables que contribuyan a mejorar la competitividad de la industria gallega", ha defendido la vicepresidenta.
Por otro lado, la ministra ha dicho que el que el Gobierno seguirá "defendiendo los intereses de España y agotando "todas las vías de defensa" en los laudos que siguen vivos por el recorte a las primas renovables. Ha manifestado que este no fue un problema de este Gobierno ni del de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que fue "un problema generado por el Gobierno del señor Mariano Rajoy". A este respecto, ha destacado que en 2019 se aprobó un real decreto por este Gobierno para dar una solución a los inversores por la retirada retroactiva de las primas renovables -que ha llevado a sumar más de una veintena de condenas en contra de España en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial-, garantizándoles una mejor rentabilidad, a cambio de renunciar a los arbitrajes.
Nueva estrategia nacional contra la pobreza energética
En opinión de Ribera, es el momento de crear una nueva estrategia nacional contra la pobreza energética sobre la base de lo aprendido estos años. En este punto, ha señalado que España necesitará una respuesta financiera y regulatoria propia para acompañar durante la transición energética a los consumidores que más lo necesitan. Ha afirmado así que el Ejecutivo tiene una propuesta trabajada con las asociaciones de familias numerosas sobre la modificación del bono social.
Ribera también ha pedido "huir del populismo hídrico" y, en su lugar, trabajar "codo con codo" para paliar los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. "Los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos son evidentes, por lo que si queremos paliar sus impactos, resulta imprescindible integrar escenarios climáticos que muestran periodos de sequía más intensos y numerosos e invertir de forma anticipada en una buena gestión, aportaciones adicionales y uso eficiente. Yo diría que debemos huir del populismo hídrico, debemos trabajar codo con codo cada cual en su ámbito competencial para favorecer siempre la mejor respuesta", ha apuntado.
En este sentido, ha indicado que los Planes Hidrológicos de tercer ciclo de planificación (2022-2027) fija más de 6.600 medidas y 23.000 millones de euros hasta 2027 en inversiones. Ha anunciado 500 millones de euros para el estudio de la gobernanza de agua subterránea y la elaboración de un atlas de la desertificación para estudiar el estado de los suelos y la erosión de los mismos.
