La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mandado este lunes un mensaje claro al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno. O el gobierno andaluz cesa en su plan de sacar adelante la ley para regularizar regadíos en Doñana con el apoyo Vox o el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional.
"El Gobierno exige al gobierno y al Parlamento Andaluz la retirada del Proyecto de ley. Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijóo que dejen de poner en riesgo el futuro de España", ha dicho Ribera, que ha comparecido tras la reunión de la Junta de Andalucía con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
En este sentido, ha insistido en que no hay discusión ni interpretación y ha considerado que el plan de regadíos incrementa el riesgo para poder cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo y, por tanto, solo cabe que Andalucía retire la proposición de ley. La vicepresidenta tercera se ha mostrado contundente y, en su opinión, "no hay discusión posible ni caben enmiendas" a la proposición de ley del PP para amnistiar regadíos ilegales. "Solo que vuelva al lugar de donde no debió salir, es decir, la papelera", ha destacado.
Reunión entre PP y Bruselas
Por su parte, el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido ante la Comisión Europea que la Junta de Andalucía cumple su parte de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana y que la proposición de ley "en absoluto perjudica" al humedal. El encuentro entre Fernández-Pacheco y Sinkevicius, que estaba inicialmente previsto para el 3 de mayo, se ha celebrado después de que el propio comisario advirtiera la semana pasada, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas, de que utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del TJUE.
"Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España", ha aseverado el consejero.
Dentro de este tira y afloja entre el Ejecutivo central y el andaluz, el Ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado que se disponen de los mecanismos necesarios para frenar la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana que pretende la Junta de Andalucía. No obstante, confía en poder hacerlo sin tener que recurrir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De su lado, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, manifestó este domingo que el Gobierno espera un "compromiso serio de dar marcha atrás" a la proposición de ley y que, de lo contrario, "en el marco de sus competencias, actuará y tomará las decisiones que en cada momento sean oportunas, incluidas las jurídicas".
El Parlamento andaluz dio luz verde el 12 de abril a la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley presentada por PP y Vox para ampliar los regadíos en Doñana, pese a las amenazas de la Unión Europea (UE) de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central. La medida quiere legalizar cultivos hasta ahora ilegales en el entorno del parque nacional, en estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias.
La proposición presentada tiene como objetivo reorganizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, para "mejorar la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)". La Comisión Europea ha amenazado ya con sanciones económicas a España si finalmente se aprueba esta medida, que también ha provocado el rechazo de ecologistas y científicos. La proposición de ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas, lo que cuestiona Bruselas.
El Ejecutivo andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.
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