El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanza a audiencia pública el proyecto de Real Decreto por el que se regulará la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, es decir, la eólica marina -y otras tecnologías-. La propuesta normativa plantea otorgar de forma simultánea, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, el régimen económico de energías renovables y la reserva de la capacidad de acceso a la red y el uso del dominio público-marítimo terrestre por un plazo máximo de 30 años.
En este sentido, según el texto, los adjudicatarios deberán solicitar la concesión de los correspondientes permisos de acceso y de conexión a la red, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, si bien, no aplicará a esa solicitud el criterio de prelación temporal recogido en el artículo 7.1 de dicho real decreto. En la eólica marina confluyen competencias de energía con competencias de costas y por eso se intenta simplificar el procedimiento.
La cartera que dirige Teresa Ribera ha informado en un comunicado de que los concursos que servirán para otorgar dichos derechos tendrán en cuenta criterios económicos y técnicos -precio de la energía, cupo de potencia a otorgar, solvencia de los participantes, características y requisitos de la tecnología, etcétera-. Además, puede contar en la valoración la ocupación de espacio, la minimización del impacto ambiental, los planes para desmantelamiento de los equipos al final de su vida útil, la creación de empleo e industria locales, la participación de pymes, la incidencia sobre la navegación o el apoyo a otros sectores económicos, como la pesca.
Asimismo, atendiendo a la complejidad de los proyectos, podrá haber una fase de diálogo público-privado, adicional a los habituales procedimientos de participación y audiencia pública, para incrementar sus externalidades socioeconómicas positivas y favorecer su integración y su compatibilidad con otros usos del mar. El marco regulatorio afectará a las instalaciones eólicas marinas y a otras energías del mar, como la undimotriz, que produzcan energía en todo el territorio marino de jurisdicción española.
Ordenamiento del espacio marítimo
Para alcanzar los objetivos de desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, Transición Ecológica ha aprobado los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, un instrumento de zonificación para los distintos usos del mar (pesca, navegación, producción energética…), que incluye 19 Zonas de Alto Potencial (ZAP) para la instalación de aerogeneradores marinos, con 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, el 0,46% de las aguas territoriales. Tras el ordenamiento del espacio jurisdiccional marino, le toca ahora aprobar el citado marco normativo.
"El desarrollo de las energías del mar es prioritario para el Gobierno, que ya ha destinado 147 millones de euros para proyectos piloto demostradores y plataformas de ensayo de renovables marinas en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (Perte Erha)", resalta el escrito.
Objetivos en eólica marina y otras tecnologías del mar para 2030
La Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, y la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, establecen los objetivos de alcanzar hasta 3 GW de eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas hasta final de década. "Este desarrollo, ordenado, respetuoso con el medio ambiente y compatible con otros usos y actividades en el mar, generará una importante actividad económica y permitirá crear unos 40.000 puestos de trabajo", ha asegurado el ministerio en la nota.
El marco normativo se esperaba para antes de que finalizara 2023, según anunció la secretaria de Estado de Energía, Sara Aasegen. Desde el sector energético venían preguntando qué pasaría con el despliegue de la eólica marina tras las elecciones generales del 23 de julio. Sacar adelante los POEM ya costó al Gobierno cuatro años de trabajo y un difícil consenso entre todos los departamentos ministeriales con competencias en la mar, las comunidades autónomas costeras, los sectores implicados y la sociedad civil.
La mayor preocupación del sector es que España pueda quedar rezagada frente a Portugal y Francia. El país luso ya ha convocado su primera subasta de energía eólica marina, con el objetivo de alcanzar 10 GW de capacidad instalada para 2030, siete más que nuestro país. Por su parte, Francia inauguró su primer parque eólico marino en septiembre del año pasado en Saint Nazaire, con 80 aerogeneradores y una potencia de 480 MW. Pero el país galo ha metido la sexta marcha y ya ha lazando dos licitaciones nuevas para un total de 2,5 GW.
La idea del Ejecutivo español era celebrar la primera subasta de potencia dentro del primer semestre del año pasado, pero el adelanto electoral supuso un giro de 180 grados a la escena política y económica del país y muchas cuestiones quedaron en 'stand by'. Mientras trabajan en el diseño de los proyectos, algunos promotores ya han solicitado ya el alcance del estudio de impacto ambiental, una herramienta que no implica ningún compromiso por su parte de la empresa ni de la Administración.
Potencial del sector: aportación al PIB y creación de empleo
El Libro Blanco de la Industria Eólica Marina en España, elaborado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en colaboración con Deloitte, estima una aportación directa del sector al PIB de 6.116 millones de euros para el periodo 2025-2030, considerando un escenario en el que un 75% de las actividades se desarrollen en el país. Adicionalmente, se sumarían 1.860 millones de euros relativos a las actividades de operación y mantenimiento de los parques, construcción de buques, etc. Además, en términos de empleo, la patronal calcula que la tecnología eólica marina generará 7.523 nuevos puestos de trabajo entre 2025 y 2030 -17.438 profesionales especializados para 2045-2050.
En la misma línea, desde CCOO opinan que la energía eólica marina flotante impulsará sectores como los astilleros, la construcción naval y la industria metalúrgica. El sindicato también apunta que es una "excelente oportunidad" para ayudar a la industria electrointensiva a abaratar sus costes y para impulsar la producción de hidrógeno verde.
Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos (anteriormente Plataforma Manifiesto Burela), que aúna a representantes del sector pesquero canario, gallego y asturiano, ha denunciado "el total desprecio" de la vicepresidenta hacia los pescadores y afirma que no han obtenido contestación a su última solicitud enviada a Transición Ecológica el pasado 1 de febrero. Lamentan que llevan dos años detrás de lograr una cita con la ministra.
