El retraso de prestaciones por el colapso administrativo 'se ceba' con las mujeres

El 'escudo social' activado por el Gobierno de coalición para amortiguar el golpe de la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19 sobre los colectivos más vulnerables no termina de desplegarse. El amplio abanico de complejas medidas de protección puestas en marcha por el Ejecutivo en tiempo récord para dar una respuesta urgente al virus ha desembocado en un colapso administrativo sin precedentes que se traduce en un considerable retraso en los pagos de las ayudas públicas comprometidas. Contra la filosofía progresista de "no dejar a nadie atrás", con especial foco en la población femenina, la realidad es que el atasco en las prestaciones está perjudicando especialmente a las mujeres, agravando la brecha de género.

Lo denuncia la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco: "Tenemos constancia de retrasos y obstáculos inexplicables tanto en el cobro de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como en el de dos tipos de subsidios que afectan de manera especial a mujeres que están en una situación muy desfavorecida: las trabajadoras del hogar y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)". Desde el sindicato advierten de que miles de mujeres se encuentran en una situación límite tras seis meses de pandemia y urgen al Gobierno a extender la protección social con perspectiva de género y acelerar el procedimiento administrativo para que las prestaciones lleguen a sus destinatarias. "Es un imperativo y una urgencia social", zanjan.

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Cecilia es empleada del hogar en Barcelona. Solicitó el subsidio especial en cuanto se habilitó a principios de mayo y todavía no ha recibido respuesta del SEPE. Desde las asociaciones del colectivo, aglutinadas en el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, denuncian que miles de perjudicadas siguen sin cobrar cinco meses después de la puesta en marcha del subsidio. Fuentes del sindicato de funcionarios CSIF en el SEPE ponen cifras a este retraso: hasta el momento, se han recibido 55.000 solicitudes y solo se han podido resolver el 40%. El Ministerio de Trabajo no concreta cuántos de esos expedientes han resultado en prestaciones concedidas y efectivamente abonadas, aunque fuentes no oficiales apuntan a unos 18.000 subsidios.

Sin cobrar está también Fátima, quien después de tres meses sin poder trabajar ha visto reducido su contrato de 40 a 30 horas semanales y, en consecuencia, su salario. "Ha sido una hecatombe para mi economía y para mi vida", asegura. Con ayuda de su empleadora, gestionó la petición del subsidio en mayo y hasta la fecha desconoce si ha sido siquiera tramitada. Ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con el SEPE -que cinco meses después de la aprobación del subsidio ha abierto un canal específico para consultar el estado de la solicitud- sin éxito. "He llegado a estar una hora al teléfono, hasta que la musiquita se me ha clavado en el cerebro", denuncia. A su juicio, es "un despropósito, una humillación y una burla" que se nieguen derechos a trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social.

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Las empleadas de hogar son uno de los colectivos más golpeados por la pandemia, si bien las mujeres en general están padeciendo más que los hombres los efectos de la crisis. Desde la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO observan "con gran preocupación" los "retrasos y obstáculos" que se están produciendo en otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda con gran impacto de género, pues según los cálculos del Ministerio de Inclusión, entre los hogares monoparentales potenciales beneficiarios, un 90% están encabezados por una mujer. El ministro José Luis Escrivá admitía ayer en el Congreso que la ayuda apenas ha llegado a 90.000 familias (280.000 personas), 75.000 de las cuales la cobraron de oficio por ser beneficiarios de la prestación por hijo a cargo, y ya se han recibido un total de 900.000 solicitudes.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una batería de medidas para agilizar con carácter de urgencia la tramitación del IMV ante el cuello de botella que se ha generado en la Seguridad Social por la avalancha de solicitudes recibidas. La falta de medios y recursos humanos, las trabas burocráticas y la ingente demanda han sido el caldo de cultivo perfecto para el colapso. La UGT venía reclamando desde hace semanas la agilización de esta ayuda, sin embargo consideran que con los nuevos cambios no es suficiente y exigen que se simplifique aún más la tramitación. Desde CCOO, por su parte, cuestionan "el escaso nivel de transparencia e interlocución social" que el Gobierno ha mostrado con el Ingreso Mínimo Vital y advierten del impacto que está teniendo sobre el resto de prestaciones del sistema ("se ha pasado de tramitar en una media de 10 días una pensión de jubilación a que la mayoría de provincias necesiten en torno a 30 días", afirman).

Ante este atasco reconocido por el propio Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, y los principales sindicatos de la función pública, CCOO, UGT y CSIF, se reunirán en los próximos días para abordar la situación de "colapso" en la gestión de las prestaciones, según ha anunciado CSIF en un comunicado. Para CSIF, los cambios anunciados por el Gobierno para agilizar la gestión del Ingreso Mínimo Vital "llegan tarde y caerán en saco roto si no hay un refuerzo urgente del personal de la Seguridad Social". Cabe recordar que, como adelantó La Información, Hacienda ha dado luz verde a la contratación de más de un millar de interinos para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General.

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A los problemas del IMV se suman los retrasos que, superado el pico de la pandemia, todavía se siguen produciendo en los abonos de las nóminas a personas afectadas por ERTE. Una situación que, de nuevo, afecta con mayor dureza a la población femenina, tal y como denuncian los sindicatos. En el caso de Valeria, que lleva en ERTE desde abril, cobró regularmente su ERTE hasta julio gracias al adelanto de su banco, pero a estas alturas sigue pendiente de percibir el pago de agosto y afronta los próximos meses con gran incertidumbre. Según un estudio del Gabinete Económico Confederal de CCOO, durante la pandemia los ERTE han llegado a sostener cuatro empleos femeninos por cada nueva mujer en paro, de modo que la prórroga de esta herramienta tendrá, adelantan, "un importante impacto de género". 

A estas dificultades se añaden, señala Blasco, las derivadas de los riesgos para la salud y la sobrecarga en cuidados del teletrabajo o la falta de respuesta laboral sobre mecanismos de compensación económica hacia padres y madres con hijos en edad escolar en cuarentena, aunque no tengan PCR positivo. Estos problemas se suman a las "dificultades estructurales, fruto de la peor posición de partida de las mujeres en el ámbito laboral y social". Para Blasco, "es imprescindible integrar la perspectiva de género en el análisis, gestión y propuestas de solución a la Covid-19, adoptando "medidas excepcionales para hacer frente a las necesidades" y haciendo "efectivas en el corto plazo y sin trabas burocráticas las permanentes". Porque, a su juicio, "de poco sirven si no llegan a sus destinatarias, como en el caso de los ERTE, el IMV o las trabajadoras del hogar".