A partir del 1 de enero 2022, el límite máximo fijado para todas las pensiones públicas -jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares- se sitúa en 2.820 euros en 14 pagas -39.468,66 euros al año-, un importe más que razonable que se obtiene tras amplias carreras de cotización y con importantes aportaciones a la Seguridad Social en busca de unas prestaciones que permitan cierta estabilidad económica tras el retiro. En principio, ninguna pensión debería superar esa cantidad, pero como en todo existen excepciones que benefician a casi 65.000 jubilados y a un total de 75.000 pensionistas del sistema.
El plus para la reducción de la brecha de género en las pensiones, que se puso en marcha en el mes de febrero de 2021, es una de las vías más frecuentes para obtener una pensión superior a la cuantía máxima, aunque con algunas limitaciones. Las mujeres y los hombres que lo soliciten podrán sumar el complemento, si es necesario, hasta que se alcance la pensión máxima y, a partir de ahí, el 50% del plus que exceda de ese límite. Así, en el caso de que una trabajadora con cuatro hijos le corresponda un plus de 1.512 euros anuales y llega al retiro con una pensión de 39.000 euros, podrá añadir a esa cantidad 468 euros. Los 1.044 euros restantes se dividen entre dos y se generan 522 euros que se suman a la pensión máxima. Ese importe se revaloriza de manera anual al igual que sucede con la propia pensión.
Este plus sustituye el complemento por maternidad y aportación demográfica y tiene como objetivo reparar el perjuicio sufrido a lo largo de su carrera profesional por las mujeres que han debido asumir un papel protagonista en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones, aunque también pueden percibirlo los hombres si acreditan requisitos adicionales que demuestren su rol en el cuidado de los hijos. La prestación mínima es de 378 euros anuales por un hijo, una cantidad que se eleva a 1.512 euros en el caso de que sean cuatro o más. Desde el Ministerio se ha destacado el carácter 'redistributivo', al beneficiar más a las mujeres con rentas más bajas, pero lo cierto es que también favorece, y mucho, a los pensionistas en el tramo máximo.
El retraso del retiro más allá de la edad ordinaria resulta rentable para todos, pero apenas un 5,5% de los trabajadores apuesta por este mecanismo
El otro mecanismo para elevar la prestación incluso en el caso de que esta se sitúe ya en el límite de 2.820 euros es demorar el retiro unos años. Para la Seguridad Social esta decisión es muy positiva, ya que el trabajador sigue cotizando durante más tiempo y se produce un ahorro considerable derivado de tener que pagar la jubilación. A cambio, el pensionista puede tener un complemento durante toda la jubilación. Pese a todo, apenas cinco de cada cien trabajadores elige seguir con la vida laboral más allá de la edad ordinaria de retiro. Hasta julio de 2022, 10.817 jubilados decidieron optar por este mecanismo.
El trabajador que retrasa voluntariamente el momento de la jubilación percibe un complemento económico en la pensión cuando decide retirarse. Existen dos opciones. La primera, la más interesante, es un porcentaje adicional de hasta 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad legal, lo que supondrá un aumento considerable de la cuantía de la pensión. El porcentaje adicional se recibe cuando la persona se jubila, aplicando el incremento porcentual correspondiente a la pensión que recibirá cada mes durante el resto de su vida. Lógicamente, las prestaciones más beneficiadas son las más elevadas. La otra fórmula consiste en un pago único de 5.000 euros y 12.500 euros, según recoge el blog de pensiones del BBVA.
La cuantía del capital se calcula de acuerdo a estas fórmulas, variando el mismo en función de los años de cotización acreditados en la fecha en que se cumplió la edad de jubilación ordinaria y beneficiando aquellos casos en los que se cuenta con más de 44 años y medio de cotizaciones. La ley establece un porcentaje adicional del 2% por cada año trabajado una vez cumplida la edad legal para quienes acrediten un periodo inferior a 25 años, del 2,75% si el período se encuentra entre 25 y 37 años, y del 4% para quienes tengan más de 37 años cotizados. Este porcentaje se aplica a la base reguladora a partir de la cual se obtiene la cuantía final de la pensión, que no podrá exceder el límite máximo.
Dos de cada diez pensiones de jubilación no llegan al umbral mínimo fijado por ley, que en el año 2022 se ha establecido en 890,5 euros -en 14 pagas-
Sin embargo, si la pensión supera el límite sin aplicar el porcentaje anterior o aplicándolo parcialmente, el beneficiario tendrá derecho a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá teniendo en cuenta dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión. Esta cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en 14 pagas. Eso sí, este importe y la pensión en suma no podrá superar el tope máxima de la base de cotización vigente, que ya está muy por encima del límite de la pensión.
En el otro extremo, dos de cada diez pensiones de jubilación no llegan al umbral mínimo fijado por ley, que en el año 2022 se ha establecido en 890,5 euros -en 14 pagas- para aquellos retirados con cónyuge a cargo y en 721,6 euros, para los que no tienen cónyuge a cargo. Según la estadística de pensiones publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi 1,3 beneficiarios de prestaciones de retiro está por debajo de esas cantidades, todavía muy alejadas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se sitúa en 1.000 euros. La situación de estos pensionistas contrasta con un número muy importante que estará cobrando más del triple durante toda su vida de jubilado, en torno a dos décadas. Las cotizaciones mínimas, pero sobre todo los años que se aportó dinero a la Seguridad Social, son determinantes de esta situación.
Para complementar las prestaciones contributivas más bajas, el ministerio que dirige José Luis Escrivá dedica cada mes casi 500 millones de euros. En el caso de las de retiro, se debe aportar una media de 232 euros a cada uno de estos pensionistas. En total, un 22,5% de los beneficiarios de prestaciones de viudedad, jubilación, orfandad e incapacidad permanente -2,2 millones- requieren aportes extras para obtener una pensión mínima, que predominan entre los autónomos, que mayoritariamente cotizan muy por debajo de la media. Una de cada cuatro prestaciones de viudedad están por debajo de los umbrales previstos y requieren un complemento medio de más de 253 euros. Mientras, hasta un 11% de los ciudadanos retirados llega a la edad de jubilación con una pensión inferior a 500 euros -justo la mitad del SMI- y un porcentaje prácticamente idéntico lo hace con un prestación superior a 2.500 euros.
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