La situación económica de Europa está dejando un aluvión de descontento entre los ciudadanos por la pérdida de poder adquisitivo que ha desencadenado la presión inflacionista. La insatisfacción por esta coyuntura ha dejado Europa regada de huelgas, protestas y manifestaciones, y es especialmente grave en el caso de Reino Unido, que tras el Brexit está lidiando con un grave problema de subida de los precios. El IPC subió dos décimas en diciembre hasta el 10,5%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS), por lo que permanece en máximos de 40 años, con los alimentos, productos básicos en la cesta de la compra de cualquier familia, presionando con fuerza al alza.
En la Eurozona la situación es ligeramente mejor, con una inflación que se ha moderado en el 9,2% en diciembre del 2022, según datos de Eurostat. Esta cifra sigue siendo elevadísima si consideramos que antes de la pandemia, la inflación se situaba en un 0,9% (diciembre del 2019) y había permanecido prácticamente estancada -llegando a colocarse incluso en negativo- a lo largo de la última década. Sin embargo, el descontento también se percibe en las calles.
El principal problema al que se han enfrentado los europeos el último año ha sido el alza en los precios de la energía agravado tras la invasión rusa en Ucrania que, a pesar de los esfuerzos por parte de los gobiernos, ha afectado gravemente a productores y consumidores, repercutiendo en la desaceleración de toda la economía. La de la Eurozona y la de la Unión a Veintisiete apenas crecieron un 0,3% en el tercer trimestre del año pasado, el último para el que la oficina de estadísticas europea dispone de datos.
El caso de Reino Unido: un millón de días de trabajo perdidos
Reino Unido se ha visto paralizado por una nueva serie de protestas en las últimas semanas por parte de los trabajadores del sector sanitario, que exigen una revisión salarial que compense el aumento de los costes de la vida y por el desabastecimiento causado por su salida estrepitosa de la UE sin plan de futuro. Esa salida ‘a las bravas’ se ha visto agravada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Según estimaciones de la ONS, Reino Unido habría perdido alrededor de un millón de días de trabajo solo con las huelgas del pasado diciembre.
Ante este panorama huelguista que no se daba desde los tiempos de Margaret Thatcher, el secretario comercial de Reino Unido, Grant Shapps, confirmó a principios de año que el gobierno de Rishi Sunak ya está preparado para presentar el proyecto de una ley “antihuelgas” al parlamento. Los sindicatos ya han mostrado su negativa ante una ley que consideran un ataque directo a los derechos democráticos. Además, han advertido que de aprobarse la normativa podría provocar un efecto en cadena no deseado.
Lejos de relajar el clima de protesta, el pasado lunes los sindicatos británicos Unite y Unison anunciaron el inicio de nuevas paros de los trabajadores de ambulancias. Los miembros de Unison están en huelga en cinco servicios de ambulancia del Reino Unido y dos hospitales en Liverpool, mientras que los miembros de Unite están en huelga en West Midlands, North West, North East, East Midlands y Gales.
La semana pasada varios sindicatos, incluidos los de conductores de trenes y trabajadores médicos, ya habían anunciado una nueva ola de huelgas en febrero y marzo. Se prevé que la convocatoria más grande en la historia del NHS tenga lugar el 6 de febrero con paramédicos y enfermeras en el trabajo.
El gobierno de Sunak no solo se enfrenta a la creciente fuerza de los sindicatos ingleses, también tiene que afrontar la marea de apoyo por parte de los ciudadanos y es que más del 50% de la población inglesa entiende y apoya las huelgas por parte del sector sanitario (enfermería, personal de ambulancias), bomberos, profesores y el personal de correos.
Protestas también en Francia, Italia y Alemania
En Francia, la situación es extremadamente tensa desde que el gobierno puso sobre la mesa la reforma de pensiones. La rama de energía de la CGT, que ya se había visto envuelta en las protestas contra el Gobierno de Emmanuel Macron al impedir el suministro de combustibles en tres refinerías, ha vuelto a la carga. El sindicato francés convocó una huelga de 48 horas a partir del pasado 26 de enero, otra acción de 72 horas para el 6 de febrero y una jornada multisectorial el 31 de enero.
El panorama al que se enfrenta Olaf Scholz no es mucho mejor, con el sector agrícola en las calles denunciando el aumento en los precios de los combustibles y las políticas del gobierno alemán, que, según los agricultores, están dando lugar a que multinacionales sobreexploten los recursos naturales, a la vez que los productores se ven impedidos de vender sus productos en un mercado que tiende a la concentración.
La semana pasada cientos de agricultores y ecologistas se manifestaron en Berlín, frente a la histórica Puerta de Brandenburgo, demandando al Gobierno de Scholz una política agrícola y alimentaria justa. Los manifestantes exigieron que se garantizaran precios justos al productor, además de incrementar la asistencia social y el apoyo a todos aquellos que practiquen la agricultura respetuosa con el medio ambiente.
En Italia el ambiente también está caldeado . Los sindicatos de las gasolineras anunciaron una huelga (que después ha sido desconvocada) en protesta por las medidas ante el encarecimiento de los carburantes y por lo que consideran una campaña de difamación en su contra, ya que Giorgia Meloni les obligará a partir de ahora a mostrar junto al precio de la gasolina o del gasóleo el valor medio diario del combustible.
Además, el país ha reprochado al Gobierno italiano que no se renovara la reducción de 18 céntimos en los impuestos especiales aplicados en cada litro de carburante, una medida que fue introducida hasta el 31 de diciembre por su anterior presidente, Mario Draghi, y que la propia Meloni se había comprometido a mantener.
Sánchez se libra, de momento, del descontento general
En España la situación es algo distinta. Es cierto que sí que hay huelgas en marcha, como la de los médicos de Atención Primaria que exigen subidas salariales frente el déficit de médicos en el sector público o la excesiva carga horaria. Sin embargo, no se ha producido una oleada de protestas como las que sí están sufriendo algunos de nuestros vecinos.
Una parte de esta ausencia de conflictividad tiene que ver con todos los acuerdos que patronal y sindicatos firmaron en el peor momento de la pandemia, cuando la economía cerró a cal y canto. Además, otras políticas como el descuento de 20 céntimos en la gasolina y el gasóleo, la reducción del IVA en productos de primera necesidad, las ayudas a los afectados por los ERTE durante la pandemia o la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.050 euros mensuales también tendrían que ver, según los expertos. Sin embargo, si la pérdida de poder adquisitivo persiste, el descontento de los españoles podría ir a más.
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