Tras la declaración de Juan Carlos I

Monedero, Pujol o los Botín: otros casos de regularización fiscal con Hacienda

El Rey emérito se suma a una lista que integran políticos, banqueros o deportistas, que también tuvieron que pagar al Fisco para evitar que se les abriera una causa por fraude fiscal.

El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo (Foto de ARCHIVO) 8/4/2012
El Rey Juan Carlos, en una imagen de archivoEl Rey Juan Carlos, en una imagen de archivo (Foto de ARCHIVO)8/4/2012
EUROPA PRESS

El Rey emérito no ha sido el primero. Regularizar dinero que no había sido declarado con Hacienda es una práctica habitual, a la cual puede acceder cualquier contribuyente a través de una declaración voluntaria. Un trámite con el que se intenta evitar una posible denuncia de fraude fiscal que pueda desencadenar en un proceso judicial, como ha ocurrido con Juan Carlos I. Pero los que trascienden suelen corresponder a personajes conocidos, que pertenecen a ámbitos tan dispares como la política, el mundo financiero o el deporte. Y que deciden admitir ante el Fisco que no habían comunicado una serie de cantidades en su poder que, en casi todos los casos, son de cientos de miles de euros. 

Dentro del mundo político, la regularización que más eco tuvo en los últimos fue la que llevó a cabo el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Y que es muy parecida a la del Rey emérito. El politólogo y profesor universitario admitió ante Hacienda que disponía de 425.000 euros que no había declarado previamente, para así evitar que se le abriera un expediente que le hubiera generado problemas legales. Este dinero lo percibió por sus asesorías políticas en Bolivia, Nicaragua o Venezuela, y lo facturó a través de una sociedad llamada Caja de Resistencia Motiva 2. Después de que varios medios publicaran que disponía de estos fondos, Monedero regularizó estas cantidades ante la Agencia Tributaria. Algo que hizo a través de dos declaraciones complementarias, que le permitieron esquivar un posible proceso penal. 

La situación fiscal de Monedero se conoció gracias a la prensa. Y otras llegaron después de que los conocidos como 'whistleblower' desvelaran información comprometida sobre otras personalidades. Es lo que le ocurrió a la familia Botín, la saga de banqueros que tuvo que regularizar su situación tras conocerse que estaban dentro de la 'lista Falciani'. El ya fallecido Emilio Botín, sus hermanos y los hijos de todos ellos presentaron en 2011 una declaración para aflorar hasta 200 millones de euros que tenían en cuentas suizas. La cantidad correspondía a la herencia que les dejó el padre de Botín y abuelo de la actual presidenta del Santander, Ana Botín, que huyó al país helvético en 1936 cuando estalló la Guerra Civil. La Audiencia Nacional llegó a empezar a investigarles por este motivo, pero finalmente archivó la causa tras haber procedido a la regularización.

Otra saga familiar también tuvo los mismos problemas. Aunque, en este caso, pertenecía al mundo político. Se trata de los Pujol, que con el expresident de la Generalitat de Cataluña a la cabeza admitieron al Fisco que tenían depositado dinero en el extranjero para que así constara ante la Agencia Tributaria. Y de paso, evitar los posibles reproches penales. Por ello, anunciaron que declaraban dos millones de euros. Los fondos también correspondían a una herencia que estaba radicada en Andorra, la cual fue legada a la familia por el padre de Jordi Pujol, Florenci Pujol. Junto al expresident regularizaron su esposa, Marta Ferrusola, y cuatro de sus siete hijos. Pero esto no supuso más que el comienzo de los problemas para la familia, ya que las investigaciones sobre ésta han acabado con un procesamiento en la Audiencia Nacional por organización criminal. 

Otros casos: de la amnistía fiscal al proceso judicial

En medio de las regularizaciones que se han producido en estos años, hubo una fórmula especial que facilitó que muchos fondos en el extranjero fueran declarados en España. Es lo que ocurrió con la amnistía fiscal que impulsó el exministro Cristóbal Montoro, por la que centenares de personas declararon sin ser sancionados las cantidades que ocultaban a la Hacienda pública. La lista es confidencial, pero investigaciones periodísticas, sentencias o distintas investigaciones judiciales han permitido conocer algunos de los nombres. 

El que más resonó en su día fue el de Rodrigo Rato, que fue uno de los 705 nombres que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó en un listado que facilitó al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). Otros que aprovecharon esta vía fueron los exdirigentes del PP Luis Bárcenas y Francisco Granados, el empresario Fernando Martín, el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa o el exsocio de Iñaki Urdangarin dentro de la trama Nóos, Diego Torres.

Pero no todas las personas conocidas que contaban con dinero no declarado al Fisco se anticiparon a posibles procedimientos o incluso investigaciones judiciales por fraude fiscal. De hecho, muchos de ellos han tenido que pagar multas millonarias después de no admitir que tenían esos fondos o porque lo que debían regularizar ya estaba siendo examinado por la Agencia Tributaria. Todos ellos han admitido su culpabilidad. En estas circunstancias se han visto inmersos un número considerable de deportistas. La mayoría, futbolistas, que han acabado llegando a acuerdos extrajudiciales con Hacienda una vez había comenzado el proceso judicial. 

En la lista hay varios muy conocidos, como Cristiano Ronaldo, Messi, Marcelo, Diego Costa o Modric. Algunos de ellos, incluso llegaron a ser condenados a prisión, pero con penas que evitaban que ingresaran en la cárcel. Hay otros jugadores a los que aún se está investigando, como es el caso de Neymar, que incluso aparece en la lista de morosos de Hacienda. Pero en lo que respecta al brasileño, el club que le trajo a España, el FC Barcelona, ya tuvo que pactar una regularización de cinco millones con la AEAT por los delitos fiscales de su fichaje. La excepción fue la del excentrocampista del Real Madrid Xabi Alonso, que fue a la batalla judicial por los cinco millones de fraude que le achacaban. Y aunque fue absuelto, la Abogacía del Estado recurrió.

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