El Gobierno encara 48 horas de alta tensión. La reforma laboral está en vigor desde el día 1 de enero, pero este jueves debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados y los socios de la coalición todavía no han conseguido amarrar los apoyos suficientes. Con este panorama, que deja abierta la puerta a prácticamente cualquier escenario, el presidente Pedro Sánchez viaja este martes a Dubái acompañado de una comitiva de alto nivel, dada la relevancia económica de la Expo en la que España aspira a despertar un gran apetito inversor, por lo que irán en el avión oficial una decena de consejeros delegados de varias de las empresas más importantes del país y un convidado estratégico como es el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Garamendi compartirá tiempo -y reflexiones- con Sánchez en un momento clave, en vísperas de que el Parlamento decida sobre el futuro de la reforma laboral acordada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. El presidente de la CEOE aprovechará la ocasión para recordarle al jefe del Ejecutivo que si el texto publicado en el BOE sufre cualquier tipo de alteración como consecuencia de las negociaciones con los socios parlamentarios, se bajará del acuerdo, lo que dejaría en muy mal lugar a España a ojos de Bruselas, que ha valorado positivamente que una de las reformas más importantes del Plan de Recuperación español haya salido adelante con consenso social.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene su habitual optimismo en este tipo de conversaciones entre bambalinas y confía en convencer al bloque de la investidura. Si esa estrategia no fructifica, Moncloa tiene 'plan b': la vía Ciudadanos, pero necesitaría sumar a otros grupos minoritarios que aún no se han posicionado de manera clara. El problema del 'plan b' es que deja en una situación muy complicada tanto al Gobierno de coalición de cara a convalidar su agenda reformista en lo que queda de legislatura como a la propia Díaz, que se juega apoyos clave a su futuro proyecto político si saca adelante su reforma laboral con la derecha.
Todas las opciones siguen abiertas. Las negociaciones las está pilotando Yolanda Díaz, pero todo el Gobierno está coordinado. Así lo aseguraba el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, este lunes, y lo corroboran fuentes gubernamentales que avanzan que los contactos entre Sánchez, Díaz y Bolaños van a ser constantes durante el tiempo que el presidente del Gobierno permanezca en Emiratos Árabes Unidos. El 'teléfono rojo' va a funcionar 24/7, para garantizar que la comunicación fluye en un asunto clave como es la convalidación de la reforma laboral.
Los contactos no se están produciendo exclusivamente entre Díaz y su número dos, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los socios parlamentarios habituales, sino que el ala socialista del Gobierno también habla con los de Inés Arrimadas para amarrar esa vía como segunda opción. El propio Bolaños, además, visitó a Garamendi este lunes para presentarle el Plan Anual Normativo de 2022, y por supuesto abordaron el estado de situación de la reforma laboral. Y este martes hará lo propio con los líderes sindicales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.
El ministro de la Presidencia está trasladando tranquilidad a los agentes sociales y garantizando que el pacto que firmaron a finales de diciembre no será modificado en el Congreso de los Diputados. Para ello, el Gobierno trata de evitar a toda costa que el real decreto ley se tramite como proyecto de ley, lo que permitiría a los grupos introducir enmiendas. Una de las opciones que se están trabajando con ERC, Bildu y el PNV pasa por acordar con ellos una segunda reforma laboral para desarrollar en lo que queda de legislatura, introduciendo, por ejemplo, modificaciones normativas en otras leyes de ámbito laboral o intensificando las labores de la Inspección de Trabajo.
Pero en la patronal toda esta negociación entre bambalinas huele a chamusquina. Los empresarios ya expresaron su malestar cuando Díaz introdujo cambios en materia laboral 'por la puerta de atrás', aprovechando la actualización del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo. Por eso, permanecen alerta y advierten al Ejecutivo de que si toca una sola coma del acuerdo, aunque sea en normativas paralelas, será considerado como una traición que complicaría su apoyo en reformas venideras. Tan pronto como el próximo lunes, día 7, arranca la negociación para la subida del salario mínimo y desde la CEOE advierten: "No firmaremos un cheque en blanco".
El Gobierno ya ha intentado carambolas extrañas con la reforma laboral en varias ocasiones. Hay que recordar que el acuerdo de coalición decía literalmente: "Derogaremos la reforma laboral". Posteriormente, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto con Bildu en el que se comprometieron a la derogación "íntegra" de la normativa de 2012. Después fue modificado por la parte socialista, que suavizó esas intenciones, pero la palabra "derogar" volvió a aparecer en el documento de paz que impuso Pedro Sánchez cuando la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se 'coló' en la negociación con los agentes sociales. Fue un pacto semántico, porque la opción real de derogar la ley del PP nunca ha estado sobre la mesa y los socios de investidura lo saben, pero en su papel político y parlamentario insisten en modificar aspectos nucleares de la normativa que el Gobierno no puede aceptar porque pondría en riesgo la recepción de los fondos europeos.
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