El Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, encara un debate de investidura en el que presentará su proyecto de país para los próximos cuatro años, con la economía como uno de los principales ejes vertebradores. No es para menos, teniendo en cuenta que de aquí al 31 de agosto de 2026 España tendrá que haber desplegado el grueso de los fondos Next Generation. Este proceso convivirá con la necesaria consolidación fiscal para reconducir una deuda y un déficit que tendrán que ceñirse de nuevo a los objetivos marcados por la reforma en ciernes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. Consolidación que pasará también por la retirada de las medidas extraordinarias contra la crisis.
A nivel interno, el pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE y los acuerdos de investidura con los nacionalistas abocan a una reforma fiscal que servirá de eje para construir el nuevo modelo de financiación autonómico, una de las promesas electorales incumplidas tanto la pasada legislatura como las cuatro anteriores. El sistema de reparto actual caducó en 2014 y ni los ejecutivos de Mariano Rajoy ni los de Sánchez han logrado aprobar uno nuevo que ponga fin a las críticas de las autonomías de uno y otro signo político al texto vigente (ya sea por entender que están mal financiadas o por considerar que este no ayuda a mitigar los problemas derivados de la dispersión de la población, entre otros). La presión de los socios de Gobierno servirá de acicate para desatascar esta reforma.
Las negociaciones que han forjado los compromisos de los socialistas con hasta ocho partidos se traducirán en un apoyo mayoritario a la investidura de Sánchez previsiblemente en la primera votación del jueves. Entonces el líder socialista contará con el respaldo de los 121 diputados que el PSOE obtuvo en las elecciones del 23 de julio, de los 33 de Sumar, así como de los de ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1). Son un total de 179 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta, que le permitirán alcanzar la presidencia cuarenta y cuatro días después de recibir ese encargo del jefe del Estado, el rey Felipe VI, y once días antes de la fecha límite del 27 de noviembre que obligaría a repetir las elecciones.
Nuevas reglas fiscales y la regulación de la inteligencia artificial
A partir de ahí las fuentes consultadas esperan que Sánchez anuncie a la mayor brevedad los nombres que conformarán el nuevo Gobierno de coalición. La incógnita principal será si mantiene de forma temporal a Nadia Calviño al frente de Asuntos Económicos. La vicepresidenta primera en funciones cuenta con el apoyo de Alemania en su carrera para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a partir de enero, tal y como avanzó El País.
Sin embargo, a mes y medio de que culmine la presidencia española del Consejo Europeo, su ministerio tiene importantes retos a corto plazo, como tratar de sacar adelante la reforma de las reglas fiscales (el Gobierno de Berlín también ve posible un acuerdo antes de final de año) y aprobar el reglamento europeo de uso de la inteligencia artificial, una normativa pionera. Antes, España está en disposición de solicitar a Bruselas el cuarto pago de los fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros, lo que con toda probabilidad sucederá una vez que se haga efectiva la investidura de Sánchez.
"No tenemos ninguna actualización que compartir sobre el desembolso del cuarto pago. Depende de las autoridades españolas presentar la solicitud para el cuarto pago", apuntaba un portavoz de la Comisión Europea a este diario a finales de la pasada semana. Tras la aprobación por parte de los Veintisiete de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la legislatura estará marcada por la puesta en marcha de la segunda fase del mismo a través de los doce fondos que canalizarán los 83.200 millones de euros de préstamos en condiciones ventajosas a los que opta el país.
Asuntos Económicos ha venido trabajando en este escenario pese a la situación de interinidad, como también lo ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda en la elaboración de las cuentas públicas de 2024. En el departamento que encabeza María Jesús Montero contemplan una prórroga 'mínima' de los Presupuestos Generales del Estado. Lo ajustado de los plazos hace muy improbable que el proyecto pueda llegar al Congreso de los Diputados antes de final de año, puesto que aún está pendiente de aprobación el techo de gasto.
Las hipotecas y defensor del cliente financiero
Durante la tramitación de los Presupuestos prácticamente se paraliza el resto de la actividad en el Congreso, donde quedaron en el limbo alrededor de medio centenar de leyes y proyectos al disolverse las Cortes por el adelanto electoral. Desde la ampliación del alcance del Código de Buenas Prácticas para las familias con hipotecas -una iniciativa clave cuando el propio Banco Central Europeo ha reconocido que los tipos de interés se mantendrán altos por más tiempo del previsto-, a la Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Esta última, otra de las apuestas claras de la vicepresidenta Calviño, contempla la creación de una nueva agencia de supervisión para unificar los criterios a la hora de gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. En el grupo de leyes que quedaron en el aire y que fijan la senda económica de la legislatura se encuentran también la de Representación Paritaria en los órganos de decisión (políticos, empresariales...), así como la Ley de Función Pública, con una evaluación del desempeño de los empleados públicos como incentivo, y la que por primera vez en España regulará las relaciones de los 'lobbies' y los altos cargos públicos.
