España está a la espera de que la Comisión Europea verifique que ha cumplido todos los hitos y objetivos ligados al cuarto pago de los fondos europeos Next Generation, de 10.000 millones de euros, y haga efectivo ese desembolso, con toda probabilidad, a principios del año que viene. La solicitud se produjo esta misma semana, con medio año de retraso respecto a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ante el adelanto electoral y las dificultades que ha supuesto la formación de un nuevo gobierno.
Al quinto pago, que debería solicitarse a lo largo del primer semestre del año que viene, le espera un calendario muy complejo, marcado por la aprobación de los presupuestos, que están en pleno proceso de elaboración, por la reforma fiscal necesaria para que se produzca ese desembolso y por la coincidencia de todo este proceso con las elecciones europeas, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, con el consiguiente parón legislativo ya desde antes de esa fecha.
Sólo la tramitación de las cuentas del año que viene, que el ministerio de Hacienda pretende aprobar lo antes posible, van a llevar como mínimo todo el primer trimestre -y probablemente algunas semanas más, confirman las fuentes consultadas-. El Gobierno tiene que salvar aún el escollo de la votación de los objetivos de estabilidad (el reparto del déficit entre administraciones) en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y capacidad de bloqueo. Su rechazo a la nueva senda tendría, sin embargo, consecuencias negativas.
De no recibir el visto bueno, autonomías y ayuntamientos deberán ceñirse a los objetivos incorporados en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas en abril, puesto que ese documento es el que vincula al España con la Comisión Europea. Sin embargo, los nuevos objetivos son menos exigentes que los que incorporaba aquel documento, por lo que los ejecutivos autonómicos se verían perjudicados -y el PP gobierna en once de los diecisiete-. En vez de contar con una décima de déficit, tendrían que acabar el año próximo con sus cuentas en equilibrio.
El impacto de un correcto despliegue de los fondos UE
El Banco de España y otros organismos han dejado muy claro hasta qué punto el correcto despliegue de los fondos europeos va a ser importante para una economía española en plena desaceleración y en la que, se espera, el consumo de los hogares vaya perdiendo fuerza los próximos trimestres. El frenazo de nuestros principales socios comerciales y el hecho de que los tipos vayan a permanecer altos más tiempo del previsto no ayuda. La entidad sostiene que, si se aprovechan al máximo tanto los fondos de la UE como las reformas estructurales, el crecimiento potencial de la economía española, situado ahora en el 1% de manera inercial, podría pasar al 2% en los próximos años
De momento, Italia podría ser el primer país en solicitar antes del 31 de diciembre el quinto tramo de los NGEU, por valor de 10.500 millones, tras haber verificado Bruselas que ha cumplido los 52 objetivos vinculados al cuarto, que asciende a 16.500 millones. El gobierno de Giorgia Meloni espera recibir ese desembolso a finales de año, informa EFE.
Para España ese momento está más alejado. El PSOE y Sumar incluyeron la reforma fiscal -que Europa exige para desembolsar el siguiente tramo- dentro de su pacto para un gobierno de coalición. Las divergencia de opiniones entre los socios hace prever una negociación compleja. Y está el hecho de que la oposición presiona, también, para que Moncloa recoja de una vez por todas el guante de la financiación autonómica que, en principio, debería ligarse también a la reforma tributaria.
A la espera del cuarto desembolso, de 10.000 millones
El Gobierno cumplió prácticamente 'in extremis' el último hito de reforma, que mantuvo paralizada la presentación de la solicitud del cuarto pago hasta el pasado miércoles 20 de diciembre, tras la celebración del último consejo de ministros del año. Fue la reforma del subsidio por desempleo, sobre el que existían discrepancias entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo. El Ejecutivo logró que otro de los hitos pendientes, la aprobación de la Ley de Función Pública, se suavizase, de forma que la Comisión sólo se exige la adopción de medidas sobre este ámbito a través de Real Decreto Ley que también acaba de aprobarse.
El pasado jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, reconoció que ha habido convocatorias de los fondos que han quedado desiertas en diferentes comunidades autónomas, por lo que les pidió "más voluntad" para aprovechar estos recursos. En concreto, Calviño se mostró preocupada por los diferentes ritmos de ejecución entre autonomías, con especial mención a las gobernadas por el PP.
"El ritmo de ejecución es muy diferente y hay algunas comunidades autónomas que no han tenido una voluntad fuerte de aprovechar los fondos europeos", lamentó Calviño. En concreto, aprecia una "notable falta de capacidad a la hora de ejecutar" los proyectos por parte de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno. Así, aseguró que la región sólo ha asignado el 55% de los fondos que le han sido transferidos por parte del Estado.
