El próximo martes el Instituto Nacional de Estadística hará público el dato avanzado de inflación de noviembre. La primera parte de la reforma de las pensiones, aprobada a finales del año pasado, volvía a ligar su revalorización al IPC (a la tasa media registrada entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022). Si se cumple la previsión del Gobierno, la subida será del 8,5%, lo que podría suponer un coste extra para el Estado de algo más de 12.700 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo fiscalizador estima que cada punto adicional de inflación conlleva un sobrecoste de 1.500 millones.
Este esfuerzo se acometerá en un momento de tensión creciente para el Sistema, que ve cómo la cuantía de la nomina marca nuevo récord mes a mes, y cuando muchas voces reclamaban que las pensiones máximas se sumasen también al pacto de rentas por el que ha venido apostando el Gobierno y que, según avanzó 'La Información' a estas alturas sería prácticamente inalcanzable. En noviembre el gasto en pensiones rozó los 11.000 millones de euros, tras elevarse un 6,16% interanual. Siete de cada diez euros de esa cantidad fueron a pagar directamente las jubilaciones (7.914 millones de euros).
El gasto público se encuentra en una tendencia ascendente y alcanza niveles inéditos. Bien es cierto que el aumento de los ingresos tributarios gracias al alza de la inflación, al avance de la actividad en el primer semestre y a la mejora de los datos de empleo (entre julio y septiembre se alcanzaron los 20.545.700 de ocupados según la EPA, la cifra más alta desde 2008 y muy próxima al récord histórico registrado en 2007) están permitiendo rebajar el déficit, que podría cerrar el año por debajo del 5% que el Ejecutivo se había fijado como referencia.
El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández De Cos, advertía esta semana de los retos derivados del envejecimiento poblacional, que presionan con fuerza algunas partidas de gasto público a medio plazo, como es el caso de la Sanidad y, sobre todo, de las pensiones. "Creo que todos estamos de acuerdo que la corrección de desequilibrio macroeconómico va a tener que ser una de las prioridades de la próxima década", apuntaba en el marco de una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE).
La indexación de las pensiones a la inflación supondrá una mayor presión sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo si no se adoptan medidas compensatorias, como el aumento de las penalizaciones por jubilación anticipada para reducir la diferencia entre la edad de jubilación efectiva y la legal (la primera sigue estando por debajo de la segunda, en los 64,8 años, de acuerdo con los datos del departamento que encabeza José Luis Escrivá). Es la tesis que sostiene Jakob Suwalski, director de calificaciones soberanas de Scope Ratings. En la agencia de calificación europea hacen hincapié en que el gasto público de España se encuentra en una tendencia ascendente y alcanza niveles inéditos.
El desequilibrio del Sistema podría alcanzar 25.000 millones
En el caso de la Seguridad Social y de cara al año que viene, el principal factor de aumento del gasto será, por tanto, la revalorización de las pensiones contributivas con el aumento del número de pensionistas y de la pensión media, y existe el temor de que ese alza podría desbordar las previsiones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado, como explican desde Funcas o Fedea. Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de la fundación y catedrático de la Universidad de Zaragoza, recuerda que en 2023 se aplicará por primera vez una cotización adicional del 0,6% sobre la base de contingencias comunes, la correspondiente al denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (por el lado de los ingresos).
La separación de fuentes entre prestaciones contributivas y no contributivas para cumplir con lo acordado por el Pacto de Toledo y la contribución al equilibrio presupuestario se garantizan con las aportaciones del Estado, que ya representan más del 20% de los ingresos no financieros. Así, en la última edición de 'Cuadernos de Economía', Bandrés recuerda que el déficit nominal previsto será de 7.199 millones y se cubrirá con un nuevo préstamo del Estado. Sin embargo, el desequilibrio en conjunto del bloque contributivo del sistema de Seguridad Social podría alcanzar los 25.000 millones, el equivalente al 1,8% del PIB, según el experto de Funcas.
Desde Fedea consideran que el departamento de Escrivá infraestima en 2.800 millones el gasto en pensiones recogido en las Cuentas Públicas del próximo ejercicio. En un informe publicado recientemente, Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, ve "incoherente" que en un sistema que mantiene su saldo en negativo pese a haber inyectado una gran cantidad de dinero extra, y en el que está previsto en breve la llegada de la generación del 'baby boom' a la edad de jubilación, "se proceda a elevar todas las pensiones en un porcentaje muy elevado, que aumentará exponencialmente durante muchos años".
El debate coincide con el anuncio por parte del propio Escrivá de que la segunda pata de la reforma de las pensiones se tramitará por la vía rápida, como Real Decreto-ley, para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, en la fecha en la que España se comprometió a tenerla lista con Bruselas en el marco de su Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. En él se incluirá la modificación del periodo de cálculo (para adaptarlo a las nuevas carreras laborales y tener en cuenta también las lagunas de cotización) o el incremento de las bases de cotización máximas, de forma que los salarios más altos aporten más al Sistema. A ese alza seguiría en las próximas décadas el de la pensión máxima.
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