Las quejas de los ciudadanos sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el bono del alquiler joven no han parado de subir desde que se pusieran en marcha. Es lo que recoge el último informe presentado por el Defensor del Pueblo correspondiente a 2023 en el Congreso de los Diputados. La primera de las recomendaciones para revertir la situación que recoge el informe es garantizar que ambas prestaciones llegan a todas las personas que lo necesitan, para lo que se deberían acometer cambios organizativos y legislativos. En cuanto al IMV hay varias quejas a la hora de recibir la resolución, reclamaciones y verificar algunos puntos concreto de los requisitos. Respecto al bono de alquiler joven la queja de muchos solicitantes es que aún no han recibido.
El problema de las unidades de convivencia en el IMV
Las quejas por el IMV, en su tercer año de vigencia, ya se aproximan a 1.000 y el principal punto que critican los ciudadanos que lo solicitan está relacionado con la conformación de las unidades de convivencia. La acreditación de las personas que conviven depende de los datos disponibles en el padrón de población y se limita la aceptación de otros elementos de prueba válidos en derecho.
Como resultado de esta rigidez "se producen situaciones irrazonables y hasta injustas", como puede ocurrir en algunos casos de divorcio cuando se atribuye el uso exclusivo de la vivienda familiar a uno de los cónyuges pero el otro decide no empadronarse en su nuevo domicilio, lo que imposibilita la solicitud del ingreso mínimo.
También puede darse el caso de que conste empadronado en el domicilio de la unidad de convivencia un miembro de la familia que no reside en él: por ejemplo, por encontrarse cumpliendo condena en prisión o por tratarse de una persona mayor que ha sido trasladada a una residencia.
Regular las parejas de hecho para el IMV
Otra cuestión que no queda bien resuelta, según el informe del Defensor del Pueblo, es la regulación de las parejas de hecho no registradas o formalizadas, ya que podría darse la situación "paradójica" de que ambos integrantes, por separado, solicitaran el IMV y recibieran dos prestaciones individuales.
Así, el informe reconoce que se trata de una pluralidad de circunstancias sociales que la ley "tiene difícil poder abarcar" y por ello considera que los órganos llamados a gestionar la prestación deben disponer "de un mayor margen de interpretación y aplicación normativa" aunque "siempre garantizando la seguridad jurídica y la correcta gestión de los recursos públicos".
Quejas para solicitar la documentación que requiere el IMV
El Defensor del Pueblo ha recibido quejas de ciudadanos a quienes les resultaba imposible conseguir un certificado del ayuntamiento para acreditar determinadas situaciones, como el domicilio real de una unidad de convivencia, la inexistencia de vínculos de parentesco entre convivientes o la situación de riesgo de exclusión social de un solicitante que convive en el mismo domicilio con terceros.
El plazo de resolución, al alza
En en ránkig de quejas la primera es el tiempo que se tarda en resolver los expedientes en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si además es una reclamación porque se ha denegado el plazo todavía es mayor. Con la ley en la mano, el plazo dispuesto para la resolución de las solicitudes iniciales es de seis meses, "un período de tiempo excesivamente amplio" para "una prestación asistencial de estas características", por lo que debería recuperarse y respetarse el plazo inicial de tres meses.
Ponderación de vulnerabilidad para solicitar el IMV
Otras quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo se relacionan con la ponderación de la situación de vulnerabilidad económica de los solicitantes y los beneficiarios del ingreso mínimo o con la actualización anual de la prestación, que no se produce hasta los meses de noviembre y diciembre.
Así, el informe explica que en el caso de las resoluciones que deniegan la prestación, porque los ingresos del solicitante superan el tope de renta garantizada, no se ha conseguido que en ellas se detallen más precisamente los datos tributarios tenidos en cuenta. "Debiera incluirse información tributaria más pormenorizada, para garantizar el derecho de alegación y defensa en el procedimiento", añade el Defensor del Pueblo.
El bono al alquiler joven tampoco llega
El Defensor del Pueblo ha advertido también del elevado número de quejas que recibió en 2023 relacionadas con el Bono Alquiler Joven, ya que la gestión de estas ayudas por algunas consejerías autonómicas fue insuficiente y muchos solicitantes aún no la habían recibido meses después de solicitarla. Los problemas se han registrado en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, de acuerdo con la institución.
Según sostiene el Defensor del Pueblo en su informe anual, las administraciones autonómicas manifestaron que estaban desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y que no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo.
La institución señala que las quejas recibidas en el ámbito de vivienda a lo largo del año 2023 evidencian las dificultades que encuentra gran parte de la población para acceder a una casa dadas las condiciones del mercado del alquiler. A este contexto de elevados precios en el mercado libre se añade que el parque de vivienda protegida y de vivienda social es muy reducido.
Esta situación, ha agregado, afecta especialmente a personas jóvenes, hogares monoparentales, personas mayores, sobre todo mujeres, con bajos ingresos; a aquellos que durante la pasada crisis económica o durante la pandemia perdieron la vivienda; y a las personas sin hogar.
