Puigdemont prioriza la desjudicialización del 1-O y relega las demandas económicas

El expresident catalán y líder de facto de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha fijado este martes las tres condiciones de partida que deben cumplir "los dos grandes partidos españoles" si quieren iniciar una negociación para reunir los apoyos de los siete representantes con los que la formación independentista cuenta en el Congreso de los Diputados. El político exiliado desde el 1-O en Waterloo ha comparecido desde Bruselas para transmitir tres requisitos iniciales: el abandono de la vía judicial para dar respuesta al conflicto catalán, el reconocimiento de la "legitimidad democrática" del independentismo y el establecimiento de un mecanismo de garantías que realice un seguimiento de los acuerdos alcanzados, dado que anticipa que algunos como el uso del catalán en las instituciones europeas pueden conllevar una larga tramitación parlamentaria. 

"Si no se crean estas condiciones, no tendría sentido embarcarnos en una negociación posterior. Todas las precauciones son pocas", ha advertido Puigdemont que se ha dirigido en todo momento tanto al PP como al PSOE, tras la reunión de este lunes con Yolanda Díaz. Los nacionalistas catalanes consideran que estas conversaciones podrían dar lugar a un "acuerdo histórico", sin embargo, se muestran escépticos, dado que, como ha recordado el expresident de Cataluña existe una "enorme dificultad de encarrilar en una semana una negociación que se ha considerado innecesaria durante seis años". En este sentido, ha matizado que no están hablando de un pase para la legislatura, sino de un "acuerdo histórico como el que el Gobierno español no ha sido capaz de hacer realidad". 

La economía, clave en la futura negociación

Puigdemont, consciente de que el apoyo de sus diputados resulta determinante para hacer caer la balanza del lado de los socialistas o los populares, ha expresado que ahora les toca a estos preguntarse si están preparados para negociar con ellos "con todo lo que representan", para poder consolidar su liderazgo y lógicamente, desmontar al rival. Es por ello que no ha querido entrar en el listado de reclamaciones que transmitirían los catalanes al partido que decida dar un paso al frente y dar paso a la negociación de investidura, si bien ha dejado entrever que las cuestiones económicas jugarán un peso de calado en este tira y afloja. "Es evidente que hay un paquete de cuestiones materiales pendientes, Cataluña es un país rico, pero sus ciudadanos tienen muchas necesidades", ha espetado.

Entre otros elementos, el líder de Junts en el exilio ha hecho referencia al déficit fiscal que enfrenta cada año este territorio, el mal funcionamiento de algunos trenes, la elevada tasa de inmigración de Cataluña, los salarios insuficientes para afrontar el coste de la vida en una de las comunidades más ricas del país y en especial, lo insuficiente que resulta el último Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado junto a los sindicatos en 1.080 euros brutos en 14 pagas. Asimismo, se ha referido al precio de la vivienda, un bien al que los jóvenes no solo no pueden acceder en la modalidad de compra, sino que cada vez tienen más dificultades para costearse un alquiler o la "falta crónica de inversión" en ese territorio. 

"La lista es muy larga", ha apuntillado tras enumerar todos estos elementos, para los que entiende que no existe una solución democrática, dado que esta -como las ofrecidas con anterioridad- "no resolverá el problema de fondo". Así, Puigdemont cree que la única vía reposa en el reconocimiento de Cataluña como nación para hacer realidad lo expresado en las urnas del 1-O y convertirse en un estado independiente en forma de república. En este sentido, ha apuntado que "no existen impedimentos constitucionales" para llevar a cabo un referéndum, ni tampoco para elaborar la ley de amnistía, la cual entiende que debe abordarse desde un espectro amplio. 

El dirigente de Junts también ha detallado los agravios económicos que produjo en Cataluña la declaración del artículo 155 de la Constitución, la intervención de las instituciones catalanas y entiende que, en consecuencia, su economía, algo que terminarían pagando "todos sus habitantes". Ante este escenario entiende que la única vía factible es la independencia, puesto que la "experiencia acumulada durante décadas demuestra que no hay alternativa" y en el caso de haberla, defiende que sería responsabilidad de los políticos españoles demostrarlo por la vía de los hechos. Aunque, hasta conseguir este objetivo, defiende que la prioridad es acabar con la criminalización del 1-O, lo que a su parecer fue "una respuesta legítima del pueblo de Cataluña a todas las negativas a resolver el conflicto por parte de los representantes democráticos de los poderes del Estado".

Puigdemont cree que es justo que los miembros de su partido puedan dedicar "sus energías y recursos a su causa, como hacen otros proyectos políticos" para lo que percibe que es fundamental el abandono permanente de la vía judicial contra el independentismo. "El 1-o no va a ser un delito, ni las protestas masivas (...). Es una exigencia ética", ha defendido, tras lo que ha argumentado que la ley de amnistía debe "reparar una injusticia" y no "igualar a las víctimas de esas injusticias a sus victimarios". No obstante, asegura que la confianza con los partidos españoles está rota y reclama el seguimiento de lo firmado, para que no suceda como en otras ocasiones y se incumplan las promesas de inversiones en la economía catalana. "Solo dependen de la voluntad política", ha zanjado.