Las energías renovables llevan consigo un proceso de reindustrialización en el que durante los próximos años se levantarán distintos proyectos de producción de paneles solares, baterías, bombas de calor, electrolizadores o turbinas eólicas, así como de fabricación componentes esenciales diseñados y utilizados principalmente como insumos directos para la producción de estos equipo.
Bajo este escenario, los municipios que cuenten con plantas renovables tendrán muchas más posibilidades de que las empresas apuesten por ellos y se instalen allí. De hecho, uno de los criterios de puntuación que incorpora la primera convocatoria de ayudas para reforzar la cadena de valor de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas es que existan este tipo de plantas o tengan al menos la autorización en el pueblo o las zonas colindantes.
"La presencia de renovables en la zona va a ser cada vez más uno de los factores que condicionará la existencia de industria. Esta propuesta de convocatoria ya da pistas por donde van a ir las cosas. Tiene sentido que se prioricen estas zonas tanto por cuestiones de optimización de red como de política energética. Quien más renovables instale debe tener ventajas", señala a La Información el director de la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía (AVAESEN), Pedro Fresco.
Fresco, autor de Energy Fakes (Barlin Libros), subraya que las regiones industriales están muy retrasadas en la implantación renovable. "Se están equivocando. Si no se desarrollan las renovables no solo van a tener más difícil la llegada de nueva industria, sino que pueden ver cómo las nuevas factorías de empresas que hoy están en esos territorios se desplazan a otras zonas", advierte.
Partida de 750 millones para avanzar en la descarbonización
La orden por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatoria de ayudas a proyectos de cadena de valor y economía circular está todavía en audiencia pública -hasta el 15 de marzo-, pero, sin duda, sienta el precedente y marcará la pauta para convocatorias futuras. La dotación presupuestaria es de 750 millones de euros, financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El presupuesto mínimo de conceptos financiables para cada proyecto será de 50 millones de euros.
Los criterios sociales empiezan a coger así peso en las convocatorias para obtener dinero de los fondos europeos tras el crecimiento de las plataformas ciudadanas en defensa de los pueblos sin megaproyectos ‘verdes’. El propio Ministerio para la Transición Ecológica El MITECO organiza durante las próximas semanas nueve se ha lanzado en busca del apoyo local a las energías renovables con las ‘Jornadas de escucha y participación: Energías renovables y territorio’, que se celebrarán durante las próximas semanas para actualizar el conocimiento e identificar nuevas herramientas que faciliten la distribución social y ambientalmente justa de los beneficios ligados a la transición energética y la integración de las energías renovables en el territorio.
Reforzar la autonomía estratégica española
De este modo, desde la cartera que dirige Teresa Ribera destacan que el objeto de las inversiones es reforzar la autonomía estratégica española y europea en la cadena de valor de las renovables y el almacenamiento, así como el desarrollo del ecodiseño, infraestructuras, tecnologías, I+D+i e instalaciones y sistemas que faciliten la reducción, reutilización y reciclaje y/o revalorización de materiales.
También se valorarán los proyectos ubicados que se ubiquen en municipios de hasta 5.000 habitantes, o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos urbanos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes (municipios de reto demográfico); los proyectos que apliquen criterios de transición justa; los proyectos que justifiquen la creación de empleo y riqueza local, los proyectos que promuevan la igualdad de género y los proyectos que impliquen formación a nivel local.
Los tipos de proyectos susceptibles de ayuda son los que den inicio a una nueva actividad de producción en cualquier punto del territorio nacional; los que contengan ampliaciones de la capacidad de producción instalada en fábricas ya existentes, y los que propongan de reconversión de líneas. Plataformas como la de Alianza Energía y Territorio (Aliente) han nacido en los últimos años para luchar contra los grandes parques solares y eólicos. Asegura que el desarrollo masivo de instalaciones renovables a gran escala bajo un paradigma centralizado, en ausencia de políticas efectivas de ahorro y eficiencia de la energía, supone un grave riesgo con consecuencias irreversibles para la conservación de la biodiversidad y el paisaje.
