La cuestión viene de lejos. UGT presentó en marzo de 2022 una reclamación contra España al considerar que la normativa en materia de indemnización por despido improcedente no respetaba la Carta Social Europea. En noviembre de ese mismo año CCOO seguía los pasos del primer sindicato y presentaba una segunda reclamación en la que también hacían referencia al artículo 24 del escrito europeo que recoge el derecho a "indemnización adecuada o a otra reparación apropiada". Sin embargo, dos años más tarde, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) no ha remitido una resolución, lo que la asociación sindical liderada por Pepe Álvarez atribuye a los frenos puestos en marcha por el Ministerio de Justicia y ha llevado a la titular de Trabajo -favorable a introducir estos cambios- a tomar cartas en el asunto.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar situó entre las prioridades de esta legislatura la reforma de la indemnización por despido que quedó tasada en 20 días por año trabajado y en 33 días si era improcedente en la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 -antes fijada en 45 días en este caso-. De hecho, fue uno de los principales roces a la hora de cerrar el acuerdo de coalición con el PSOE en noviembre junto a la reducción de la jornada laboral, pero finalmente ambos socios pactaron "establecer garantías para las personas frente al despido", cumplir la carta europea y reforzar la causalidad para extinguir la relación laboral. No obstante, la responsable de Trabajo declaró que iba a esperar a conocer el parecer del organismo con sede en Estrasburgo antes de impulsar una reforma de la ley.
La reclamación de UGT fue admitida en julio de 2023 y el sindicato confiaba en tener la resolución del CEDS para finales de ese año o inicios de 2024, unos plazos que no se han cumplido. Álvarez aseguró tener constancia de que el Gobierno había frenado el proceso para evitar que llegase a término a través del Ministerio de Justicia, pero su titular, Félix Bolaños, rechazó estas acusaciones al ser preguntado al respecto por un diputado de ERC en el Congreso de los Diputados. No obstante, el representante de España ante el CEDS habría solicitado que apartase a una experta española del órgano de decisión, Carmen Salcedo, una recusación sin precedentes que ha llevado a la responsable de Trabajo a enviar un escrito a su compañero de Gobierno, según adelantó 'El País'.
El Ministerio de Justicia no ha respondido a las preguntas de este medio al respecto, pero este choque se une a la falta de consenso respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Díaz advertía este miércoles de que no han cerrado un pacto con el PSOE sobre las cuentas públicas minutos antes de que el presidente del Gobierno se comprometiera a presentar el texto en sede parlamentaria en las próximas semanas. El portavoz de la plataforma de izquierdas y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también apuntaba en este sentido el martes al instar a su socio a hacer permanentes los impuestos a la banca y las energéticas, extender los permisos de paternidad a 20 semanas, limitar los alquileres turísticos y elevar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) un 3%.
Está por ver el impacto que tendrán las elecciones autonómicas de Cataluña y el País Vasco en la agenda del Gobierno, así como los comicios europeos de junio, pero la redacción del acuerdo cerrado entre PSOE y Sumar en materia de despido es tan exigua que no garantiza que se vayan a traducir en la norma las demandas de los dos sindicatos mayoritarios. De hecho, el Ministerio de Justicia -antes encabezado por Pilar Llop- ya defendió en las alegaciones presentadas en Estrasburgo que España ya "resultaba compatible" con el artículo 24 de la carta europea, según defendió en el escrito al que tuvo acceso La Información.
Justicia cree que la ley respeta la carta europea
La raíz del problema, a ojos de los representantes de los trabajadores y de la propia ministra de Trabajo es el hecho de que el empresario pueda predecir el coste de un despido antes de tomar la decisión de cesar a un trabajador. No obstante, la Abogacía del Estado defendió que el método de cálculo basado en la antigüedad y el salario se aplica desde 1980, año en el que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Además, la representación de España en el 'pleito' instaba al CEDS a tener en cuenta este factor "de manera muy particular" por no haber modificado su sistema, a diferencia de otros estados. Frente a este criterio, UGT ha propuesto recuperar la indemnización mínima de seis meses para contratos de corta duración y de 45 días para el resto.
Existen varios precedentes en los que el Comité ha fallado a favor de los sindicatos, algo que hace que tanto UGT como CCOO estén confiados en que el resultado será favorable cuando finalmente se dé. No se trata de un tribunal, sin embargo, el hecho de que España ratificase la carta europea en 2021 hace que tenga que adecuar su normativa a lo que fije el comité, al haber adquirido este compromiso internacional. Es por ello que el departamento de Trabajo quiere tomar la resolución como punto de partida de la reforma del despido, a la que han instado los socios parlamentarios de ERC, EH Bildu y BNG y que propició el voto en contra de estas formaciones a la ley laboral de 2021 -en la que no se trató esta materia para llevar al acuerdo a CEOE-.
