PSOE y Sumar prolongarán la tensión con las empresas con más presión tributaria

La posible constitución de un segundo Ejecutivo de izquierdas si Alberto Núñez Feijóo no consigue ser investido, vuelve a dejar en el aire las relaciones del Gobierno con el empresariado español tras una legislatura muy tensa. Las consecuencias de la inflación, el rally de los tipos de interés, el crecimiento de los beneficios o la crisis energética han sido los argumentos esgrimidos por el Gobierno para cargar contra los empresarios en algunas ocasiones o para aumentar su carga impositiva. Una tendencia que continuará si se reedita un acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos ahora Sumar.

Aunque el tono de Yolanda Díaz es mucho menos agresivo con la empresa que el algunos miembros en Podemos y siempre enarbola la bandera del diálogo social lo que sí es posible es que abogue por poner en marcha las medidas de su programa, en busca de lo que denominan "una fiscalidad justa", concepto que forma parte del discurso de ambas formaciones progresistas; por lo que no parece que vaya a ser difícil convencer a Pedro Sánchez de ello.

Impuesto mínimo del 15% para multinacionales

PSOE y Sumar concuerdan en la necesidad de subir los impuestos a multinacionales y grandes empresas como forma de defender el "escudo social". En esta línea, el Gobierno ya inició la tramitación del impuesto mínimo global del 15% en plena salida de Ferrovial a Países Bajos, después de que la constructora de Rafael del Pino anunciase el cambio de su sede. Acordada por las economías del G-20 y adoptada por la Unión Europea, afectará a aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros y podría entrar en vigor el 31 de diciembre de 2023, con vistas a aplicarse en el ejercicio económico 2024. 

Pero los de Yolanda Díaz quieren ir más allá de este tipo mínimo y proponen una reforma en profundidad del impuesto de sociedades que parta del hecho de que ninguna gran empresa tribute por debajo de este 15%, independientemente de todas aquellas deducciones, exenciones, reducciones y beneficios a las que tenga derecho. Su plan incluye reducir todas estas minoraciones "que aumentan la complejidad del impuesto"; limitar las exenciones de dividendos y plusvalías procedentes de filiales o modificar la norma anti-deslocalización para definir mejor el concepto de 'paraíso fiscal', diferenciando entre países que cooperan en materia tributaria y los que no. 

Mantener los impuestos a banca y energéticas

El programa electoral del PSOE también incluye estudiar la prórroga de los gravámenes temporales a banca y energéticas, que podrían extenderse más allá de 2024. Sumar ha admitido su intención de mantener ambos mientras se tramite una nueva reforma del Impuesto de Sociedades. En cualquier caso, el que afecta a las energéticas estará supeditado a la "contribución solidaria temporal" aprobada por los estados miembros de la UE sobre los beneficios extraordinarios del petróleo, gas, carbón y refino, que podría acabar convirtiéndose en permanente. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya admitió en su día que se "retocaría" el tributo español para adaptarlo al europeo. 

Socialistas y Sumar también coinciden en la necesidad de "evitar la elusión y la evasión fiscales que realizan los grandes grupos económicos", y abogan por promover un pacto de estado contra el fraude fiscal en busca de "una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales". La plataforma de Díaz, además, reclama eliminar los gravámenes específicos para SICAVs (al 1%) y SOCIMIS (al 0%) e introducir el concepto de "fiscalidad verde" sobre sectores altamente contaminantes. 

El empresariado quiere un gobierno "proempresa"

A pocos sorprende la predilección de cierta parte del empresariado español por el programa electoral del PP, cuyo candidato, Alberto Núñez Feijóo, defendió la revisión del impuesto extraordinario a la banca, aunque admitió no poder hacer lo propio con el energético. Pero el dictamen de las urnas, que complica una investidura fácil de Feijóo, podría ampliar el período de complejidad en las relaciones institucionales después de que la precampaña haya estado llena de discursos a favor de un gobierno "pro-empresa". Quizás por ello no han tardado en llegar los comunicados de las mayores patronales del país, CEOE, CEPYME y ATA, que aglutinan al empresariado grande, mediano, pequeño y autónomo del país y se han pronunciado unas horas después de conocerse el resultado de los comicios. 

El comunicado de las dos primeras apela a garantizar "el mayor nivel de estabilidad posible", "la moderación necesaria" y que "prevalezca el sentido de Estado y el respeto al marco constitucional", una crítica velada a los probables socios de un nuevo gobierno de izquierdas: ERC, PNV o Bildu. No han dejado pasar la ocasión para pedir "que cesen definitivamente los ataques que han venido sufriendo desde el ámbito institucional" y "que se ponga en valor a las empresas españolas como generadoras de progreso social y económico", buscando dejar atrás críticas como las vertidas por cargos de Podemos como Ione Belarra o Pablo Echenique. 

Dejar de ser "la financiera del Estado"

El tono, aunque duro, diverge sustancialmente del mostrado por los empresarios durante la campaña. El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet reclamó recientemente una rebaja de la presión fiscal sobre las empresas, la disminución de las cotizaciones sociales y la reducción del impuesto de sociedades, una postura completamente distinta a la de la hipotética coalición de izquierdas. 

La institución cameral reclamó la urgencia de reducir la presión fiscal que soportan las empresas y fijar un tipo único del mencionado tributo. "Una de las prioridades, sea cual sea el Gobierno elegido en las urnas, debe ser llevar a cabo una política pro-empresa, que impulse un contexto propicio para el crecimiento, la transformación y la creación de empleo", señaló el pasado 13 de julio.

Otra voz crítica respceto al modelo fiscal vigente fue la del presidente de la patronal de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien llegó a asegurar que "los autónomos actúen como financiera del Estado". En un encuentro en campaña con el portavoz económico del PP, Juan Bravo, reclamó una bajada de las retenciones y pagos a cuenta del 15% actual al 10%, además de reducir los períodos de pago impositivo de cuatro (uno por trimestre) a dos.

"Es ilógico que, en pleno siglo XXI, con los avances que hay en inteligencia artificial e innovación, empresas y autónomos tengan que acudir cuatro veces al año a tener que justificar con Hacienda retenciones, pagos o ingresos a cuenta", aseguró entonces. Una vez celebrados los comicios, esta entidad ha sido más cautelosa que la CEOE y ha pedido "que se busquen todas las fórmulas necesarias para conformar un Gobierno estable y que genere confianza".