Vuelta a la casilla de salida, aunque con algunas incertidumbres más que en otras ocasiones (la inmediatamente anterior tuvo lugar en 2020 con las cuentas del Estado más longevas de la Democracia como protagonistas). La complicada aritmética parlamentaria que surgió de las elecciones del 23 de julio y el retraso del debate de investidura del candidato Alberto Núñez Feijóo a finales del mes que viene, los próximos 26 y 27 de septiembre, apuntan a una más que previsible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2024.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendía que la "voluntad" del Gobierno en funciones es aprobar el nuevo texto en "tiempo y forma" hace solo unas horas en declaraciones a TVE. Sus intenciones chocan de lleno con un calendario endiablado que deja con escaso margen de maniobra no solo a la Central, sino también a las demás Administraciones Públicas, que no cuentan con información suficiente para diseñar su política económica. A la vez, los gobiernos regionales, en concreto, pueden encontrarse ya con tensiones de liquidez nada más arrancar el nuevo año.
La prórroga presupuestaria implica que las autonomías de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas de financiación) ven congelados sus recursos hasta la existencia de un nuevo texto. Esto es, no van a ver actualizados los ingresos por las entregas a cuenta que el Estado debe abonarles por los impuestos compartidos (IRPF, IVA y especiales) ni por los fondos (Garantía, Suficiencia, Convergencia y Cooperación) que sirven para compensar a los territorios más desfavorecidos por el actual sistema. Este caducó en 2014 y viene generando notables desencuentros entre los territorios ya desde su aprobación.
La falta de esta liquidez, que supone de hecho ocho de cada diez euros del total de lo que las comunidades ingresan al año, puede suponer un problema para aquellas que se encuentran en una peor situación financiera, como es el caso de Cataluña o de la Comunidad Valenciana. La primera presenta el mayor volumen de deuda con los datos disponibles hasta la fecha. Su pasivo superaba los 85.400 millones de euros hasta marzo, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de España (BdE). Esta cantidad equivale al 33% de su PIB.
En el caso de la Comunidad Valenciana, su endeudamiento es mucho mayor en términos relativos, dado que prácticamente equivale a la mitad de su riqueza. Asciende a 55.439 millones, alrededor del 44% del tamaño de su economía. Ambas regiones adeudan buena parte de esa cuantía al Estado, dado que se financian a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que empezó siendo obligatorio para aquellas que incumplían los objetivos fiscales comprometidos con el Gobierno Central y que, una vez se solucionaron las tensiones de liquidez en los mercados de deuda tras la pasada crisis financiera, pasó a ser voluntario.
Los pasos previos a la elaboración de las cuentas no se han dado
Cabe recordar que el proyecto de ley de Presupuestos tendría que presentarse en el Congreso el próximo 30 de septiembre como muy tarde, de forma que pueda entrar en vigor el 1 de enero. En su artículo 134, la Constitución fija que las Cuentas del Estado han de llegar a la Cámara Baja al menos tres meses antes de que expiren las del año previo. Con todo, el Gobierno entrante puede presentar y sacar adelante el proyecto de ley a lo largo de 2024, incluso con carácter retroactivo en el caso de algunas partidas concretas. Antes, la fecha del debate de investidura del líder del PP complicaría los tiempos en caso de no prosperar, puesto que obligaría a celebrar un nuevo debate con otro candidato -el presidente en funciones, Pedro Sánchez- semanas después.
El Ejecutivo no convocó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ni a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) el mes pasado, dos citas que en realidad sirven de pistoletazo de salida para la elaboración del marco presupuestario, dado que en ellas el titular de Hacienda comunica a los gobiernos territoriales los topes de déficit y deuda a los que deberán ceñirse el próximo ejercicio. Puesto que en enero Bruselas recuperará la disciplina fiscal -tras haber suspendido las reglas fiscales por la pandemia, primero, y por la guerra en Ucrania y las crisis inflacionaria y energética, después- esta convocatoria tenía este año una importancia vital.
La lógica de la prórroga presupuestaria
La misma importancia y por los mismos motivos tiene la fijación de un techo o límite de gasto para 2024 que el Gobierno en funciones tampoco ha hecho público aún. La parte positiva es que, al no contar con esa referencia, las administraciones podrían tender a elevar menos el gasto público, al no poder incorporar nuevos compromisos de gasto. Esto permitiría mantener la senda de consolidación fiscal necesaria, dado que el déficit del conjunto del país cerró el año pasado en el 4,8% y la ratio de deuda sobre PIB lo hizo en el 113,2%. El próximo ejercicio España deberá acometer un ajuste fiscal en el entorno de los 10.000 millones de euros, como recuerda a 'La Información' José Manuel Corrales, economista y profesor de la Universidad Europea de Madrid.
En su opinión, la prórroga presupuestaria parece el procedimiento "lógico" al estar el Gobierno en funciones. "No parece admisible que pudiese iniciar la tramitación de unos presupuestos cuando todavía no se ha producido la investidura", apunta. Y aunque esta se produjera, desde su punto de vista es evidente que el foco no está tanto en la dinámica presupuestaria como en otros temas claramente políticos, como el conflicto catalán o como los propios inicios de la legislatura, en caso de que esta llegue a buen puerto y no hay repetición electoral el próximo 14 de enero.
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