Portugal se unen a numerosos países europeos y llenan las calles de Lisboa para demandar subidas en los salarios y las pensiones. Además, miles de trabajadores se movilizaron a favor de medidas para limitar los precios de productos básicos y contener la inflación, que en Portugal superó el 8% en febrero.
Convocada por la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP) bajo el lema "Todos a Lisboa", la manifestación transcurrió sin incidentes por el centro de la capital lusa, encabezada por una pancarta con el reclamo de "Aumento general de salarios y pensiones, emergencia nacional".
Empleados de todos los sectores
La convocatoria estaba dirigida a trabajadores de todos los sectores y de todo el país, aunque profesores, empleados de la función y pensionista fueron los colectivos con mayor representación. Los sindicatos exigen subidas de salarios y pensiones de al menos un 10%, límites para los precios de servicios básicos e impuestos sobre los beneficios extraordinarios de empresas y bancos.
"Exigimos un aumento de los salarios, elevar el poder de compra, impulsar el consumo y empleo con derechos", reclamó Isabel Camarinha, secretaria general de la CGTP. La movilización contó también con el apoyo de los partidos minoritarios de izquierda, como el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda.
Desde el PCP, su secretario general, Paulo Raimundo, recordó que el empleo debe acompañarse derechos y salarios "que es con lo que se pagan las cuentas", mientras Catarina Martins, del BE denunciaba que el Gobierno se limita a hacer anuncios y no ha cumplido sus compromisos porque "respeto para quien trabaja es actualizar salarios y congelar precios".
La movilización se produce un día después de la huelga de empleados públicos que el viernes afectó especialmente a colegios, hospitales y oficinas de la Administración del Estado.
La conflictividad social aumenta en Portugal en medio de la escalada de precio, que en febrero crecieron un 8,2%, con la mayor subida de alimentos registrada desde 1985. El Gobierno del socialista António Costa descarta, por el momento, adoptar una política de limitación de precios para frenar la inflación.
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