El Gobierno de Portugal ha anunciado la puesta en marcha de un plan de simplificación normativa para todas aquellas licencias administrativas necesarias para implantar energías renovables en el país, tratando de aliviar un atasco burocrático que también afecta a España. El plan del gobierno de Antonio Costa adopta así un marco jurídico mucho más proclive para los intereses del sector y allana el camino a la llegada de nuevas inversiones al país.
La situación contrasta con el momento que vive el sector renovable español, que lleva meses señalando que la burocracia limita el desarrollo de estas tecnologías y retrasa la transición energética en un momento muy delicado para Europa, afectada por el cierre del gas ruso y el embargo a su crudo.
El plan portugués de simplificación normativa tiene como objetivo reducir las duplicaciones que existen en materias como la evaluación de impacto ambiental. El Gobierno de Costa pretende aumentar la implantación de instalaciones de autoconsumo y pequeño tamaño, todas ellas de capacidad no industrial, a quienes eximirá de cumplir determinados trámites.
El plan de acción luso se basará en el principio de "sólo una vez" para evitar trámites administrativos innecesarios. Con ello pretende reducir los gastos e ineficiencias, mejorar la competitividad, atraer inversión y aumentar la interoperabilidad entre servicios y organismos. Entre sus medidas más destacadas se encuentran la eliminación de las licencias ambientales para producir hidrógeno verde (a partir de fuentes renovables o electrólisis del agua) y el fin de la obligación de que todos los edificios nuevos tengan instalaciones de gas.
A esto se suma la reducción de los casos en los que es necesario efectuar evaluaciones de impacto ambiental y creará un mecanismo para certificar de forma electrónica y gratuita los aplazamientos. También simplificará de forma "radical" las reglas para la utilización de las aguas residuales, que podrán dedicarse para regar jardines o campos de golf.
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