El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que tutela Elma Saiz y las cinco gestoras elegidas para gestionar los 15 vehículos de ahorro adscritos al Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) trabajan desde hace meses en el desarrollo de la plataforma web que facilite su lanzamiento. Esta tenía que haber estado operativa en el mes de enero, ya que el reglamento aprobado el pasado verano concedía un plazo de seis meses para su puesta en marcha y las fuentes del Gobierno insisten en que se lanzará "pronto", si bien no señalan una fecha. El portal tiene carácter informativo, por lo que no impide la comercialización de los planes, pero en opinión de las entidades está ejerciendo como obstáculo para captar clientes.
El impulso de estos planes de promoción pública fue el último paso de la apuesta que llevó a cabo el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, que situó el refuerzo del segundo pilar del sistema de pensiones entre las prioridades de su agenda. Antes de las elecciones del 23 de julio dejó listo el reglamento necesario para desarrollarlos y también el concurso por el que se designaba a VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones para que cada una de ellas gestionarán tres vehículos de ahorro (a tipo fijo, mixto y variable) ligados a este fondo cuya comisión promotora está integrada por miembros de la Administración Pública, mientras que en la comisión de control especial también están representados miembros de los sindicatos y las asociaciones empresariales.
Aunque no fue hasta el 18 de diciembre cuando Seguridad Social dio el 'pistoletazo de salida' al anunciar que los 15 vehículos de ahorro ya habían sido inscritos en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. A partir de este punto, ya pueden operar y empezar a integrar planes de pensiones de empleo, que pueden ser o no de nueva creación, pero hasta el momento no se ha formalizado ninguna integración, según transmiten a La Información fuentes conocedoras. Tanto la comisión promotora como la de control ya han sido constituidas y han llevado a cabo los primeros contactos, pero por el momento están centrados en resolver cuestiones logísticas de su funcionamiento.
Por el lado de las gestoras, fuentes del sector indican que la mayoría de ellas no moverá ficha hasta la puesta en marcha de dicha plataforma digital común para lanzarlos. Desde Santander comentan a este medio que su intención pasa por anunciarlos a lo largo de este 2024, mientras en VidaCaixa y Caser, evitan pronunciarse al respecto. Otras fuentes comentan que está previsto que las adjudicatarias mantengan diferentes encuentros bilaterales con la comisión de control, que es la encargada de validar la política de inversión de los fondos.
Desde BBVA explican que la manera de comercializar estos planes difiere de los individuales de pensiones, en tanto que los órganos de decisión pueden elegir a qué fondo destinan sus aportaciones, entre las que se encuentra el FPEPP. "Siguiendo el compromiso adquirido, llevamos meses informando y se los ofrecemos a las comisiones de control, pero hasta la fecha ninguna de ellas ha tomado la decisión de integrarse en ese Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública", apostillan. Pese a ello, confían en que el desarrollo de las nuevas iniciativas sectoriales como, por ejemplo, la de la construcción, y la "recuperación de las aportaciones al sector público, si llega a suceder", las posibilidades de que los nuevos programas de pensiones se integren dentro de este FPEPP aumenten.
La construcción ha sido pionera en cerrar filas a este respecto, convirtiéndose en la primera partícipe del plan de pensiones de empleo sectorial que gestionará VidaCaixa. En su caso, las contribuciones, que ya han empezado, serán mensuales y el planteamiento pasa por abonarlo a mes vencido. La apuesta del Gobierno y de las gestoras con los planes destinados a las mesas de negociación de los sectores económicos y entidades como colegios profesionales es clara, para cumplir con una de las recomendaciones emitidas por la Comisión del Pacto de Toledo -el órgano parlamentario que sigue el sistema de pensiones- y a su vez, por los compromisos adquiridos a la hora de presentarse a la licitación de estos vehículos de ahorro.
Cada una de las cinco compañías deben alcanzar 500 millones de ahorro en tres años, lo que supone todo un reto dada la escasa implementación de estas figuras en España. Además, deberán hacerlo respetando las directrices de inversión que dicte la comisión promotora y con comisiones muy bajas, por estar limitadas al 0,3%, según se reflejaba en el pliego de contratación. Cabe destacar que Escrivá ya intentó dar un empujón a este tipo de vehículos con el aumento del límite deducible en el IRPF de los planes de empleo a costa de reducir los individuales, cuyo importe máximo en estos momentos es de 1.500 euros, medida duramente criticada por gestoras, aseguradoras y sus diferentes patronales. El motivo principal de las quejas giraba en torno a los tiempos, ya que entraron en vigor mucho antes de que este proyecto echara a andar.
