Arranca el gran fondo de pensiones que compensará el recorte a los 'baby boom'

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dado luz verde a una de las patas de su reforma de la pensiones, el fondo público de empleo, que pretende complementar las prestaciones futuras ante un escenario de más gasto, por el mayor número de pensionistas, y menos ingresos derivados del envejecimiento de la población. Así, el Consejo de Ministros aprobó hoy -por el martes- el anteproyecto de ley de planes colectivos de pensiones, que se extenderá a autónomos y funcionarios, que pretende modernizar y reforzar el sistema de pensiones e impulsar los planes de empresa frente a los planes individuale. El titular de la Seguridad Social destacó que este anteproyecto responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2021.

Este fomento de los planes colectivos espera facilitar un plan de ahorro a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no han tenido acceso a un producto de similar. Escrivá señaló que España vive una "situación anómala desde hace dos décadas" en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como ha apuntado el ministro en su comparecencia durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, quiso reseñar el poco interés que hasta ahora suscitaban los planes colectivos, que "estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación. Nuestra propuesta va orientada a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos", añadió. El anteproyecto contempla la creación de un fondo de empleo de impulso público, que pretende garantizar las pensiones de la numerosa generación del 'baby boom', el reforzamiento de la negociación colectiva y la mejora de la fiscalidad de los planes de empleo. Los nacidos entre 1958 y 1977 serán los más afectados por la reforma de pensiones que está en marcha, que contempla aumentos de sus cotizaciones, recortes importantes por retiro anticipado y el factor de equidad intergeneracional vinculado al envejecimiento. 

Será gestionado por gestoras, las comisiones serán bajas -en torno al 1%- y los incentivos fiscales a los planes de pensiones se centrarán en este producto

El ministro de las pensiones ha diseñado el fondo público de empleo, al que busca incorporar a la mayoría de los trabajadores para asegurar cerca de 50.000 millones de euros para pagar las jubilaciones de los 'boomers', que ya han empezado a desembarcar en el sistema y tensar las cuentas públicas.

La propuesta del ministro, que ya ha sido evaluada por la mesa de Diálogo Social prevé alimentar este macrofondo con una subida de las cotizaciones de como mínimo medio punto, para complementar las nóminas mensuales de las pensiones, pero no otras contingencias ni gastos.

Escrivá aseguró que esta ley favorecerá la competencia, ya que gestoras privadas, mediante el procedimiento de concurso, gestionarán los fondos, con comisiones bajas. El futuro fondo de pensiones quiere aumentar la población cubierta por planes colectivos y ofrecer productos de ahorro de coste bajo para ciudadanos de rentas medias, que incluirán a autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas (pymes) y funcionarios de Administraciones Públicas pequeñas que no tenían posibilidad de acceder a planes colectivos de empleo.

Este fondo de impulso de promoción pública estará en vigor en junio de 2022. Antes de esa fecha, se someterá a audiencia pública, para pasar después a una segunda lectura en el Consejo de Ministros y concluir con su trámite parlamentario correspondiente. El ministro de la Seguridad Social aclaró que el Estado será "simplemente el promotor" del plan, pero las riendas la llevarán gestoras, que deberán pasar un trámite licitatorio. Además, precisó que aunque habrá una representación "importante" de empleados públicos, la gobernanza será la "habitual en un plan de empleo homólogo de una empresa", con participación de empresarios y trabajadores.

Solo uno de cada diez trabajadores tiene acceso a un plan colectivo de empresa y Escrivá pretende alcanzar ratios muy superiores, como en el País Vasco y la UE

El Ministerio ya trasladó a los agentes sociales un borrador de este anteproyecto y estos, por su parte, ya han hecho llegar sus comentarios al respecto. Escrivá señaló que la patronal constituyó un grupo de trabajo interno y trasladó al Ministerio sus observaciones, "que se han tenido en cuenta". Escrivá prevé que estos planes colectivos se expandan a un ritmo "muy positivo", que permitan a España alcanzar las ratios de otros países del entorno. Según los datos citados por el ministro, solo uno de cada diez trabajadores españoles tiene acceso a un plan colectivo. En el País Vasco, donde estos vehículos de ahorro son más frecuentes, la cifra es de uno de cada dos trabajadores.

"El potencial es extraordinario y no ha llegado a casi nadie, a pesar de ser un producto extremadamente atractivo", ha dicho Escrivá, que confía en que extienda como en otros países del entorno, donde uno de cada tres o cuatro trabajadores disfruta de este tipo de planes. En cuanto al coste de los mismos, Escrivá indicó que el fondo tendrá un "límite máximo de comisiones, en línea con los costes actuales en los planes de empleo" y, por tanto, "extraordinariamente más bajo" que las comisiones de los planes individuales, que rondan el 1%. Así, las gestoras que concursen para la gestión del fondo deberán hacer sus propuestas y "situar su puja por debajo de ese límite máximo", que no cuantificó.

En cuanto a la fiscalidad del fondo, el ministro ha recordado que el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros. Para los autónomos, la deducción total se situará en 5.750 euros.