La pesca ultima un 'road show' político de cara al 23-J y exige un Ministerio del Mar 

La cercanía de las urnas, adelantadas al próximo 23 de julio, y el complejo contexto que viene atravesando la actividad pesquera en España y Europa (prohibición de la pesca de arrastre en 87 zonas, la exclusión de los productos pesqueros de la rebaja del IVA, la falta de relevo generacional, los problemas con la eólica marina, la competencia desleal de terceros países, etc...) han llevado al sector, representado por Cepesca, a enviar un decálogo de propuestas a las principales fuerzas políticas. Entre las peticiones del sector la reducción a 0% del IVA para los productos pesqueros o su fijación en el 4% frente al actual 10%, así como la creación de un Ministerio del Mar o una secretaría de estado 'ad hoc'. Además de la introducción de beneficios fiscales y sociales para fomentar la competitividad de las empresas armadoras.   

En contra de la flota española juega el calendario, ya que el documento se remitió este miércoles a los partidos políticos, y apenas resta un mes para las votaciones. En anteriores ocasiones, los representantes de la flota pesquera se reunieron con prácticamente todo el espectro político. De cualquier modo, desde la patronal pesquera confían en mantener la mayoría de las reuniones antes de que se vote. Los resultados electorales marcarán el devenir de otras iniciativas como la recogida de firmas a favor de una fiscalidad más favorable para los productos pesqueros.

Renovación de la rebaja del IVA antes del 23-J

Esta última reivindicación ha logrado unir a toda la cadena de valor, desde armadores y cofradías hasta los detallistas, de tal forma que desde el sector han estimado que la inclusión del pescado en la próxima prórroga de las medidas contra el impacto de la guerra en Ucrania - que se deberá realizar vía real decreto ley tras la caducidad de la actual normativa el próximo 30 de junio y que, probablemente, convalidará la Diputación Permanente del Congreso antes del nuevo Ejecutivo - supondría un coste inferior a los 500 millones de euros para las arcas públicas frente al gasto del Sistema Nacional de Salud en enferemedades relacionadas con la mala alimentación que calculan en un montante de 14.000 millones al año. 

No es la única petición que realizan los armadores al próximo Gobierno, al que conminan a elevar el rango de la actual Secretaría General de Pesca, adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bien sea para convertirla en una secretaría de estado a todos los efectos, e incluso, para crear un Ministerio del Mar "que agrupe todas las actividades implicadas en la economía azul y que coordine y gestione todo lo relacionado con al pesca y los asuntos marítimos". Una idea inspirada en la Consellería do Mar que lleva años funcionando en Galicia. Además de reivindicar que "se apoye el desarrollo de la carrera profesional" de los funcionarios españoles en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (MARE) de la Comisión Europea. La misma esta encabezada en la actualidad por la búlgara Charlina Vitcheva. En esta línea, desde Cepesca apuestan por unir bajo una misma cartera en la próxima Comisión Europea la agricultura y la pesca, tal y como ocurre en el Consejo de la Unión Europea (la reunión de los ministros nacionales del ramo). 

Otro de los puntos que también se han puesto sobre la mesa son el apoyo al relevo generacional, a través de la adaptación de la formación profesional a la actividad pesquera y la agilización de la contratación de tripulantes extranjeros para la flota pesquera española, "posibilitando la formación a distancia o en sus países de origen" así como  facilitando la homologación de las titulaciones. 

Caducidad del acuerdo pesquero con Marruecos 

Además de la introducción de "beneficios fiscales y sociales para nuestras empresas" y el apoyo a los denominados acuerdos pesqueros con terceros países (Mauritania, Marruecos, Guinea - Bissau, Gabón, Seychelles, Costa de Marfil, Madagascar...), un punto que cobra especial relevancia ante la caducidad, el próximo 17 de julio, es la renovación del que se firmó con Marruecos en 2018 y que no se podrá revisar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme un primer fallo del Tribunal General  sobre si se deben incluir o no las aguas del Sáhara en el mismo. 

De igual modo, la patronal pesquera también pide al próximo Gobierno que defienda un mayor control contra las importaciones de terceros paíeses "que no cumplen con los estándares europeos y evitar el apoyo a su comercialización en España",  reforzando los medios para inspecciones en Vigo y Algeciras. Además de disponer de los fondos necesarios para impulsar proyectos de investigación que aceleren la descarbonización de la flota pesquera y la realización de estudios científicos que analicen el impacto de los parques eólicos marinos sobre la actividad pesquera y los ecosistemas. En este sentido, apuestan por culminar el desarrollo legislativo de la reciente Ley de Pesca Sostenible consultando con el sector y fomentar el mejor aprovechamiento del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA ).