La mayor alza del IPC en décadas tensa todavía más la factura de las pensiones

La inflación continúa subiendo aupada por los precios de las gasolinas, de los alimentos y, en menor medida, de la electricidad. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó en el penúltimo mes del año un 0,4% en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 5,6%, dos décimas más que en octubre y su nivel más alto en 29 años. Este aumento tensiona aún más el futuro de las pensiones, que según diversos compromisos deberán subir de acuerdo al IPC medio de diciembre a noviembre del ejercicio anterior. En plena reforma del sistema de reparto de las pensiones, la de hoy no es una buena noticia, ya que el principal objetivo de Escrivá y los agentes sociales es una importante reducción de los gastos, algo que hace muy complicado la actual tendencia de los precios.

Con el dato adelantado de noviembre, el más elevado desde septiembre de 1992, el IPC interanual encadena su undécima tasa positiva consecutiva, según los datos avanzados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La estadística también incorpora una estimación de la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-, que aumentó en noviembre tres décimas, hasta el 1,7%, con lo que se sitúa casi cuatro puntos por debajo de la tasa del IPC general. Mientras, desde el Gobierno siguen insistiendo en que este es un escenario de "efecto coyuntural", pese a que los precios siguen subiendo a las puertas de diciembre, un mes en el que el consumo se dispara por las fiestas y las compras navideñas.

Con este nuevo incremento de los precios será necesario otro ajuste extra en las pensiones de 2022, ya que las previsiones iniciales del Gobierno se quedan muy lejos de la coyuntura actual, con importantes alzas del IPC por la subida de la electricidad al principio y ahora por la de los carburantes y alimentos. Debido a este aumento de la inflación muy superior al que se presumía para 2021 -solo del 0,9%- será necesario el desembolso de la nueva paguilla -la última- que compense el desequilibrio. Así, el Ejecutivo deberá compensar a los pensionistas en el mes de enero con una paguilla que supondrá más 2.300 millones por los 1,6 puntos de desviación, ya que cada punto de inflación adicional tiene un sobrecoste de 1.470 millones de euros. A partir del 1 de enero del próximo año las prestaciones comenzarán a revalorizarse por ley y en función de la media del IPC del año anterior, los que no requerirá la popular 'paguilla'.

Los pensionistas recibirán en 2022 la última paguilla, que supondrá un desembolso de 2.350 millones, debido a la desviación de la inflación

Mientras, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 adelantaban subidas de las pensiones contributivas y de la retribución de los funcionarios del 2% y del 3% en el caso de la no contributivas. Si el dato anticipado del IPC conocido hoy -lunes- se confirma dentro de dos semanas, las pensiones públicas subirán en 2022 un 2,5%, con lo que el gasto en prestaciones crecerá el próximo año en 3.600 millones de euros por el efecto de la inflación, ya que desde que se aprobó el nuevo sistema de revalorización de pensiones suben conforme a la media del IPC anual desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021. Las cuentas públicas prevén 171.165 millones de euros para pagar las prestaciones el próximo años, una partida que se diseñó pensando que la inflación media se quedaría en el 2% en este ejercicio. Si finalmente, se confirma el medio punto extra, serán necesarios 786 millones más.

La reforma de las pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que culminará en 2027 afectará de lleno a la generación del 'baby boom' -más años de trabajo y menos pensión- contempla la revalorización de las prestaciones de forma anual de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), una concesión a los sindicatos dentro de la negociación que compromete el gasto, que habrá que compensar reduciéndolo con otras medidas. Los actuales pensionistas, con una prestación media de 1.037 euros, también los empleados públicos, son los principales beneficiarios de esta actualización de las pensiones de acuerdo a la inflación, que también responde a una recomendación del Pacto de Toledo para mantener el poder adquisitivo.

Tras conocerse el dato adelantado del IPC de noviembre, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió "prudencia" a la hora de analizar una subida de los salarios vinculada al IPC: "Estamos en una situación delicada, también a nivel mundial, y hay que tener mucha prudencia", reclamó. Garamendi consideró necesario analizar la situación de la inflación subyacente, una vez eliminados los elementos más volátiles de la cesta de la compra -como la energía o la alimentación-, al tiempo que reclamó tiempo para ver cómo evolucionan los precios en los próximos meses.