Las pensiones subirán en 2024 con el IPC aunque se prorroguen los presupuestos

En contra de los pronósticos de las principales casas de encuestas, los resultados de las elecciones del pasado 23-J dejaron en el aire el futuro más próximo de la política española. Las opciones de que el PP consiga formar una mayoría que respalde un gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo son escasas, mientras que el PSOE se muestra prudente ante las exigencias de Junts. Sin embargo, con una posible repetición electoral en el horizonte, los dos partidos mantienen su compromiso de elevar las pensiones conforme al IPC medio del año anterior, tal y como se estableció en la primera parte de la reforma impulsada por José Luis Escrivá y aprobada de la mano de la patronal y los sindicatos en 2021. 

La actualización de las pensiones, que sería de un 3,9% según las previsiones de Funcas, está blindada y tendrá que ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado de 2024 (PGE). No obstante, la convocatoria de elecciones anticipada ha hecho que el Ejecutivo no haya comenzado a trabajar en ellos, por lo que se espera que se prorroguen los que están en vigor, se forme o no un nuevo gobierno antes de diciembre. Pero esto no supone un obstáculo para aplicar la subida, como explica el economista y profesor en la Universidad de Mondragón Julen Bollain, en conversación con La Información. "Subir las pensiones es una obligación que nace de la Seguridad Social y estas tienen la condición de crédito ampliable, siempre se tiene que hacer frente al pago, independientemente de los recursos presupuestados", explica. 

En el mismo sentido apunta el Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, quien recuerda que como la ley (21/2021) establece la obligación, eso vincula al Gobierno. "El crédito para pensiones tiene que ser ampliado si se prorrogan los presupuestos del año anterior y la cantidad destinada no es suficiente", explica, un cambio para que en principio no sería necesario desarrollar un nuevo texto normativo. No obstante, recuerda que las ampliaciones de crédito hay que financiarlas y una vez se agotase el Fondo de Contingencia, podría ser necesario hacer ajustes en otras partidas o declarar ingresos extraordinarios no previstos para cubrir ese exceso de gasto, si bien cree que este escenario sería un problema a medio plazo y no se daría en unos meses. 

La Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones establece recoge la actualización obligatoria a comienzos de año en su artículo 58, en el que se establece que el importe de la revalorización anual de las pensiones públicas no podrá superar el importe establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si bien en el año 2023 se optó por no establecer el 8,5% para las pensiones contributivas en los presupuestos públicos, sino que en su lugar se hacía referencia al "incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre".

No es la primera vez que sucede

Las fuentes sindicales consultadas por este medio también consideran que no hay inconveniente para aplicar esta subida, aunque se cuente con un gobierno en funciones ante una eventual repetición electoral o sea necesario prorrogar los presupuestos de 2023. Así lo aseguran también fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que recuerdan que no es la primera ocasión en la que se da esta tesitura. Las elecciones generales de 2015 en la que irrumpieron Ciudadanos y Podemos recortaron los apoyos del Gobierno de Mariano Rajoy, que se vio forzado a prorrogar los PGE de 2016, 2017 y 2018, algo que no evitó que las pensiones públicas crecieran un 0,25% cada uno de esos años. 

Los programas electorales preparados por las diferentes formaciones políticas de cara al 23-J reflejaron que existía un consenso entre las principales candidaturas en materia de pensiones, a pesar de esta cuestión centrara el intercambio de acusaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, como consecuencia de las "inexactitudes" emitidas por cada uno de ellos. Los partidos de la oposición votaron en contra de la reforma de pensiones, sin embargo, más allá de proteger su vinculación al IPC no detallaron qué planes pondrían en marcha en el caso de conseguir formar gobierno, dado que vincularon la reforma a los análisis que pudieran llevar a cabo la Airef y el Banco de España.