Todas las pensiones contributivas subirán un 3,8% en 2024. Esta es la inflación media registrada en los últimos doce meses, a falta de que el INE confirme el dato del IPC de noviembre en dos semanas, por lo que será la referencia utilizada para revalorizar las nóminas de jubilación si no se producen cambios, según apunta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este ajuste es de carácter automático y quedó fijado en la reforma del sistema público de pensiones, pero no es el único incremento que se aplicará sobre la cuantía de las pensiones mínimas de jubilación contributiva que tendrán una subida adicional cada año hasta 2027 para, al menos, igualar el umbral de pobreza fijado por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
El texto acordado en marzo por el entonces responsable de esta cartera, José Luis Escrivá, pauta que "la cuantía de referencia se incrementará adicionalmente en el porcentaje necesario para reducir en un 20% la brecha que exista", mientras que en 2025 será de un 30% y en 2026 de un 50%, para alcanzar el umbral pasados tres años. El real decreto-ley 2/2023 establece que el umbral de pobreza para un hogar de dos adultos se calculará a partir del dato de la última Encuesta de Condiciones de Vida para un hogar unipersonal (10.088 euros en 2022, según el sondeo publicado en el mes de marzo) multiplicado por 1,5; lo que eleva la referencia hasta los 15.132 euros anuales.
Así la brecha es de más de 1.000 euros para las nóminas más bajas una vez aplicada la subida del IPC -para más de 65 años con cónyuge a cargo- y de 5.000 euros en el caso de los menores de 65 con cónyuge no a cargo que con la automática alcanzan los 10.000 euros al año. Una quinta parte de esta brecha tiene que ser compensada a partir del 1 de enero, lo que implicaría un incremento adicional de 200 euros al año o 15 euros al mes (14 pagas) sobre el importe del rango más bajo de la pensión contributiva que estaba fijado en 13.526,8 anuales/966,2 mensuales para 2023 y que crecerá de forma automática hasta los 14.035 euros al año y 1.002,53 euros cada mes.
De esta forma, podrían ver aplicada un alza de más de un 5% y que podría llegar a superar en más de un punto y medio el incremento empleado en términos generales de acuerdo con el IPC medio del 3,8%. Al tiempo que en el otro extremo de la tabla de cuantías mínimas de jubilación contributiva, en el que se ubican los jubilados que no alcanzan los 65 años y no tienen pareja a cargo, el alza debería ser de 1.014 euros al año o 72 euros al mes para alcanzar el objetivo de reducir el 20% de la brecha con el umbral de pobreza recogida en la ley, que desde el Ministerio de Seguridad Social confirman que es aplicable a todos los tramos. Estas nóminas pasarían de los 682,5 euros actuales a los 791 euros al mes, lo que conllevaría un alza del 14% frente a 2023.
Esta subida, a pesar de ser significativa, será menor que la anotada en 2023 en tres de los tramos recogidos en el gráfico: los mayores de 65 con y sin cónyuge a cargo y los que no alcanzan esa edad pero también ejercen como soporte económico de la pareja dado que el incremento aplicado el 1 de enero fue del 8,5%. Aunque sí supondrá una ganancia de poder adquisitivo en todos los casos al ser mayor que la inflación media, algo que ya sucedió en 2022 puesto que el Gobierno decidió elevar estas nóminas en un 3% en lugar del 2,5% correspondiente al dato del IPC medio de 2021 que se aplicó en el resto de pensiones contributivas de jubilación. La de 2024 será la tercera subida automática de las prestaciones pero la primera en la que entrará en juego el recorte respecto al umbral de pobreza, ya que fue incluido en la segunda parte de la reforma.
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Pensiones mínimas: viudedad, orfandad, invalidez y jubilación
La norma aprobada en marzo por el Consejo de Ministros y que no reunió la firma de las patronales CEOE y CEPYME también refleja el método aplicable para efectuar los incrementos en las cuantías mínimas del resto de las pensiones contributivas y no contributivas, es decir, si responden o no a un derecho generado por la cotización a la Seguridad Social. Las de viudedad con cargas familiares y el resto de contributivas con cónyuge a cargo -a excepción de las de incapacidad permanente total con menos de 60 años- deberán igualar el umbral de pobreza para un hogar con dos adultos. Es decir, tendrá que crecer lo suficiente para igualar el objetivo aplazado hasta el 2027 para la nómina mínima de la pensión contributiva de jubilación.
Mientras que el total mínimo de las contributivas de incapacidad permanente (total, absoluta y gran invalidez), de orfandad y en favor de familiares crecerá -una vez revalorizada en función del IPC- la mitad de lo que hayan hecho las de jubilación con el objetivo de aproximarse al umbral de pobreza indicado por el INE. Al tiempo que las no contributivas -que pueden ser de invalidez o de jubilación- subirán el IPC más el porcentaje necesario para acabar con el 20% de distancia al umbral pactado para 2024, con la particularidad de que en este caso, la referencia de la ECV para un hogar de una sola persona se multiplicará por 0,75 y no por 1,5 como en los otros casos.
Todas estas cuantías, al igual que las correspondientes a las cuantías mínimas de las pensiones contributivas de jubilación se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de estos años. Por lo que hasta la publicación de la norma que debe impulsar el Ministerio de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero no terminarán de conocerse los importes exactos. Además, el Ejecutivo se debe hacer un seguimiento de la evolución de las pensiones mínimas y las no contributivas para elevar una vez al año un informe a la Comisión del Pacto de Toledo en el que evalúe sus efectos para reducir la pobreza y proponer, en su caso, nuevos parámetros.
