La comunidad autónoma en la que se reside marca el tiempo de resolución de los trámites administrativos y lo hace con importantes diferencias. En el caso de las pensiones no contributivas, diseñadas para los mayores de 65 años en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva, la gestión puede durar desde 21 días a casi dos años. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 muestran que tramitar las prestaciones de invalidez en Canarias puede conllevar hasta 533 días de media y tres semanas en Navarra.
El colapso de la tramitación; el elevado número de peticiones denegadas por no cumplir alguno de los requisitos -más de 1.000 solo en el mes de mayo-; el importante incremento de nuevos beneficiarios de jubilación-21%-, fundamentalmente mujeres por el envejecimiento de la población y las carreras laborales muy cortas e incluso inexistentes; y el elevado número de jubilados que pierde su prestación tras ser revisada son algunos de los problemas a los que se enfrentan las pensiones que gestiona el Imserso. El 74% de los beneficiarios de una jubilación no contributiva son mujeres y de media -incluyendo gran invalidez y las de jubilación derivada de incapacidad- suponen el 65% del total.
El perfil del pensionista del pensionista no contributivo de jubilación es una mujer española, casada, con una edad comprendida entre los 70 y los 79 años y que convive en una unidad familiar formada por dos o tres miembros. En cuanto al pensionista de PNC de invalidez tipo, la estadística muestra que convive en una unidad económica integrada por dos o tres personas y que acredita un grado de discapacidad de entre el 65% y el 74%, si bien atendiendo a su edad y sexo es posible distinguir entre el pensionista tipo varón, soltero y menor de 45 años, y la mujer casada, con edad superior a 45 años, que presentan preferentemente discapacidades de tipo psíquico.
El presupuesto para abonar las no contributivas supera los 195 millones, que se reparten 445.000 pensionistas que de media reciben 438 euros
A fecha de mayo, el presupuesto para abonar las nóminas superaba los 195 millones, que se repartían 445.000 pensionistas que de media recibieron 438 euros. Las prestaciones de invalidez son de media algo más elevadas que las de retiro, 462 euros frente a 421, en 14 pagas. El 93% de las pensiones de jubilación denegadas lo son por sobrepasar los estrictos límites económicos, mientras que en el caso de las de invalidez se debe a que se puede acreditar el grado suficiente de incapacidad. Mientras, en el quinto mes del año, hasta 31.767 solicitudes seguían en el limbo burocrático esperando ser resueltas.
Las pensiones no contributivas (PNC) se financian a través de aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el Presupuesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y se abonan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en Navarra y el País Vasco. Cada año, un porcentaje muy elevado de prestaciones se revisa con el objetivo de regularizar sus importes, condicionados por diferentes situaciones, y que van de 1.474 euros anuales a 5.899 euros, o lo que es lo mismo entre 105 y 421 euros mensuales en 14 pagas. Los límites de ingresos en el hogar familiar están vinculados al número de personas que conviven en éste.
En apenas cinco meses, hasta 20.000 prestaciones han sido modificadas, suspendidas o retiradas, de las 27.800 revisadas, algo más de una de cada cuatro. Entre las causas que alega la administración para retirar la pensión no contributiva están el incumplimiento del requisito de carencia de rentas, que puede ser debido a que los ingresos de la unidad económica de convivencia (UEC) del pensionista superen el nivel de recursos aplicable. Otra de las circunstancias es el fallecimiento, que representa un porcentaje superior al 46%. El pasado 2 de junio, el Gobierno pacto con EH Bildu que todas las pensiones no contributivas -también otras como las de viudedad- se incrementasen en un 15% hasta el 31 de diciembre. En el caso de las prestaciones del Imserso la subida media mensual será de 65,7%. El coste de la medida rondará los 330 millones de euros y podría prorrogarse el próximo año.
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