Las pensiones subirán en enero un 3,8% si el INE confirma que esta ha sido el IPC medio de los últimos doce meses, pero algunas de ellas tendrán otro incremento adicional, según refleja la última reforma de pensiones aprobada en marzo de 2023. La pensión mínima de viudedad con cargas familiares, en concreto, experimentará una de las mayores subidas al tener que igualarse en 2024 a la cuantía de la pensión contributiva para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, de manera que ambas evolucionarán de forma paralela hasta 2027 cuando deben alcanzar el umbral de pobreza. La nómina mínima de estas pensiones es de 12.682,60 euros al mes en 14 pagas según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, por lo que sería necesaria una subida de más de 1.500 euros al año para cumplir con la norma.
El real decreto-ley 2/2023 recoge en la disposición adicional quincuagésima tercera que "la cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares (...) serán desde el año 2024 iguales a la cuantía de referencia del apartado 1", la de los jubilados de más de 65 años que mantiene económicamente a su pareja. La ley establece una senda por la que los dos tipos de pensiones deben recortar en los tres próximos años la distancia que guarden con el umbral de pobreza para un hogar compuesto por dos adultos. Según explica el texto aprobado en Consejo de Ministros, esta cifra resulta de multiplicar por 1,5 el umbral de pobreza para un hogar de una persona recogido por la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE que es de 10.088 euros al año, por lo que el resultado de la cuenta asciende a 15.132 euros.
En concreto, en 2024 debe recortarse un 20% de la brecha que separe la pensión mínima de jubilación de las personas con 65 años y cónyuge a cargo una vez aplicada la subida del 3,8% marcada por el IPC con el umbral de pobreza. La separación entre ambas referencias asciende a 1.096 euros anuales, por lo que deberán compensarse un total de 219,3 euros al año (unos 15 euros al mes), de manera que se situará en los 14.253 euros al año en 2024. Precisamente esta última cifra es la que deben igualar las pensiones mínimas con cargas familiares, por lo que en este caso la subida será de 1.570 euros anuales o de algo más de 112 cada mes, ya que la actual era de 905,6 euros al mes en 14 pagas y se elevará como mínimo hasta los 1.018 euros al mes.
Si bien, la redacción de la norma apunta a que esta podría ser aún mayor, dado que los datos recogidos por el sondeo del Instituto de Estadística son de 2022 y deben actualizarse hasta el año correspondiente "de acuerdo con el crecimiento medio interanual de esa renta en los últimos ocho años" tal y como recoge el artículo 1 de esa misma disposición adicional del real decreto-ley. Así, las pensiones mínimas de viudedad se incrementarán al menos un 12% en lugar del 3,8% que se aplicará en términos generales mientras el margen de mejora para los próximos tres años es aún mayor, dado que el informe 'Proyecciones del gasto público en pensiones en España' remitido por el anterior Ministerio de José Luis Escrivá a Bruselas proyecta que estas nóminas ascenderían a 16.471,94 para el año 2027.
El documento que la Comisión Europea deberá usar para revisar la reforma de las pensiones que está vinculada al cuarto pago de los fondos europeos que España debe solicitar en las próximas semanas incluye proyecciones hasta 2060. Un periodo en el que el Gobierno calcula que "la viudedad muestra una tendencia creciente en todo el periodo proyectado, aunque sin replicar el patrón de envejecimiento poblacional que se aprecia en la jubilación" por los fallecimientos y el aumento de la esperanza de vida. En este estudio, el número de pensiones contributivas evoluciona al alza desde 2025 hasta 2050, momento en que estiman que comenzarán a decrecer, por lo que el máximo se alcanzaría en 2053 con 14,8 millones de pensiones de las que el 21% serán de viudedad.
Al margen de cuál termine siendo su evolución, para 2024 estas cuantías, al igual que las del resto de pensiones mínimas contributivas de jubilación se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado de cada uno de estos años. Por lo que hasta la publicación de la norma que debe impulsar el Ministerio de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero no terminarán de conocerse los importes exactos. Además, el Ejecutivo se debe hacer un seguimiento de la evolución de las pensiones mínimas y las no contributivas para elevar una vez al año un informe a la Comisión del Pacto de Toledo en el que evalúe sus efectos para reducir la pobreza y proponer, en el caso de que se estime necesario, nuevos parámetros.
