Portugal ha empezado a desmantelar su cuestionado régimen fiscal con el que pretendía atraer al país a inversores y trabajadores y jubilados con rentas elevadas, un plan que puso en marcha tras la crisis económica de 2008 y que recogía exenciones tributarias sin competencia en el resto de Europa. Los países del norte, que son los que cargan buena parte de los compromisos presupuestarios europeos, cuestionaron una iniciativa que para algunos abrió la puerta al blanqueo de capitales y a la evasión fiscal. Sin embargo, lejos de desanimarse ante las críticas de los nórdicos, otros países del sur como Italia, Grecia o Malta han decidido lanzar el mismo cebo que el país vecino empezó a utilizar hace más de una década.
Nuestro país vecino, con los mismos habitantes que Suecia y Grecia y el doble que Noruega, se convirtió en un polo de atracción imbatible para grandes fortunas, profesionales con rendimientos elevados y jubilados VIP gracias a un régimen fiscal que nació en 2009, solo un año antes de que los principales indicadores lusos empezasen a dar síntomas de alarma, y que recibió su impulso definitivo tres años después. Gracias a esta fiscalidad, los residentes no habituales (RNH) que acreditaban vivir en el país más de medio año -de forma ininterrumpida o alterna- tributaban al 20% por las rentas obtenidas en territorio luso y estaban exentos de pagar al fisco por sus pensiones, tanto en Portugal como en su país de origen.
Los países del sur de Europa, desde Portugal, que pese a todo desdeel próximo año no dará visas doradas a cambio de la compra de casas de lujo y desde este ya aplica un 10% a las pensiones de los extranjeros, a Malta y Grecia, pasando por Italia, han intentado seducir a los mayores con más rentas para generar consumo y crecimiento, conscientes de que la calidad de vida, las playas y el clima eran incentivos añadidos para sus planes fiscales y de crecimiento. Sin embargo, España, que encabeza en ránking sanitario mundial, que ofrece 8.000 kilómetros de playa, con uno de los niveles de seguridad ciudadana más elevados de Europa y que es el segundo destino turístico del mundo, ha quedado descolgada de esta oferta fiscal con casi tantos pros como contras.
La competencia desleal es el argumento de los países del norte para desarmar las iniciativas fiscales del sur para atraer jubilados 'ricos' y grandes rentas
Los organismos internacionales y europeos, países como Finlandia o Suecia, y los partidos de izquierda -aunque no los populistas- han criticado estos incentivos para 'ricos', y muchos aseguran que es una puerta abierta para el fraude fiscal, que no genera empleo directo y, desde luego, abre margen a la competencia desleal en la Unión Europea. En España, el contexto político, en el que es más fácil que suban los impuestos a que bajen, no acompaña, y tampoco el social, con 9,8 millones de pensionistas, que serán cinco millones más en 20 años, y a los que se deberá garantizar prestaciones mínimas y constantes.
Las pensiones de jubilación y el rescate de planes de pensiones en España tributan por el Impuesto de la Renta, con un tipo impositivo progresivo del 19% al 45%, porcentajes similares en la parte alta a los que tienen el resto de los países europeos, excepto los que están en la carrera por convertirse en paraísos fiscales, en la que también han entrado Marruecos y Túnez, con grandes atractivos turísticos y clima mediterráneo. Sin embargo, nuestro país parece ir a la contra de esta tendencia e iniciativas como dejar de incentivar los planes individuales de pensiones suponen un camino muy diferente.
Solo unas pocas voces se han mostrado en los últimos años a favor de incentivar la entrada de pensionistas con rentas altas como opción a un turismo estacional que se ha desplomado durante la pandemia y muy tocado por el Brexit, y como una fórmula para reactivar el consumo, crear empleo e impulsar el desarrollo en zonas despobladas, como pretenden Italia o Portugal. Pablo Torres, performance consultant de TSA Solutions, se preguntaba recientemente en un artículo en el portal especializado Hosteltur ¿Por qué no ser la Florida de Europa?, destacando que España es la nación con mayor calidad de vida del mundo y no tiene una ley específica para atraer el talento de profesionales y convertir a nuestro país en el lugar donde la mayoría de los jubilados europeos quieran retirarse.
Los incentivos fiscales para atraer mayores con rentas altas sería una opción al turismo estacional, que solo 'salvan' los viajes del Imserso de octubre
Con la generación 'baby boomer' a punto de jubilarse no solo en España, sino en todo el mundo desarrollado, eliminar trabas fiscales podría facilitar la residencia y los traslados supondría una apuesta más allá del Imserso. El valorado sistema sanitario español, la seguridad y el clima hacen que más de medio millón de mayores extranjeros 'ricos' vivan en España, con casa comprada en la mayoría de los casos, durante su jubilación. El actual eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, planteaba ya en 2013 y posteriormente como responsable económico en la formación naranja eliminar el Impuesto de la Renta para los pensionistas a cambio de reducir su pensión en la misma cuantía, lo que ayudaría a equilibrar el gasto de la Seguridad Social.
El economista y catedrático de la London School of Economics planteaba eliminar los impuestos para mayores de 65 años, tanto para los extranjeros que viniesen a España como para los nacionales. Además abogaba por la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones también para todos, ya que aseguraba que este tributo transferido a la comunidades solo recaudaba unas décimas del Producto Interior Bruto (PIB).
Mientras, España ha descartado ese camino, Italia pretende atraer a ciudadanos 'ricos' a zonas con poca población y rentas muy por debajo de las medias europeas, Grecia pretende impulsar una tarifa plana del 7% -la mitad de la de Malta- en el Impuesto sobre la Renta para los pensionistas extranjeros que vayan a vivir al país. Pero no solo los países de la Europa 'pobre' han puesto a funcionar planes fiscales de captación de los más mayores, Holanda, Bélgica, Andorra, Luxemburgo e Irlanda han puesto las redes tributarias para hacerse con multinacionales y grandes fortunas, una estrategia que 'pagan' otros socios, y que recibe menos críticas del norte de Europa.
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