El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea (UE). El objetivo principal es garantizar unos precios más previsibles y estables para el consumidor y poner en marcha un mecanismo de respuesta a otras posibles futuras crisis energéticas como la que se viene arrastrando desde el verano de 2021, al calor de los precios del gas en los mercados internacionales y los derechos de emisión de CO2. El texto final ha recibido 55 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
De este modo, después de que los cuatro grupos mayoritarios (populares, socialistas, liberales y verdes) alcanzaran un acuerdo a principios de julio, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) ha dado luz verde al proyecto liderado por el español Nicolás González Casares como ponente oficial. La sesión ha servido además para autorizar a los negociadores de la Eurocámara a dar inicio a las negociaciones interinstitucionales, conocidas como trílogos, en las que los eurodiputados buscarán un acuerdo con el Consejo, presidido por España durante el segundo semestre. Esta decisión ha contado con 47 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones.
En concreto, la Eurocámara propone que la Comisión Europea pueda declarar, mediante decisión, una crisis regional o de precios de la electricidad a escala de la UE, salvo en circunstancias debidamente justificadas, si se cumplen las siguientes condiciones: se dé un incremento en los precios del mercado mayorista de dos veces y media (durante 6 meses) respecto con los cinco años anteriores. Se establece también un mínimo de 180 euros el megavatio hora (MWh) para la declaración de la crisis y si los precios minoristas se incrementan un 60% en comparación con los dos años anteriores (durante tres meses consecutivos).
Además, bajo estas circustancias, los Estados miembro podrán fijar un precio de la energía al consumidor y a la industria electrointensiva. Este punto se ha incluido en el acuerdo para poder eliminar de la propuesta de González Casares, el límite máximo a los ingresos de los productores ('revenue cap'). El texto no incluye así finalmente ninguna mención a los límites de los ingresos de las tecnologías inframarginales. Bruselas evaluará (a más tardar en junio de 2024) diferentes opciones para establecer un mecanismo de "válvula de alivio temporal" ('relief valve mechanism') y posteriormente presentará una propuesta legislativa.
Picos de demanda
"Si bien el modelo energético actual era eficiente, lo cierto es que estaba demasiado centrado en el corto plazo, reflejando la volatilidad de los precios de la energía durante la crisis energética. La propuesta que hoy tenemos sobre la mesa busca estabilizar los precios de la energía, fomentando los contratos a largo plazo. ¿Las ventajas? Para los consumidores, unos precios estables y olvidarse de sobresaltos en su factura. Para la industria, una planificación a largo plazo y saber con mayor certeza cuáles van a ser sus costes. Para los inversores, tener una certeza de precios a futuro. Para todos, acercar el bajo coste de las renovables a las facturas finales. Para el planeta, alcanzar los objetivos de descarbonización de la forma más eficiente y realista posible", señala Susana Solís, eurodiputada del Grupo Renew Europe.
Por otro lado, en lo que respecta a los picos de demanda, la propuesta original de la Comisión ha quedado diluida. El compromiso alcanzado por los eurodiputados estipula que la Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) evaluará si los gestores de redes deben adquirir productos de 'peak shaving' antes de diciembre de 2024, garantizando al mismo tiempo que estos productos no distorsionen el funcionamiento del mercado de la electricidad. En concreto, el tamaño mínimo de la oferta adquirido por los gestores de red será de 100 kilovatios (kW).
Asimismo, el compromiso alcanzado por el Parlamento estipula que, a más tardar el 1 de enero de 2026, la hora de cierre intradiario de la puerta interzonal no deberá ser anterior a 30 minutos antes del tiempo real, siempre que esta medida no dé lugar a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podrán concederse excepciones a este requisito. La solicitud de estas por parte de los gestores de la red (Red Eléctrica en España) incluirá una evaluación de impacto y un plan de acción destinado a reducir el tiempo de cierre a 30 minutos a más tardar el 1 de enero de 2029. Esto afecta sobre todo a los Estados periféricos como España e Italia.
Uno de los aspectos clave del acuerdo alcanzado por la Eurocámara es el incentivo a los contratos de compraventa a largo plazo, los conocidos como PPA ('Power Purchase Agreement'). Los países deben facilitar los PPA de energías renovables con el fin de garantizar unos precios de la electricidad más previsibles, a través de mecanismos de garantía. A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión establecerá una plataforma de mercado para los PPA, que se utilizará con carácter voluntario. La idea es facilitar la transparencia en este tipo de contratos.
Contratos por Diferencia
También se añade una disposición a través de la cual la Comisión evaluará antes de enero de 2026 si persisten los obstáculos para la adopción de los PPA, al tiempo que comprobará si hay suficiente transparencia en los mercados. Por último, se obliga a ACER a crear, mantener y gestionar una base de datos de PPA de la UE que funcionará como plataforma digital y se utilizará para facilitar el seguimiento por parte de las autoridades nacionales de reglamentación.
Los Contratos por Diferencia (CfD) han sido también uno de los puntos más irritantes de la negociación junto con el fallido 'revenue cap'. Se introduce la obligación de que los esquemas de apoyo directo a los precios para nuevas inversiones en generación eléctrica (eólica, solar, geotermia, hidráulica sin embalse y nuclear) sean mediante esta forma o esquemas equivalentes, siempre y cuando sean evaluados y aprobados por la Comisión. Además, se ha incluido una limitación a las ampliaciones de instalaciones existentes, del modo que la cobertura que ofrezcan los CfDs deberá ser proporcional a la inversión realizada en relación a los costes totales de inversión de la planta.
Por su parte, los ingresos recaudados cuando el precio de mercado sea superior al precio pactado se distribuirán a los clientes finales de electricidad, prestando especial atención a los vulnerables. No obstante, los Estados miembro también podrán utilizar los ingresos procedentes de los CfD para apoyar las inversiones para la transición energética en el desarrollo de la red de distribución, las fuentes de energía renovables, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, la eficiencia energética y el almacenamiento, o para cubrir industrias de gran intensidad eléctricaen riesgo de fuga de carbono. Por último, la Comisión, a más tardar doce meses después de la entrada en vigor del presente reglamento, elaborará directrices sobre la aplicación de los contratos bidireccionales para las diferencias destinadas a ayudar a los países en su creación.
Pese a que el Parlamento ha alcanzo un acuerdo, todavía queda mucho camino por delante. El Consejo tiene todavía que adoptar un posición común ('general approach') para poder negociar la reforma eléctrica en trílogo con el Parlamento. En los trílogos, el ponente en nombre del Parlamento y la presidencia de turno (en este caso España) en nombre del Consejo, negocian sobre el texto legislativo para llegar a un terreno común con la Comisión Europea ejerciendo como árbitro. El enfrentamiento entre Francia y Alemania promete traer cola y alargar las negociaciones.
Bajo este contexto, la Presidencia Española de la Unión Europea ha pedido al resto de miembros que faciliten las conversaciones para cerrar la reforma cediendo en algunas de sus solicitudes. Desde España instan a intentar lograr un acuerdo lo antes posible con el objetivo de que la reforma esté acordada antes del final del verano y se pueda aplicar durante este año. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, enviará a sus socios un nuevo borrador. Según la propia Ribera, se basa en las distintas opiniones de sus homólogos europeos y en los principios del buen funcionamiento del mercado y la igualdad de condiciones para garantizar el proceso de descarbonización.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios