El pasado 17 de octubre los Veintisiete daban luz verde a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desbloqueando su segunda fase, lo que permite a España optar a cerca de 83.200 millones de euros de préstamos en condiciones ventajosas -de los que un primer pago de 16.000 millones se solicitará antes de que concluya el año-, 7.700 millones en transferencias adicionales y 2.600 millones del mecanismo REPowerEU, diseñado para acelerar la transición energética. Además, la aprobación de la adenda abría también la puerta a que el Gobierno en funciones solicitase el cuarto desembolso de las ayudas directas por valor de 10.000 millones.
El Ejecutivo en funciones ha venido incidiendo los últimos días en que trabajaba para hacer esa petición a Bruselas de forma inminente y el camino se ha despejado para ello después de que los socialistas hayan sellado los acuerdos ERC, Junts, PNV y Coalición Canaria que les permiten recabar el apoyo de 179 diputados de los 176 que necesitaban para que Pedro Sánchez sea investido Presidente, con toda probabilidad, a lo largo de la próxima semana.
"No tenemos ninguna actualización que compartir sobre el desembolso del cuarto pago. Depende de las autoridades españolas presentar la solicitud para el cuarto pago", apunta un portavoz de la Comisión Europea a este diario. En teoría ese pago debería haberse solicitado previamente, pero el hecho de que el pasado 29 de mayo Sánchez anunciase por sorpresa la convocatoria de elecciones generales en julio y la consiguiente disolución de las Cortes dejó en el limbo dos de las leyes del plan que iban asociadas a ese cuarto reintegro de las ayudas.
Para no incumplir sus compromisos con las autoridades comunitarias, el Gobierno incluyó tanto la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero como la ley de Función Pública -esas dos leyes pendientes- en la adenda. Sin embargo, el Ejecutivo todavía tiene pendiente otro trámite más, la publicación de la lista con los cien mayores beneficiarios de los fondos Next Generetion EU.
La lista de los cien mayores beneficiarios de los fondos europeos
El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF, por sus siglas en inglés), cuya modificación se acordó por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de diciembre de 2022, no indica un plazo específico para que los Estados miembros actualicen los datos sobre los 100 principales destinatarios finales, pero sí introduce la obligación de que estos actualicen los datos dos veces al año a partir de la entrada en vigor del Reglamento en marzo de 2023.
La Comisión ha sugerido alinear el calendario de las actualizaciones con los informes semestrales existentes de abril y octubre, a partir de abril de 2023, de modo que muchos Estados miembros están actualizando sus listas en consecuencia, apuntan la misma fuente de la Comisión Europea consultada por 'La Información'. "Hemos recordado en varias ocasiones a los Estados miembros su obligación legal de publicar y actualizar estos datos e instamos a los que aún no lo hayan publicado a que lo hagan lo antes posible", añade, a la vez que precisa que "la Comisión mantiene un estrecho contacto con todos los Estados miembros a este respecto".
Organismos nacionales e internacionales han dado buena idea de hasta qué punto los fondos europeos -y las reformas que a ellos van asociadas- están siendo claves a la hora de permitir a la economía española resistir el impacto de los choques que se han producido y de la consiguiente incertidumbre a nivel global, como ha recordado en no pocas ocasiones la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño. Desde los efectos de la crisis energética e inflacionaria, a los de la guerra en Ucrania, la subida de los tipos de interés, la desaceleración de la economía china o el enfriamiento de la Eurozona, principal socio comercial para España y cuya economía se habría contraído un 0,1% en el tercer trimestre, su primer retroceso desde la pandemia, según el avance publicado la pasada semana por Eurostat.
Sin choques externos el PIB podría crecer un 2,5% por los fondos
En su informe mensual de diciembre, CaixaBank Research apunta a que el ritmo de crecimiento del PIB nacional se desacelerará hasta el 1,4% en 2024, debido precisamente al menor dinamismo de nuestros principales socios comerciales y al reciente repunte del precio del petróleo, si bien con un perfil de menos a más a lo largo del año, "a medida que vayan mejorando el entorno exterior y la confianza de los agentes así como la ejecución de los fondos NGEU". En el servicio de estudios de la entidad calculan que, en ausencia de perturbaciones externas, España podría haber crecido cerca del 2,5% el próximo ejercicio gracias, en parte, al apoyo de los fondos europeos.
Que estas inyecciones logren desplegar todos sus efectos sobre la actividad dependerá también de cómo evolucione el problema de las vacantes en el mercado de trabajo. El Banco de España ha apuntado que la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores podría reducir alrededor 25% el impacto estimado de los fondos Next Generation en la economía. En concreto y si la ejecución completa de los proyectos vinculados al Plan de Recuperación tendría un efecto directo sobre el PIB del 1,15% de media en cada ejercicio durante los próximos cinco años, ese impacto podría elevarse hasta el 1,75% por el efecto arrastre entre los distintos sectores económicos.
Sin embargo, para que ese escenario se produzca debiera existir plena disponibilidad y movilidad de recursos entre dichos sectores. El organismo que capitanea Pablo Hernández de Cos ha hecho una simulación donde relaciona los sectores que más dinero recibirán de las ayudas europeas con las dificultades que tienen para encontrar mano de obra. Según sus cálculos, para el conjunto de sectores económicos, el problema de las vacantes puede traducirse en una pérdida de cuatro décimas de Valor Añadido Bruto total.
