El laberinto burocrático se ha convertido en un dolor de cabeza para las compañías operadoras de puntos de recarga de vehículos eléctricos que comprometen importantes inversiones en la instalación de la red y se encuentran con trámites complejos y en ocasiones muy largos que retrasan su puesta en marcha. Fuentes del entorno de las distribuidoras detallan que a pesar de que el plazo de instalación está muy agilizado, el retraso en los permisos que los ayuntamientos deben conceder a las empresas para conectar los puntos a la red puede prorrogar su puesta en servicio en algunos casos desde diez meses hasta dos años si hablamos de puntos con más potencia.
Las operadoras consultadas coinciden en la importancia de clarificar las reglas para la aprobación de puntos de recarga en zonas de afección de carreteras y aplicar el Real Decreto 5/2023 que elimina el trámite de obtener permisos previos de Industria en la mayoría de los casos, además de acortar el proceso de autorización para su activación. También concuerdan a la hora de presentar una declaración responsable para todas las licencias que sean necesarias, que ahorraría meses de tramitaciones tanto para la empresa que instala los puntos, como para las que deben conectarlos a las redes.
"Se necesita mayor agilidad porque hablamos de plazos inviables para conseguir el despliegue de infraestructura de recarga que todos queremos en el plazo que todos queremos y que el país necesita", esgrimen desde Endesa. Otras como Acciona, abogan por regular la infraestructura como lo hacen otras actuaciones privadas y de negocio sobre la vía pública, así como acortar los plazos que no permiten poner en funcionamiento los equipos ya instalados.
El último ejercicio ha escenificado la apuesta de la industria española por apuntalar su red de infraestructura de recarga para acompasar la transición al coche eléctrico. Los datos publicados esta semana por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ponen en relieve que la red aumentó durante 2023 en más de 11.000 puntos hasta rozar los 30.000 cargadores de acceso público. También, que hay identificados 7.728 puntos que se encuentran fuera de servicio bien por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica y suponen un 21% de la infraestructura total.
Según esta entidad, el desarrollo de la infraestructura de recarga sitúa a España en el vagón de cola de Europa, donde ocupa la antepenúltima posición del ranking. De ahí, la necesidad de agilizar la puesta en servicio de los cargadores para impulsar la electrificación y acercarse a los 45.000 puntos fijados como objetivo para alcanzar las metas marcadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este contexto, fuentes del sector alegan que si los fabricantes no aceleran las ventas de coches eléctricos y las operadoras no disponen de puntos de recarga operativos, el mercado entra en un círculo vicioso que acaba perjudicando la experiencia del usuario que quiera dar el salto a la nueva movilidad.
Desde la patronal de fabricantes de vehículos explican a La Información que al tratarse de un barómetro trimestral, los datos pueden variar mucho en función del momento en el que se extraigan, y por tanto no todos los puntos inoperativos están sin estrenar, también hay otros que se encuentran en mantenimiento o se ven afectados por factores externos como el vandalismo. No obstante, la asociación también sitúa el germen del problema de la infraestructura desconectada en la burocracia y aboga por agilizar los trámites administrativos y las subvenciones para la instalación con el fin de acelerar el despliegue de la red.
Los fabricantes cuestionan que los procedimientos difieren según la regulación de cada comunidad autónoma y urgen la necesidad de unificar un pliego para la instalación de puntos de recarga en todos los ayuntamientos y autonomías. Además, señalan que ya han trasladado al Ministerio de Transportes una propuesta para actualizar el mapa de electrolineras con una serie de mejoras para facilitar a los conductores la potencia de la que dispone cada punto, así como su precio y disponibilidad, como el que poseen las gasolineras.
Déficit en la recarga de vehículos pesados
La dimensión del problema es mayor para los vehículos pesados ya que, según la patronal, España carece de una red de puntos de carga de acceso público dedicados específicamente a estos medios de transporte, ni en términos de potencia ni en accesibilidad. En la misma línea se pronunció la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) en una consulta pública propuesta por la CNMC para conocer la opinión del sector. Un espacio, que aprovechó para instar a la Administración a disponer de un marco regulatorio más favorable para los operadores de transporte que permita eliminar las barreras en materia de infraestructuras que "coartan" la utilización de un mayor número de vehículos limpios en sus flotas por las condiciones de acceso a la energía.
