Sam Altman, que fue expulsado el pasado mes de noviembre de la junta directiva de OpenAI, volverá a formar parte del órgano de gobernanza de la compañía creadora de la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT. Poco después de su despido en 2023, Altman había logrado recuperar su puesto como consejero delegado en la firma, pero no había sido readmitido en la junta.
En el comunicado que anuncia el regreso de Altman también se detallan otras nuevas incorporaciones a la junta, que incluyen a Sue Desmond-Hellmann, ex consejera delegada de la Fundación Bill y Melinda Gates. Nicole Seligman, exdirectiva de Sony Entertainment;y Fidji Simo, consejero delegado de Instacart, también ocuparan asientos como directivos de OpenAI.
La tecnológica alego la pérdida de "confianza" de la junta directiva hacia Altman para explicar su despido en noviembre. Este episodio marcó el comienzo de una etapa convulsa tanto para el directivo como la compañía, que tuvo que lidiar con amenazas de dimisión por parte de los trabajadores y las quejas de varios accionistas.
Worldcoin, el otro proyecto de Altman
La empresa Worldcoin, el proyecto de criptomonedas Worldcoin está impulsado por Sam Altman también ha anunciado este viernes que va a iniciar acciones legales contra la orden de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que le obliga a cesar de forma inmediata en España el escaneo de iris y a bloquear cualquier tipo de tratamiento de los datos que haya recopilado hasta ahora. Durante los últimos meses, la empresa ha escaneado el iris de miles de personas a cambio de una compensación económica -criptomonedas- que los usuarios pueden monetizar.
La empresa tecnológica Tools For Humanity (TFH), con sede en Erlangen (Alemania) y que trabaja para el proyecto de criptomonedas Worldcoin, ha anunciado este vienes que emprende esas acciones legales contra esa decisión, han confirmado a EFE fuentes de la compañía, que han reiterado sus argumentos a favor de la legalidad del proyecto y de las actividades de esta empresa.
La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido, por primera vez en sus treinta años de historia, adoptar una medida de estas características y suspender de forma cautelar -durante tres meses- la actividad de esta empresa en España, a la que ha prohibido además seguir escaneando el iris de miles de personas (unos 400.000 en España) y recopilando datos personales de esa manera.
