El Gobierno está inmerso en una ofensiva legal para defender los intereses de España en los arbitrajes internacionales que se resuelven en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los recortes a las renovables. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, acumula casi una quincena de contratos en lo que va de año entre despachos de abogados, asesores legales y expertos.
Según datos de la plataforma de contratación del sector público recabados por La Información, las adjudicaciones suman un importe total de 4,8 millones de euros. La más reciente, con fecha del 8 de mayo, es de 363.000 euros (con impuestos) y se la ha llevado el bufete MLL Legal. En concreto, el Ejecutivo ha contratado sus servicios para la defensa del Reino de España en el procedimiento de anulación del laudo EDF Energies Nouvelles ante los tribunales de Suiza.
Por su parte, el de mayor cuantía lo firmó el 20 de abril con el despacho Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, con sede en Estados Unidos, para el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo con la británica InfraRed, que el 10 de junio del año pasado recibió una decisión favorable en un procedimiento de anulación presentado por España. El valor del contrato es de 1,7 millones de euros.
Confianza en Simmons & Simmons
Fue a el 2 de agosto de 2019 cuando se dictó laudo que condenaba a España a indemnizar a InfraRed junto a un grupo de inversores británicos en energías renovables con 28,2 millones de euros (la demanda de la compañía ascendía a 92 millones de euros). Los demandantes invocaron el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía, como consecuencia del daño a su inversión de las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno español entre 2010 y 2014. España solicitó su anulación, pero el Ciadi, organismo que pertenece al Banco Mundial, rechazó los argumentos de la Abogacía del Estado.
De su lado, la firma internacional Simmons & Simmons ha sido contratada para los procedimientos arbitrales con PV Investors, por 142.780 euros; para que dé asistencia jurídica especializada a la Abogacía General del Estado en el procedimiento de Orden Interina de Deuda de Terceros con ocasión del procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo Antin Infraestructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar, por 706.640 euros; y para el estudio, preparación y presentación de escritos de oposición a las solicitudes de reconocimiento y ejecución del laudo dictado en el procedimiento arbitral Operafund Eco-Invest Sicav y Schwab Holding, por 623.150 euros. En total, solo este despacho ha sido adjudicatario de 1,47 millones de euros.
El Estado perdió el primero de los arbitrajes en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. En total invirtió 935 millones de euros en tres plantas en 2007, año en el que se aprobó el Real Decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despliegue de las energías 'verdes'. No obstante, el sector fue sometido recortes retributivos posteriormente.
El primero de ellos se produjo a finales de 2010, con el PSOE, y luego en 2013 con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Partido Popular. Para este caso concreto, el IDAE ha contratado los servicios de BDO Auditores por 137.940 euros, en calidad de experto económico financiero, y de la Universidad de Zaragoza por 42.350 euros. También destaca la contratación del experto en derecho internacional público Steffen Hindelang, por 36.239 euros.
Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz (292.820 euros), K&L Gates (169.531 euros), Pinheiro Neto Advogados (121.000 euros), SZA Schilling, Zutt & Anschütz (193.600 euros) y Hannes Snellman (276.704 euros con dos contratos) son otros de los bufetes elegidos. El Ciadi continúa emitiendo pronunciamientos favorables a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El último que se ha conocido es el que afecta a la alemana BayWa, que deberá recibir una indemnización de 22 millones de euros. El Gobierno también deberá afrontar el pago de 480.000 euros por intereses de demora (cifra que aumentará si no se produce en el corto plazo) y de 370.000 euros por la condena en costas.
Con esta condena ya son 22 los procedimientos sobre los que no cabe recurso, lo que hace una deuda total de 1.208 millones de euros (más 250 millones de costes legales y financieros). Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país cerca de 10.000 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.
Con el Real Decreto 661/2007 se establecía un sistema que garantizaba a los inversores de energías renovables el cobro de una retribución durante toda la vida útil de la planta, ya fuera eólica, termosolar o fotovoltaica. Es lo que se conoce como las primas a las renovables, unas ayudas con cargo a la factura de la luz que garantizaban la rentabilidad de este tipo de energías. Con la promesa de elevadísimas tasas de rentabilidad, inversores nacionales y extranjeros con intereses en el sector acudieron a la llamada.
En este sentido, y gracias a la financiación de grandes bancos se produjo un ‘boom’ de la fotovoltaica en pocos meses. No obstante, en 2010, el Ejecutivo comenzó a aplicar los primeros recortes. El déficit del sector eléctrico le llevó a reducir las ventajas que presentaban las energías 'limpias' con el fin de recaudar más y compensar las pérdidas. En 2013 llegó otro golpe: se incluyó un impuesto a la generación de electricidad y el anuncio de la no retribución de todas las nuevas instalaciones de energía renovables posteriores a 2012. La reforma del sector eléctrico llevó a recortar en un 40% las primas que sí seguían vigentes. Los inversores extranjeros podían acogerse para efectuar sus demandas al marco de la Carta de la Energía, un tratado creado para garantizar las inversiones internacionales en el sector y del que España ha confirmado su salida.
El IDAE queda fuera
Desde el 28 de abril, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), todo lo relacionado con la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisos para la defensa de los intereses del país en los arbitrajes de las renovables está en manos de la Abogacía del Estado. Fuentes del IDAE explican a este medio que los días de desfase respecto a la publicación del último contrato cerrado en mayo se deben a motivos técnicos a la hora de cargar la documentación en la plataforma de contratación pública.
En el último 'megadecreto' con medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania, que se aprobó en diciembre, el Ejecutivo introdujo un artículo que dejaba fuera de los procedimientos al IDAE ante un problema "serio" de falta de personal. Fuentes del sector recalcan que no tenía ningún sentido que el organismo, cuyo principal objetivo es fomentar el despliegue de las energías 'verdes', consumiera recursos en temas de litigiosidad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios